Escribe Guido Poletti

El gobierno convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este martes 17 de noviembre a fin de tratar su proyecto de “impuesto a la riqueza”. Una iniciativa presentada siete meses después de haber sido anunciada, completamente insuficiente y a la que hasta le cambiaron el nombre por el de “aporte extraordinario por única vez” que ayudará, según dicen, “a morigerar los efectos de la pandemia”. Pero sus propios voceros dicen que “no le hace mal a nadie” y que “los ricos no van a dejar de serlo” por ello. Sin embargo, hacen campaña de que con esto se van a combatir los males sociales, tratando de confundir a los trabajadores mientras, como contraparte, el gobierno acaba de sacar el IFE y prepara un robo jubilatorio más.

¿De verdad es un proyecto para tocar a los de arriba? Lo que proyecta recaudar, ¿va a alcanzar para “combatir la pandemia”? ¿Esa plata va a ir centralmente a los hospitales o a aumentar los salarios y las jubilaciones? ¿Representará, aunque sea en parte, un alivio para el pueblo trabajador? Respondemos que no. Veamos.

El proyecto propone recaudar 300.000 millones de pesos, alrededor de 2.000 millones de dólares, un monto claramente insuficiente, menos de la mitad de lo que ya se pagó este año en concepto de deuda externa. Precisamente porque no grava las ganancias de los grandes empresarios, los bancos y las multinacionales, sino a una parte ínfima de “personas físicas”, dejando afuera a grandes empresarios, petroleras o aceiteras que tienen domicilio en el exterior, como Mercado Libre, de Galperin, que tiene valuada su empresa en 60.000 millones de dólares y quedará exenta, entre tantas otras.

A su vez, la mitad de lo recaudado va a ir a subsidiar a las empresas que bajo el nombre de pymes encubren en muchos casos a las grandes, y a los pulpos petroleros que nos roban el gas. Solo 20% va a ir a salud, lo cual es un verdadero saludo a la bandera.

Es un gran doble discurso que el gobierno quiera hacer creer que de esta forma va a atacar a los de arriba, cuando precisamente Alberto Fernández le viene reduciendo impuestos a las mineras, las petroleras y les bajó las retenciones a los exportadores y el agronegocio.

El Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto

El Frente de Izquierda Unidad presentó su proyecto en marzo de este año (que hace suyo Izquierda Socialista), el primero y único durante meses. 

¿Qué dice el proyecto del Frente de Izquierda Unidad? Propone recaudar 20.000 millones de dólares, diez veces más que el oficial, gravando progresivamente a las grandes empresas, bancos, multinacionales, especuladores inmobiliarios y terratenientes. Ese dinero permitiría dar respuesta, por ejemplo, a todas las demandas del personal de salud e invertir prioritariamente en los hospitales; otorgar 40.000 pesos de emergencia como salario social para quienes lo necesitan (o como seguro al desocupado) e implementar un plan de viviendas populares para reactivar la economía y dar trabajo genuino. Con esta recaudación y la suspensión inmediata de todos los pagos de la deuda externa, habría fondos suficientes para empezar a combatir de verdad la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre y la pobreza. 

Por todo esto, el Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto en la sesión del martes. Y denunció al proyecto oficial por insuficiente y como parte del doble discurso del gobierno, absteniéndose de votarlo, con el compromiso de seguir luchando por una salida de fondo mediante otro plan económico, obrero y popular, opuesto a lo que hace el gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Desde cuentas de redes sociales vinculadas al Frente de Todos, se ha lanzado una furiosa campaña sosteniendo que el FIT Unidad “le hace el juego a la derecha” por no votar el proyecto del Frente de Todos. Ya explicamos más arriba las mentiras y limitaciones del mismo. Pero también debemos insistir en la maniobra mediática. Porque con esta sesión el gobierno de Fernández quiere “compensar” en parte el malhumor creciente por el ajuste que está aplicando con la complicidad de la CGT y las CTA, o la terrible represión en Guernica. El mismo Frente de Todos que no tuvo vergüenza en votar conjuntamente con Juntos por el Cambio la negociación con los bonistas privados de la deuda, donde el FIT Unidad quedó solo oponiéndose, mientras todos aplaudían lo que terminó siendo un gran negocio para los pulpos acreedores. O, cuando en medio del agravamiento de la pandemia, en una sesión que se hizo en mayo, los diputados del FIT pidieron que se trate su proyecto de impuesto a las grandes riquezas, pero el peronismo, en acuerdo con Juntos por el Cambio, lo impidieron votando en contra. Por eso, no nos confundimos: el “juego a la derecha se lo hacen quienes negocian con el FMI, votan un presupuesto de ajuste, le roban otra vez a los jubilados o reprimen a los que no tienen donde vivir. Nosotros, desde el Frente de Izquierda Unidad, somos coherentes: votamos por un auténtico impuesto a las grandes riquezas, así como nos opusimos y seguimos oponiendo a ajustar al pueblo trabajador con el sometimiento al FMI.

