La segunda ola del coronavirus está a plena, y llevando la situación sanitaria a un límite nunca visto. Ya orillamos los 30.000 casos diarios, récord absoluto desde que comenzó la pandemia. En el AMBA la situación es catastrófica, con las terapias intensivas cercanas al 100%. Los números y la velocidad de los contagios, el aumento de las muertes, están colocando a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano en el tope mundial entre las regiones con mayor crecimiento de la pandemia en el mundo.

Frente a esta dramática realidad, aparece la pregunta obvia: ¿qué hace el gobierno del Frente de Todos? Le dedica horas a reuniones para decidir si se postergan o no las fechas de las PASO. Y está dedicado a las negociaciones del ministro Guzmán con el FMI y los países acreedores. Mientras tanto, las medidas tomadas para restringir la circulación, e incluso algunas nuevas que se anunciarían este viernes, no tocan lo esencial: todo sigue abierto para que las patronales sigan ganando. Por eso, millones día a día arriesgan sus vidas en medios de transporte a tope porque tienen que ir a trabajar; y las calles están llenas de personas a los que no les queda otra alternativa que salir a ganarse el peso vendiendo algo, o haciendo changas. En forma increíble, tanto el presidente Alberto Fernández como la ministra de Salud Carla Vizzotti insisten en echarle la culpa a la gente, a la que acusan de “irresponsable” o de “organizar reuniones”, cuando la inmensa mayoría de los que se amontonan lo hacen en los transportes públicos, en los propios lugares de trabajo o en las escuelas, donde muchas veces no se cumplen las más mínimas medidas sanitarias.

La otra gran responsabilidad del gobierno nacional es con respecto a las vacunas. Estamos a las puertas de que llegue el frío y ni siquiera se terminó de vacunar al personal esencial de la salud. Hay millones de personas de riesgo que siguen esperando a que se les de un turno. En provincias enteras falta vacunar a la mayoría del personal docente. Y, lo peor, es que a este ritmo en pocos días directamente se acaban las vacunas. El gobierno es el gran responsable. Porque nos dice que el problema es la crisis mundial de la falta de vacunas, que existe sin duda, pero en nuestro país es una media verdad. Porque en Garín, Hugo Sigman, propietario de la planta mAbxience, está produciendo millones de dosis. Pero que no se destinan a nuestro país, sino que, como son propiedad de AstraZeneca, se dirigen a los Estados Unidos, mientras nosotros seguimos esperando. Y el Frente de Todos, con el argumento de que no se puede hacer nada porque cualquier intervención sería “violar la propiedad privada”, deja que se vayan y así condena a miles al contagio.

La oposición de Juntos por el Cambio no se queda atrás en su absoluta irresponsabilidad ante la segunda ola. Es tan o más aperturista que el gobierno nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, donde los indicadores de crisis sanitaria están al rojo, Rodríguez Larreta lo minimiza y no está dispuesto a dar un solo paso que implique que los empresarios dejen de ganar siquiera una moneda. Es el gran campeón del “todo abierto”, incluyendo escuelas, shoppings, espectáculos y otros lugares de contagio.

El pueblo trabajador, obviamente asustado por el aumento de casos y más que preocupado por lo imposible de seguir tolerando la situación económica, debate que hacer en barrios, fábricas, escuelas y oficinas. Los docentes de la ciudad de Buenos Aires, encabezados por Ademys, pero arrastrando también al oficialista UTE, salen al paro contra la presencialidad en las escuelas, a todas luces ya insostenible. En provincia de Buenos Aires, también habrá huelga motorizada por los Suteba multicolores. En Neuquén los trabajadores autoconvocados de la salud están llevando adelante una lucha heroica por sus salarios, que tiene en vilo a la provincia, con acciones en todos los pueblos y ciudades y con cortes de rutas en los puntos estratégicos.

La situación sanitaria y sus consecuencias sociales van camino a empeorar en los próximos días. Hace falta un auténtico plan de emergencia. Necesitamos que se pueda vacunar a todo el mundo ya mismo, empezando por el personal esencial y las personas de riesgo. Para hacerlo la única salida es incautar las dosis de Garín, intervenir la fábrica y producir los millones de vacunas que hacen falta. Esto coincide con el reclamo mundial de que se suspendan las patentes de las transnacionales farmacéuticas que monopolizan las vacunas y demás medicamentos necesarios para atender la pandemia. Por eso, este miércoles 14, Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad harán un acto exigiendo dicha suspensión, en el mismo momento en el que el tema se estará tratando en la Organización Mundial de Comercio. A la vez, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) realizará actos similares en otros países.

Pero, además de las vacunas, la segunda ola exige destinar prioritariamente los recursos a atender la situación sanitaria. Hay que nombrar más personal sanitario y más insumos e infraestructura. Y también aumentar los salarios del sector, hoy por debajo del límite de pobreza.

