Aug 06, 2020 Last Updated 9:02 PM, Aug 5, 2020

Escribe Diego Martínez

Hace algunos días se dio a conocer una solicitada firmada por 250 referentes políticos y sociales que se pronunciaron a favor de la expropiación de Vicentin. Entre ellos se encuentran dirigentes del ala “progresista” del gobierno peronista como Claudio Lozano, Pino Solanas, Juan Grabois, Itai Hagman, Victoria Donda, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Alderete (CCC), el periodista Alejandro Bercovich y varios referentes de la CTA. En esa declaración se pronuncian a favor de que Vicentin sea una “empresa pública no estatal”, lo que nos lleva a una polémica, ¿qué es una verdadera estatización?

Falsas estatizaciones

Lo de “empresa pública no estatal” no es nuevo. Se trata de un viejo eufemismo utilizado para denominar a las empresas “mixtas”, donde conviven el capital privado y el estatal, pero predomina el sector privado. En este tipo de empresas el Estado asume las pérdidas y los privados se quedan con la mayor tajada de las ganancias. En realidad existen dos tipos de propiedad, estatal y privada, y la que no es estatal es privada. En la Argentina en 2012 se anunció la expropiación parcial de YPF. Después de que el gobierno desembolsó 5.000 millones de dólares para su compra, el 51% de las acciones quedaron en manos del Estado y el 49% restante fue para los accionistas privados, pero la empresa siguió siendo una sociedad anónima que cotiza en Bolsa y, por lo tanto, favorece a los intereses de sus dueños “no estatales”. Así se organizó la escandalosa entrega a la multinacional Chevron mediante un acuerdo secreto que garantiza el saqueo de Vaca Muerta, la segunda reserva de petróleo y gas no convencional del mundo.

Otro ejemplo de empresas “mixtas” se dio en la Venezuela de Chávez, al que los sectores “progresistas” que mencionamos ven como un ejemplo a seguir. Mucho se habló en las últimas semanas de las expropiaciones venezolanas. La patronal quiere utilizar el evidente fracaso de estas medidas para generar el rechazo entre los trabajadores a cualquier tipo de expropiación. Pero tenemos que decir que en Venezuela, como en el caso de YPF, hubo falsas estatizaciones.

El chavismo sostiene que bajo su gobierno el petróleo fue renacionalizado. Pero la realidad indica lo contrario. En 2006 Chávez anunció un plan a través del cual la empresa estatal de petróleo, Pdvsa, podría asociarse a capitales privados. Así fue que surgieron las empresas “mixtas” con la participación de los principales pulpos mundiales del petróleo: Chevron, Exxon, Repsol, Shell, Total y Petrobras. Tal fue la entrega del chavismo, que en 2010 terminó cediendo a estas empresas y otras la explotación de la Faja del Orinoco, considerada la mayor reserva de petróleo del planeta. Pese a ser uno de los principales productores del mundo, al disponer cada vez menos de sus recursos naturales, el pueblo trabajador venezolano, con el correr de los años, se fue sumiendo más y más en la pobreza.

¿De qué hablamos cuando hablamos de estatizaciones?

Las patronales, a través de los medios de comunicación, dicen que cualquier tipo de estatización es inviable y anacrónica. La realidad desmiente estos dichos. Ante la tremenda crisis que estamos viviendo a nivel mundial, los gobiernos capitalistas se ven obligados a tomar medidas parciales que van en este sentido. En Irlanda se nacionalizó el sistema de salud por el tiempo que dure la pandemia. En Portugal recientemente el Estado compró el 72,5% de la aerolínea nacional y puso a un director al mando.

Ahora la pregunta es ¿qué tipo de estatización necesitamos los trabajadores? A diferencia de las falsas expropiaciones, en las que el Estado invierte sumas multimillonarias para salvar empresas quebradas por sus antiguos dueños capitalistas y el sector privado sigue teniendo el control asegurándose maximizar sus ganancias, proponemos estatizaciones del ciento por ciento, sin indemnizaciones y que las empresas, estén al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, no del lucro.