Escribe Guido Poletti

El impuesto a la riqueza del Frente de Todos tiene sus multimillonarios exentos. La de aquellos que zafan por tener domicilio en el exterior, como Marcos Galperin, de Mercado Libre, la empresa cuya cotización más creció en la pandemia, pero cuyo dueño no pagará un peso por tener domicilio en el Uruguay. Idéntica situación tiene Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza, y Gustavo Grobocopatel, por citar los más importantes. 

También están todos aquellos que no pagarán por tratarse de empresas extranjeras. No importan que ganen millonadas en nuestro país: este impuesto no alcanza a las firmas como tales, solo a las personas. Así todos los dueños de los bancos privados (BBVA, Santander, City, HSBC, ICBC), que se la llevaron “en pala” con todos los gobiernos (según una conocida expresión de la actual vicepresidenta), los monopolios agroexportadores como ADM, Cargill o Dreyfuss; las transnacionales de la megaminería y tantas otras empresas que hacen superganancias en nuestro país, también estarán exentas. 

Y, por último, están aquellos empresarios que no sólo no pagan, sino que incluso recibirán parte de la recaudación del impuesto. El caso más escandaloso serán las multinacionales del gas y el petróleo, que se terminarán apropiando de una porción de lo que se junte, con la excusa de “promover a la producción energética”. Así, sin duda, no se “redistribuye la riqueza” ni se resuelven los problemas de la pandemia. 

Escribe José Castillo

Avanzan las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, los senadores del Frente de Todos mandan una carta en la que plantean que no se exijan condicionalidades y los periodistas defensores del gobierno hacen malabares para demostrar lo imposible, que “no existe ningún ajuste” (Alfredo Zaiat, Página/12, 16/11, o Eduardo Aliverti, Página/12, 17/11). Pero, más allá de estos fuegos artificiales para la tribuna, sigue a toda marcha el acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y los representantes del Fondo, instalados ya desde hace quince días en nuestro país. 

El ministro de Economía lo ratificó la semana pasada, se busca un “acuerdo de facilidades extendidas”. ¿Qué es esto? Correr los vencimientos de los 49.000 millones de dólares con el FMI hasta 2024 y luego pagarlos en cuotas semestrales hasta 2030. Más allá de que esto es solo “patear” la hipoteca para adelante, lo mismo que se hizo en el acuerdo con los usureros privados, lo que queremos discutir acá son las exigencias del propio Fondo. 

Lo primero es el ajuste. Sí, volvemos a repetir la palabra “prohibida” por el gobierno. Se va a bajar el déficit fiscal el año próximo en forma astronómica. Ya el presupuesto establece reducirlo a 4,5% del PBI, desde el 8% actual. Pero ahora el FMI presiona para que la baja sea aún mayor y el ministro Guzmán dijo que estaba “abierto a esa discusión” (El Cronista, 16/11). Es más, para dar señales en ese sentido, ya mismo se anunció que no se pagará la cuarta cuota del IFE. Para 2021 los datos son claros, no habrá un solo peso para la atención de las consecuencias de la pandemia. Se votará una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que no contempla la inflación, sino la “suba salarial” que, sabemos, este año estará muy por debajo del incremento del costo de vida. Y  a partir de enero próximo vuelven los aumentos de tarifas de la luz y el gas. Si esto no es ajuste, ¿cómo lo llamamos? ¿Acaso “redistribución de la riqueza”?

¿Qué son las “reformas estructurales”?

Los “acuerdos de facilidades extendidas” del FMI no solo exigen más ajuste. Agregan las “reformas estructurales” en materia fiscal, previsional y laboral. Traducido, más impuestos pagados por el pueblo trabajador y menos por los empresarios y los ricos; reducir al mínimo y, finalmente, hacer desaparecer las jubilaciones para reemplazarlas por un sistema privado, como las AFJP, y flexibilizar al extremo las condiciones de trabajo. 

Esto ya se hizo en la Argentina. Desde que nuestro país ingresó al FMI en 1956 lleva firmados veintiún acuerdos con el organismo. Todos, sin excepción, pusieron en marcha feroces planes de ajuste. Pero los dos peores fueron, justamente, los únicos acuerdos de “facilidades extendidas”. Ambos se realizaron durante el gobierno de Carlos Menem. El primero, en 1992, hizo que el IVA subiera, primero, de 13% a 18%, y luego al actual 21 por ciento. Redujo las contribuciones patronales y, lo más grave, privatizó las jubilaciones creando las nefastas AFJP.