También se necesitan fondos para atender la pandemia social, dándole una respuesta a los millones de nuevos desocupados y pobres. Alberto Fernández, vergonzosamente, dijo que “no hace falta un nuevo IFE”. ¡Por supuesto que sí! Debe haber un salario social de 59.000 pesos para todo el que lo necesite, además de ayuda para los pequeños comerciantes, e incremento de las partidas de comedores, tarjeta Alimentar y planes sociales.

Para poder llevar adelante este programa de emergencia hay una única alternativa, la que propone Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, e implementar un auténtico impuesto a las grandes riquezas. Única forma de tener todo el dinero necesario para así atender las más urgentes necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente sigue haciendo gala de su doble discurso. Habló en cadena durante diez minutos el pasado miércoles 7 de abril y, a pesar de disponer medidas completamente insuficientes para enfrentar la segunda ola, dijo que eran eficientes para “cuidar la salud y recuperar la economía”. Ni una cosa ni la otra. Las pruebas están a la vista.

Arranquemos por lo primero. Cuando el presidente dijo “me preocupa el relajamiento social”, le está echando la culpa a los trabajadores y al pueblo de los contagios. Lo mismo dijo la ministra Vizzotti cuando señaló que el personal de los hospitales se contagia al cambiarse la ropa de trabajo o al tomar mate. Pero fue la política del gobierno, avalada por Juntos por el Cambio, la responsable de los mayores contagios al abrir todas las actividades industriales y comerciales para resguardar las ganancias de los grandes empresarios. Luego el gobierno dispuso las clases presenciales a cualquier costo, coincidiendo con Larreta y Patricia Bullrich, empujando a casi 15 millones de personas entre estudiantes, docentes y padres a circular. Esto provocó que en el transporte público se viaje como ganado.

Segundo, médicos, epidemiólogos y especialistas hablan de “colapso sanitario” y que lo peor ya está ocurriendo. La Argentina se encuentra entre los quince países con más contagios y muertes acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria global. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reconoció que en el AMBA las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 93 por ciento. “Estamos cerca del 100%”, señaló Rosa Reina, presidenta de esa institución. Saturación o al borde de estarlo. “Esto es explosivo y los contagios afectan ahora a los menores de 40”, señalan los profesionales. Intendentes de Ensenada y Berazategui piden el cierre de las escuelas. Lo mismo el especialista Rachid, asesor de Kicillof. Pero el gobierno nacional apela a medidas cosméticas. No hay testeos suficientes ni seguimiento para aislar los casos. En cada lugar de trabajo hay que pelear para que se cumplan los protocolos. Tampoco apeló a centralizar el sistema de salud para enfrentar en mejores condiciones a la pandemia cuando esa medida ya la han tomado otros países hace meses, como el gobierno conservador de Irlanda.

Por otra parte, desmentimos que el gobierno diga “estamos en plena vacunación”. La vacuna solo aparece a cuentagotas. Solo se ha vacunado a 1,6% de la población con las dos dosis. El gobierno dice que hay un 10% inmunizado con una dosis, pero aun así cualquiera se puede contagiar igual, como le ocurrió al propio presidente con las dos dosis.

Lo cierto es que todavía no ha sido vacunado el 100% del personal de salud con la primera dosis y solo se vacunó a un tercio de los mayores.

¿Y las vacunas de Garín?

Hemos interpelado desde nuestra bancada a la ministra Vizzotti en el Congreso haciéndole una sencilla pregunta. ¿El gobierno va a hacer algo para impedir que se sigan yendo de nuestro país 24 millones de dosis que se producen por mes en Garín de la vacuna AstraZeneca? La ministra contestó que no y otras evasivas. Ahora siguen las voces oficiales diciendo que no se puede hacer nada.

Sonia Tarragona es la actual jefa de gabinete de Salud y ex titular de la Fundación Mundo Sano, de la esposa de Hugo Sigman, el millonario empresario del laboratorio mAbxience de Garín donde se producen las vacunas. En un extenso reportaje, Tarragona dijo sobre los países que vacunan primero a los suyos y después distribuyen algunas dosis por el mundo: “Pienso que nosotros, si tuviéramos la posibilidad, haríamos lo mismo. Antes de sacarlas afuera atenderíamos a nuestra población”. Agregó también que si se liberaran las patentes “Brasil y Argentina podrían” producirlas (Página/12, 12/4). La pregunta sería ¿qué dice la funcionaria sobre producirlas acá entonces? Lo mismo que Vizzotti. Que llevaría mucho tiempo y un largo blablá. Leamos sus dichos: “Todo eso no es automático, por eso me llama la atención cuando se hace este planteo de expropiar mAbxience para quedarnos con las vacunas. Es de una simpleza que me preocupa, no se le puede dar curso a una idea semejante”, dice Tarragona.