Durante muchos años en la Argentina los servicios fueron propiedad del Estado. Los ferrocarriles trasladaban millones de personas a precios muy accesibles, conectaban centenares de pueblos y eran un factor de desarrollo de las economías locales. Este servicio, como la electricidad, el agua, el gas, o el petróleo tienen que volver a manos del Estado. De la misma forma debe estatizarse inmediatamente toda empresa que despida o cierre. Hay compañeros que tienen dudas acerca de “volver al Estado”. Recuerdan la corrupción que había cuando peronistas y radicales, al mando de estas empresas, privilegiaban los negociados con las contratistas en lugar de brindar un servicio eficiente. Este proceso se agravó en los años previos a las privatizaciones, cuando vaciaron las empresas para justificar su remate. Otros recuerdan las denuncias de corrupción de la gestión de La Cámpora en Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina. Por eso decimos que el planteo de estatización va ligado indisolublemente al de “control obrero y de los usuarios”. Totalmente distinto de las estatizaciones que hemos conocido. Nadie mejor que los trabajadores que mantienen funcionando los servicios y ponen a producir las fábricas cada día, que conocen cómo poner esas empresas al servicio de los intereses del pueblo, a diferencia de los empresarios, que solo buscan aumentar sus ganancias a toda costa, y de los funcionarios corruptos serviles a los planes de ajuste de los distintos gobiernos.

Decimos con claridad: queremos estatizaciones del ciento por ciento de las empresas de servicios públicos y de toda firma que cierre, despida o suspenda, sin indemnizaciones y bajo control de los trabajadores y los usuarios.

 









En una carta abierta a la que accedió AIM, el colectivo de trabajadores Por la Ventana promueve “la estatización del banco de Entre Ríos, para que se fomente el trabajo y la producción”. La Banca “es un sector estratégico en la economía y no puede quedar exclusivamente en manos privadas, cuyas decisiones están signadas por el negocio y no para promover bienestar general de la población”, remarcaron.

Desde el colectivo, integrado por referentes sindicales y sociales de la provincia, se reclamó la estatización del Banco de Entre Ríos, tal como lo dispone la Constitución, ya que denunciaron que con esta nueva licitación “se profundiza la pérdida de autonomía financiera provincial, porque otorga al banco la exclusividad para percibir todos los recursos de organismos y empresas del Estado, pago de haberes, percepción, administración y transferencias de fondos de coparticipación federal y provincial, recaudación de tributos y pago a proveedores del estado. Además mantiene cautivos a todos los empleados públicos y docentes entrerrianos”.

En ese marco, se indicó que con esta licitación por diez años (con la opción de prórroga de otros cinco) “se ponen al desnudo los dobles discursos a los que nos tienen acostumbrados los políticos; en este caso del gobernador Gustavo Bordet y la ‘oposición’ de Juntos por el Cambio que está en silencio cómplice”. En ese marco, indicaron que “también llama la atención el silencio y la naturalización de hecho consumado del conjunto de la sociedad como también las distintas ramas de del comercio y la industria, las ‘entidades del campo’, la asociación de trabajadores bancarios, la asociación de cooperativas, y un largo etc”.

“Se critica a los especuladores financieros, la fuga de capitales, la falta de créditos accesibles, se critica que el Estado favorece los intereses de bancos extranjeros por sobre los nacionales, en definitiva se habla mucho, pero las decisiones como estás (que son de fondo) demuestran con claridad que no hay intenciones de cambiar, sino de seguir con la misma matriz en una sociedad cada vez más empobrecida y desigual”, apuntaron.

El capital financiero “se expresa en todo tipo de aprietes, corridas, propagandas, sobornos, y siempre respaldando la economía de escala pero con una máscara simpática, y amortiguando sus males con las fundaciones con apariencia filantrópica; ese monstruo deja espacios a sus siervos del poder político clásico cebados en la corrupción. Allí medran gerentes de los tres poderes de una república falsa que da lugar al sistema de privilegios instalado”, subrayaron.

Banco provincial

En ese sentido, desde el colectivo se instó a montar un banco provincial, ya que recordaron que la Constitucón de Entre Ríos autoriza la creación de un Banco de la Provincia “para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico y el de sus habitantes, con sentido de justicia social”.

“Pasaron 15 años de la entrega del Banco a Eskenazi y 12 de la Reforma de la Constitución Provincial (2008), y el mandato del artículo 74 sin concretar ¿Por qué? ¿Qué responsabilidades les cabe a los funcionarios? ¿A quién beneficia la banca privada? ¿Qué intereses están en juego?”, se preguntaron.

Bancos: ¿Quiénes son?