El segundo acuerdo se firmó en 1998. Planteaba avanzar con las privatizaciones “pendientes”, entre las que se incluían la salud y la educación pública. Pero lo más importante era que exigía una profunda reforma laboral. Así, en 2000, con De la Rúa en el gobierno, se la votó en el Congreso en medio del escándalo de coimas a los senadores, se conoció como la “ley Banelco”. 

Esto es lo que se viene si Alberto Fernández firma un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. Es mentira que se puede hacer sin “reformas estructurales”. A los últimos once países que hicieron acuerdos como este les exigieron, en promedio, trece reformas estructurales. Al que menos le pidieron, Costa de Marfil, le requirieron siete (informe de Consultatio Plus, citado en BAE Negocios, 16/11).

Se necesita otro programa económico

No hay salida con el FMI. Lo dice la historia de todos los acuerdos anteriores. También, lo concreto del ajuste que se está planificando ahora. Otra vez el pueblo trabajador y los jubilados van a ser los que paguen, con más hambre y miseria, los negocios de los pulpos acreedores. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad afirmamos que es más urgente que nunca poner en marcha otro programa económico, obrero y popular, opuesto por el vértice al que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos. 

Para llevarlo adelante hay que dejar de pagar la deuda externa ya mismo, romper todos los pactos políticos y económicos que nos atan al FMI, implementar un verdadero impuesto a las grandes fortunas y riquezas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Estas son las medidas básicas para terminar con esta auténtica hemorragia por donde se va toda nuestra riqueza a manos de los pulpos especuladores. Así recuperaremos la independencia que perdimos y nos transformó en una semicolonia a la que el FMI le dicta la política económica. Y podremos, entonces, poner todos nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, para la salud y la pandemia, para trabajo, salario, vivienda y educación. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno del Frente de Todos, incluido el peronismo kirchnerista, dice que en los doce años de gobierno de Néstor y Cristina se expulsó al FMI, que Macri lo trajo de vuelta y que ahora a Alberto Fernández no le queda otra que volver a acordar con ese organismo para refinanciar y pagar una deuda a pesar de que no se contrajo en beneficio del pueblo trabajador. Con esto quieren justificar el nuevo pacto con el FMI y las políticas de ajuste. Veamos cómo fueron los hechos.

Lo que hizo el kirchnerismo cuando gobernó no fue “romper con el FMI”, sino pagarle en diciembre de 2005 toda la deuda de contado, 10.000 millones de dólares, con el cuento de que de esa manera la Argentina se iba a liberar de sus dictados. Pero no fue así. La deuda externa siguió siendo el gran problema del país, a tal punto que en los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner el Banco Central se estaba quedando sin reservas porque pagó de contado en la denominada “década ganada” 200.000 millones de dólares contantes y sonantes. Luego le pagó al Club de París, e incluso hay que recordar que, a pesar de que el gobierno en 2008 estatizó la jubilación privada (AFJP) quedándose con 30.000 millones de dólares, esa plata no fue centralmente para los jubilados sino para pagar deuda y dar créditos a multinacionales como General Motors.

El gobierno peronista ahora dice que al FMI y al endeudamiento los trajo Macri para justificar el nuevo sometimiento. Pero cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, después del Argentinazo que había repudiado el endeudamiento e impuesto el no pago, en vez de seguir por ese camino y desconocer todo el endeudamiento externo que venía desde la dictadura, el peronismo kirchnerista reanudó los pagos mediante varios canjes, sometiendo al país a los dictados de los organismos financieros internacionales. O sea, ahora el gobierno paga con la excusa de que la deuda la contrajo Macri… ¡pero también pagaron en el gobierno anterior a pesar de que el Argentinazo “rompió con el FMI” e impuso el no pago! “Somos pagadores seriales”, decía Cristina.

Despejada esa versión falsa y distorsionada de la realidad como parte del acostumbrado doble discurso kirchnerista, vamos al debate actual. Es cierto que Macri nos endeudó y volvió a pactar con el Fondo Monetario. Pero, como dice el propio gobierno de Alberto Fernández, la mayoría de esa deuda fue para financiar la fuga de capitales y la campaña electoral del gobierno anterior. Era la gran oportunidad entonces para desconocerla y no pagar. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hacen esto? ¿Por qué no hacen valer la teoría internacional de la “deuda odiosa”, que dice que cuando un gobierno (sea constitucional o dictadura, no importa) endeuda ilegítimamente a un país puede declararlo nulo de nulidad absoluta? El gobierno del Frente de Todos hace todo lo contrario. A tal punto que, de arranque, con la propia ley de emergencia votada en diciembre del año pasado, dispuso pagar 4.500 millones de dólares a pesar de que ya el propio gobierno de Macri estaba en cesación de pagos.

La cruda realidad es esta, con Fernández sigue el FMI. Es lo que denunciamos en las pasadas elecciones desde Izquierda Socialista con un inmenso cartelón de campaña. El FMI vino con la “derecha” de Macri y se va a quedar con el “gobierno popular”.