Esta funcionaria de Alberto Fernández desecha esta idea por la suya, que es la de seguir produciendo vacunas para una multinacional sin siquiera destinar una sola dosis en el país. Es decir, ser cómplice del negocio privado, que encima se incumplió. Porque el gobierno compró 22 millones de esas dosis y ya pagó el 60% de (60 millones de dólares)… ¡y la vacuna no aparece! ¿Esta es la brillante idea del gobierno? De esta manera no solo le está dando la espalda a la izquierda cuando planteamos que se declare de utilidad pública al laboratorio e incautar las dosis, envasarlas acá y vacunar a todos los necesitados, sino a centenares de profesionales de la salud que opinan lo mismo.

El gobierno, a pesar de adherir al pedido de noventa y nueve países encabezados por India y Sudáfrica que reclama a la Organización Mundial de Comercio liberar las patentes en la pandemia para posibilitar la producción de millones de vacunas en el mundo por parte de cientos de laboratorios que están impedidos de hacerlo porque rigen las patentes, no solo que no hace nada sino que deja que millones de dosis se vayan del país.

Para finalizar, tampoco el presidente tomó medida social alguna. Es más, hasta sacó el IFE. Por eso tenemos que seguir luchando por verdaderas medidas de emergencia para combatir la pandemia del coronavirus y la pobreza. Que se incauten las vacunas de Garín debe ser el primer grito en esta pelea, además de que se aumenten los salarios y las jubilaciones, que se otorgue un seguro de desempleo, que se asista a los pequeños talleres, comercios y kioscos. Para eso hay que suspender los pagos de la deuda e imponer un fuerte impuesto a las ganancias de bancos, multinacionales y grandes empresarios. Esta es nuestra lucha.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

La vacuna de Oxford se fabrica en nuestro país en virtud de un acuerdo tripartito entre la multinacional AstraZeneca, que posee la patente, y los empresarios Carlos Slim y Hugo Sigman.

¿Qué es AstraZeneca?

Esta compañía es la unión de dos grandes multinacionales, una británica y la otra sueca que se asociaron con la Universidad de Oxford, inventora de la vacuna. Antes de entrar en la fase III de prueba en poblaciones, la multinacional ya había firmado acuerdos de producción con sociedades mixtas público-privadas para vender a los gobiernos 3.000 millones de dosis, localizadas en Europa, Estados Unidos, India, Corea del Sur, Brasil, México y Argentina. Solo la Unión Europea había firmado un contrato por 400 millones de dosis destinadas a Alemania, Francia, Italia y Holanda. Parte de esa política global de la multinacional es el acuerdo firmado con Carlos Slim y el Grupo Insud, de Sigman.

¿Quiénes son Sigman y Slim?

La revista Forbes le adjudica una fortuna de 2.000 millones de dólares a Hugo Sigman, un multimillonario que proclama su adhesión al peronismo kirchnerista. Su entusiasmo por el matrimonio Kirchner se justifica. En 2009, en plena pandemia de gripe A, el mismo Sigman logró que el gobierno de Cristina Kirchner y su ministro de Salud, Juan Manzur, financiara una planta industrial en Garín para que la sociedad entre la multinacional Novartis y su Grupo Insud produjeran la vacuna antigripal A. El Estado también se comprometió a comprarle hasta la actualidad 10 millones de dosis por año de la vacuna, incluida desde entonces en el calendario oficial. El acuerdo establecía que, pasados tres años, Sinergium Biotech, otra empresa del grupo, se quedaría con la planta, la tecnología y el mercado.

El mexicano Carlos Slim hizo el trato inicial con AstraZeneca y se supone que financiará buena parte del desarrollo de la vacuna en la región. Forbes calcula su fortuna en 66.000 millones de dólares y entre sus propiedades figura 17% del New York Times. Una de sus empresas, el laboratorio Liomont, es el encargado de completar en México el proceso de fraccionamiento y distribución del principio activo procesado en Garín. Aduciendo ahora la falta de insumos, en esta empresa se encuentra el eslabón roto de la cadena de producción de la vacuna Oxford latinoamericana.

La búsqueda incesante de la ganancia de los empresarios ha llevado a esta tremenda contradicción, la Argentina produce el principio activo y tiene la capacidad industrial para fabricar los insumos necesarios, pero no puede completar la elaboración en virtud de los acuerdos comerciales -por otra parte secretos- que obligan al irracional traslado a México.  Para poner fin a esto planteamos que el gobierno peronista debe intervenir para completar el proceso en el país y ponerlo rápidamente a disposición no solo de la Argentina sino del resto de América latina.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En una reunión convocada por la Confederación Sindical Internacional, de la que participaron organizaciones sindicales de todo el mundo, incluyendo la CGT y las dos CTA argentinas, se pidió la “suspensión de las patentes sobre las vacunas contra Covid-19, a través de los mecanismos previstos en las legislaciones nacionales o dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Por nuestro país firmaron la CTA y la CTA Autónoma, la Asociación de Empleados de Farmacia, la CGT de la República Argentina, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, más el Movimiento Centroamericano 2 de Marzo y distintas organizaciones de Alemania, Austria, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Italia, Marruecos, Mauritania, Namibia, Nigeria, Panamá, Perú, República Dominicana, Senegal, Sudáfrica, Turquía y Venezuela.