En nuestro país están autorizados para operar 65 bancos. Sólo 12 son estatales: al Banco Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, los acompañan otros 9 bancos provinciales y municipales de menor tamaño que “se salvaron” de las privatizaciones de los 90. Los 53 bancos restantes son privados. Un actor importante es el hasta hace poco emblemático empresario “K” Enrique Eskenazi, propietario de los bancos de San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y del Nuevo Banco de Entre Ríos.

Alguien afirmó “los bancos se la llevan “en pala” y a través de ellos se hacen todas las maniobras especulativas. Además, todavía sigue vigente la Ley de Entidades Financieras de la dictadura militar, que permitió (y permite) que se siga fortaleciendo lo que alguna vez se llamó popularmente “la patria financiera”. Endeudaron al país y fueron el vehículo para que naciera la terrible hipoteca de la deuda externa que aún hoy sufrimos y padecemos.

Se hicieron miles de maniobras fraudulentas, hubo vaciamiento de entidades y huidas, estafando a depositantes y dejando en la calle a decenas de miles de trabajadores. Jugaron a la ruleta con los ahorros de los trabajadores y de los jubilados.

Para los trabajadores “el único mecanismo capaz de terminar con esta estafa: la nacionalización de la banca. Estamos planteando en concreto la existencia de una banca estatal, donde sus órganos directivos garanticen la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores como mandata la Constitución Provincial”.

“Con esa inmensa cantidad de recursos, la banca provincial estaría en condiciones de otorgar préstamos para el consumo popular, para la construcción de viviendas, para pequeños comerciantes y productores, y para obras de infraestructura y desarrollo. Las tasas de interés bajarían y el estado entrerriano dejaría de pagar por 10 años las escandalosas comisiones a un privado y permitiría que las cuotas a pagar estén al alcance del salario obrero”, dijeron.

Sin embargo, aclararon que “una condición central es que esa banca nacionalizada sea gestionada por los propios trabajadores, quienes, conjuntamente con las otras organizaciones de trabajadores y del resto de los sectores populares, decidirán democráticamente a dónde se destinarán prioritariamente los recursos, en base a las reales necesidades y no, como es actualmente, a la maximización de las ganancias de los banqueros. Solo tomando esta medida, estaremos en condiciones de cortar de raíz ‘la bicicleta especulativa’ en que se ha transformado el negocio bancario”.

“El nuevo desafío debe ir por la equidad en el uso de los fondos públicos, y la apertura de un cauce a través de la riqueza del pueblo y del suelo para los entrerrianos y entrerrianas”, indicaron.

 

Nota de https://www.aimdigital.com.ar/reclaman-la-estatizacion-del-banco-de-entre-rios/

Editorial

Estamos en el ojo del huracán de las dos pandemias. La del coronavirus, con el crecimiento exponencial de los contagios en el AMBA y el serio riesgo de que en cualquier momento colapse el sistema de salud. Y la de la crisis económica y social, con la actividad cayéndose a pique, el aumento de los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y el aguinaldo en cuotas. Con millones de cuentapropistas, vendedores, profesionales independientes, o simplemente aquellos que hacen changas sumidos en la desesperación por no poder conseguir ni siquiera lo mínimo e indispensable para llevar a su casa. 

Alberto Fernández insiste en volcar toda la responsabilidad en nuestra conducta. “¡Quédense en su casa!”. Los trabajadores y los sectores populares somos los primeros en ser conscientes de los riesgos del contagio en las calles. Mientras los ricos, los miembros del establishment, presionan “por la economía” (pero viajan sin riesgos en sus autos particulares), los que corren riesgos son los trabajadores que todos los días tienen que jugar a la ruleta rusa en los medios de transporte público, o que deben reclamar, más de una vez infructuosamente, que las patronales cumplan con las medidas sanitarias mínimas. Seamos claros, los millones que salen todos los días a la calle son, en su gran mayoría, trabajadores de las industrias “esenciales” o de otras que, sin serlo, se las ingeniaron para también estar “autorizadas”. Para muestra basta un botón, se acaba de autorizar a 2.500 empresas no esenciales a operar bajo la excusa de que son “exportadoras” (Infobae, 30/6). Autorizadas por el gobierno nacional de Fernández, el provincial de Kicillof y el de la Ciudad de Larreta.

Por supuesto que también hay decenas de miles que, sin trabajo fijo, se ven obligados a romper la cuarentena para salir a hacer una changa, vender algo en la calle o incluso abrir “clandestinamente” su pequeño comercio, peluquería, o lo que fuere para tratar de conseguir una moneda. La responsabilidad no es de ellos, sino del gobierno, que pretende que todo un grupo familiar viva con los 10.000 pesos de la IFE. Y encima ahora ese monto ya no lo recibirán en el interior del país, quedó reservado solo para el AMBA y Chaco. 