Otro tema es qué hizo el peronismo cuando gobernó Macri. Se la pasó haciendo actos con la leyenda “la patria está en peligro”, donde actores y artistas leían documentos repudiando el acuerdo Macri-FMI de 2018 junto a La Cámpora, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Pablo Moyano, la CTEP y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, con Hebe a la cabeza. Pero lo único que perseguían esos actos era ganar votos, no repudiar la deuda. Por eso nunca llamaron a una movilización o paro para derrotar el pacto Macri-FMI. Nunca el peronismo, incluida su variante kirchnerista, dijo que había que dejar de pagar y desconocer ese endeudamiento. Después ganó el Frente de Todos que, finalmente, en esa zaga de endeudamiento y entrega, está siendo una continuidad con las nefastas consecuencias que vemos hoy, cuando se está por votar una ley de movilidad jubilatoria robándole nuevamente a los jubilados y se sacó el IFE para cumplir con el FMI.

Cuando gobernaba Macri el peronismo decía “patria sí, colonia no”. ¿Pero cómo vamos a ser patria si para dejar de ser colonia hay que desconocer los pactos políticos y económicos que nos atan al imperialismo y al Fondo Monetario y dar pasos hacia una segunda independencia con un frente de países latinoamericanos que el peronismo nunca postuló? Desde la izquierda considerábamos entonces, igual que hoy, que para derrotar el pacto Macri-FMI hacía falta una gran lucha nacional para que todo el movimiento obrero y popular sea protagonista de esta gesta anti-FMI y antiajuste. Nada de eso ocurrió.

El nuevo pacto que se apresta a firmar el gobierno con el FMI y la política de Fernández y Guzmán idolatrando a ese organismo imperialista como un “FMI bueno”, está siendo muy mal visto por grandes franjas de sus propios votantes. A ellos les proponemos luchar para que no se firme ningún acuerdo con el Fondo Monetario y que se suspenda ya todo pago de deuda externa, volcando esos fondos para combatir todas las pandemias que aquejan a millones como parte de otro plan económico, obrero y popular.

Escribe Claudio Funes

Alberto Fernández tomó nota y comenzó a desarmar Precios Máximos sin hacer mucho ruido y de a poco. Quitó de la lista algunos alimentos, como arroz integral, conservas de pescado, sémola, artículos de higiene personal y productos de limpieza.

La eliminación de los precios máximos será otro duro golpe al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares.

Las grandes empresas y multinacionales de la alimentación, que de conjunto producen el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino, entre las que se encuentran Arcor (que obtuvo 1.129 millones de pesos de ganancias en el primer semestre, una mejora en relación con el mismo período del año anterior), Molinos Río de La Plata (que reconoció ganancias durante el primer semestre en el orden de los 608 millones de pesos), Danone (la multinacional francesa alcanzó un beneficio de 1.015 millones entre enero y junio), Morixe Hermanos (durante la cuarentena incrementó hasta 570% sus ventas), Mondelez, Pepsico, Unilever, las aceiteras General Deheza y Cargill, entre otras, serán las privilegiadas.

También lo serán las grandes cadenas de comercialización como Coto, Carrefour, Cencosud, Anónima y Walmart, que manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. Todas ellas, que nunca dejaron de ganar y son las principales responsables de la inflación, resultarán beneficiadas con el fin de Precios Máximos.

La medida que tomó Fernández fue exigida el jueves 12 por las principales empresas alimentarias nucleadas en la Copal, que preside Daniel Funes de Rioja, que emitieron un comunicado advirtiendo sobre el desabastecimiento de mercadería en caso de que continúe el programa Precios Máximos. Una amenaza.

Aun con la inflación que no cesa y que continuará en ascenso, sobre llovido, mojado: el gobierno anunció que en diciembre no pagarán el IFE 4.

Por contraposición, mientras millones de hogares padecen las consecuencias de la desocupación y los bajos salarios, Alberto Fernández, con el guiño de la burocracia sindical peronista, logró imponer  paritarias a la baja. En medio de este panorama de crisis económica y social el gobierno, que dice cuidar a los más necesitados, continúa castigándolos.  

El mismo jueves 12 el Indec daba a conocer la inflación de octubre, 3,8%, la más alta del año, impulsada principalmente por los aumentos de  precios en alimentos, vestimenta y combustibles. El rubro alimentos y bebidas, el de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC),  registró un alza de 4,8% producto de los incrementos en los precios de las frutas y verduras. De esta manera, en lo que va de 2020, los precios aumentaron 26,9 por ciento.

Una vez más, los precios suben por el ascensor, y los salarios, con incrementos a la baja, lentamente por la escalera. Se impone pelear por un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar y se reabran inmediatamente todas las paritarias.