Nos parece bien que se haya producido este pronunciamiento que va en el mismo sentido que los reclamos que se están haciendo sentir en todo el mundo. Pero el problema de las declaraciones es que son solo eso, declaraciones. Ningún gobierno, repleto de funcionarios obedientes a las multinacionales, va a enfrentarlas por más declaraciones que hagan los sindicatos y organizaciones por más justas que sean. Es necesario traducirlas en acciones que cambien la relación de fuerzas con estos gobiernos sumisos a los monopolios. En nuestro país la CGT y las dos CTA, además de denunciar la acción de las multinacionales, deben convocar a los trabajadores y a sectores populares a movilizarse para exigir al gobierno del Frente de Todos que suspenda las patentes y se ponga a fabricar vacunas para todas y todos.

Escribe Adolfo Santos

En medio de una escalada de contagios y muertes por el coronavirus producida por una segunda ola especialmente agresiva, la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió un bochornoso comunicado. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes, salieron a cruzar las nuevas medidas decretadas por el gobierno. “Estamos convencidos de que debemos defender la mayor normalidad posible, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales”, dicen en el comunicado.

Hablar de normalidad cuando la situación se ha vuelto crítica es propio de dirigentes políticos patronales alejados del sufrimiento que esta tragedia está causando. Es claro que las políticas del gobierno de Alberto Fernández no han ayudado a resolver la crisis epidemiológica, por un lado por la falta de vacunas, pero también porque ha seguido con la apertura de la economía sin que se respeten las medidas de protección que ahora estamos lamentando con la segunda ola. Por eso las propuestas de Cambiemos no son una solución, ni tampoco tienen autoridad para proponerse como alternativa. Ellos son parte del problema. Son los que durante el gobierno de Macri profundizaron la crisis en la salud pública dejando de invertir en infraestructura, en salarios y en contratación de personal y beneficiaron a los mercaderes de la salud privada y de las prepagas. No tienen ninguna autoridad para hablar.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio rechazan las medidas del gobierno, aunque en el fondo tienen un objetivo común, que esta crisis la pague el pueblo pobre y trabajador. “Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”, agrega el comunicado de esta oposición patronal. ¿Qué nos proponen? En nombre de las “libertades fundamentales” que ellos tantas veces han violado, quieren que se abra todo, las escuelas, las fábricas, el comercio, el transporte, con “la mayor normalidad posible” sin que se respeten los protocolos. Una irresponsabilidad.

Abrir todo es activar una bomba de tiempo. Es generar nuevos focos de contagio. Es lo contrario de lo que recomiendan los epidemiólogos. Las medidas de Cambiemos nos llevarían rápidamente a la situación de Brasil, donde la “apertura de la economía”, para satisfacer las demandas de los grandes empresarios, ha modificado los grupos de riesgo. Según el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), actualmente, la mayor letalidad y contagio no es de los adultos mayores, sino de los sectores negros, menores de 60 años y concentrados en la limpieza urbana y en el transporte de pasajeros. Son los trabajadores más humildes que están en contacto con las aglomeraciones. A eso nos llevarían las propuestas del macrismo.

A diferencia de Juntos por el Cambio, desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad nos oponemos a la apertura indiscriminada de la economía. Exigimos mayores medidas de seguridad para proteger a la población trabajadora y los sectores populares y la vacunación urgente de todas y todos. Demandamos que se vuelva a implementar un IFE acorde al costo de la canasta familiar y que se distribuyan alimentos suficientes para los comedores populares y para las familias que lo demanden para evitar el sufrimiento de los sectores más vulnerables. Denunciamos las concesiones hechas a los grandes empresarios que, en complicidad con la burocracia sindical, se aprovecharon de la pandemia para retirar derechos, suspender y despedir trabajadores y no implementar las condiciones para evitar los contagios. Uno de los casos más emblemáticos es el del transporte público. Mientras el gobierno prohíbe las reuniones familiares, los trabajadores viajan hacinados para no perder el empleo o para buscar una changa que les permita subsistir. Como graficó la dirigente ferroviaria del Sarmiento y diputada nacional Mónica Schlotthauer: “Cada vagón del tren es comparable a una fiesta clandestina”.