Hay un hecho que es incontrastable, el dinero que el gobierno peronista de Fernández destinó a la pandemia es, en proporción al tamaño de la economía argentina, mucho menos que el que dedicaron otros países. Y no solo nos referimos a los europeos, la Argentina le asigna el 3% del PBI, mientras que Japón destina el 21%, Estados Unidos 13%, e incluso en Latinoamérica, Perú gasta el 9%, Brasil 8%, Paraguay 6% y Chile 5% (La Nación, 19/5). 

Pero veamos el motivo por el cual no se destina más plata a la pandemia. La única forma de hacerlo es sacarla de donde efectivamente está, en manos de los multimillonarios y sus empresas (Galperín, Rocca, Perez Companc, junto con las grandes multinacionales que operan en el país, Cargill, los bancos, Toyota, Volkswagen, etcétera). Pero resulta que el tan mentado impuesto a la riqueza que prometió Alberto Fernández hace ya noventa días “duerme el sueño de los justos”. ¡Ni siquiera se presentó en el Congreso, donde el único proyecto al respecto sigue siendo el del Frente de Izquierda Unidad!

Lo decimos con todas las letras, necesitamos una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales. Tiene que aparecer la plata para salud, para aumentar la infraestructura hospitalaria, para tomar más personal con salarios que cubran la canasta familiar, para más testeos. Hay que centralizar el sistema de salud para que se lo pueda utilizar eficientemente ante el riesgo de quedarnos sin camas. Y, al mismo tiempo, el pueblo trabajador tiene que poder cumplir con la cuarentena sin la incertidumbre de saber si mañana va a poder comprar los productos esenciales. Hay que otorgar, y mantener, un subsidio de 30.000 pesos a todos aquellos que lo necesiten. Hay que volcar masivamente comida en los barrios populares. Hay que darle créditos a tasa cero a los pequeños comerciantes sin las trabas con que se encuentran actualmente. Se deben retrotraer las rebajas salariales, pagar los aguinaldos como corresponde y prohibir de verdad las suspensiones y los despidos. Como dijimos más arriba, todo esto requiere plata. Los 20.000 millones de dólares que, como explicamos en el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, se podrían obtener de un impuesto a las grandes riquezas. Que, junto con dejar de pagar la deuda externa, proveería los recursos para un fondo de emergencia capaz de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social, la del coronavirus y la del hambre. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad te convocamos a pelear por esto. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Se cumplieron los cien días de cuarentena y la campaña anti Covid-19 llevada adelante en acuerdo bipartidario por el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y Axel Kicillof en la provincia bonaerense. Ante el comienzo de una escalada en el número de casos y de muertes, se impone hacer un balance del resultado de las medidas hasta el momento.

El pueblo trabajador cumplió seriamente con la cuarentena, algo que significó tremendas privaciones para los trabajadores en negro y cuentapropistas. Al mismo tiempo que el gobierno abría las industrias en favor de las multinacionales. Veamos lo que debería haber hecho Fernández y no hizo.

En primer lugar, no rodeó el aislamiento con las medidas de apoyo económico a los trabajadores que hubieran permitido sostenerlo, mientras subvencionó a los grandes grupos económicos. A medida que transcurrían las semanas, en forma creciente, millones de trabajadores se veían obligados a exponerse buscando su sustento diario. Así las cosas, la cuarentena se fue debilitando con la consiguiente pérdida de su valor preventivo.

En segundo lugar, no fortaleció el sistema de salud. Los presupuestos permanecieron en los montos asignados; el recurso humano, ni por asomo se aproximó a lo necesario. Como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Cicop venía reclamando 2.500 nombramientos de profesionales para mantener operativos los hospitales; pasados cien días, hubo 650 designaciones, apenas el 25% de lo necesario para un funcionamiento normal sin pandemia.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de terapia intensiva (UTI, 400 públicas y 1.600 privadas). La provincia de Buenos Aires cuenta con 4.856 camas de unidades de UTI. Según fuentes oficiales, desde marzo se incorporaron al sistema de salud 2.996 camas UTI de adultos, lo que representa un incremento del 35%; y de este total, unas 2.062 (69%) pertenecen al sector público. Estas cifras que impresionan por la magnitud del incremento, merecen un análisis. Hay hospitales de provincia en que las unidades coronarias han pasado a considerarse UTI; asimismo salas enteras de especialidades como, por ejemplo, cardiología e incluso cirugía han pasado a denominarse UTI. Las camas no son cuestión de mueblería solamente. Necesitan equipo y personal las 24 horas. De nada valen las camas sin los recursos humanos entrenados y los tecnológicos necesarios. Por eso están a poco de colapsar los hospitales y el sistema de salud.

En tercer lugar, no cuida al personal de salud. Un trabajo de Infobae revela que hay 3.652 trabajadores de salud contagiados, aunque otras fuentes dan 4500. De esa cantidad, 19 han fallecido. Las causas de este sacrificio de vidas son muchas. Una, es el déficit tanto en cantidad como en calidad de los elementos de protección personal (EPP). Otra, es la obligación de seguir trabajando en los hospitales y centros de salud de aquellos que son portadores de alguna condición patológica de riesgo. A diabéticos, hipertensos, bronquiales crónicos, embarazadas se les niega tenazmente licencias, igual que los mayores de 60 años.

Desde el comienzo, los profesionales de la salud, hemos planteados los testeos sistemáticos del personal hospitalario y otros trabajadores en riesgo. También lo hicimos para poblaciones recluídas como geriátricos, institutos de salud mental y cárceles. A pesar de que la experiencia europea indicaba que el personal de salud y, especialmente, los residentes de geriátricos eran quienes proporcionaban la mayor cantidad de víctimas fatales, tanto en Capital como en Provincia las autoridades se resistieron férreamente. Tuvieron que pasar 100 días para que Larreta anunciara que testearon al personal de salud de la CABA. De la provincia, todavía no se tienen noticias.

Para evitar estos problemas, propusimos desde el inicio de la epidemia la conformación de comités de crisis en cada establecimiento de salud con representantes de los trabajadores para monitorear las medidas de seguridad, el reparto de turnos, la provisión de EPP, y otros temas de la organización que permitieran atender mejor la epidemia y protegerse. Estos comités solo pudieron integrarse en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, después de un duro forcejeo de varias semanas de la Cicop con el gobierno de Kicillof que finalmente tuvo que aceptar que se conformaran a nivel ministerial y de cada establecimiento.

En el ámbito privado la situación de los trabajadores es mucho peor, y son innumerables los casos de contagio denunciados por los propios trabajadores. En la mayoría de los establecimientos la complicidad entre las patronales sanatoriales y la burocracia sindical de Sanidad (ATSA) acalla, con el miedo al despido, la voz de la mayoría. A tal punto que el personal, resignadamente, compra por su cuenta los EPP.

En cuarto lugar, el gobierno subsidia a los prestadores privados. Lo hace por distintas vías. La mayoría de las empresas privadas dueñas de sanatorios, incluyendo las más poderosas, se han acogido al subsidio estatal que paga la mitad de los sueldos del personal y en muchos casos se han acogido a la posibilidad de reducir los salarios; aun aquellos prepagos que cobran cuotas siderales. Además, reciben subsidios estatales a través de la burocracia sindical de la CGT por atender Covid-19. Tomó estado público el subsidio de 400 millones que Kicillof otorgó a los prestadores privados de IOMA, la obra social del personal de la provincia de Buenos Aires y “caja” y nido de corrupción de todos los gobiernos de cualquier signo.

Cerrando este balance negativo de la acción mancomunada de peronistas y macristas, cobra enorme importancia la falta de centralización del sistema, que ni siquiera en el AMBA, en que hubo cierto grado de coordinación entre las jurisdicciones, se logró. Tomando el ejemplo de la República de Irlanda hemos planteado la necesidad de centralización bajo una sola conducción de todos los recursos, tanto estatales como privados. En Irlanda el estado nacionalizó todas las camas, todo el personal y todos los laboratorios de análisis, para garantizar la equidad y que los cuidados llegaran a toda la población. Nosotros hemos planteado, además, la nacionalización de ciertos sectores de la producción para proveer de insumos, barbijos, EPP, gel, medicamentos para la población de riesgo y otras medidas.

Nada de esto se ha hecho y por eso, a los cien días de una cuarentena sostenida ejemplarmente por el pueblo trabajador, seguimos en riesgo. La lucha contra la pandemia ya no es más que una cuestión de la epidemiología, es una cuestión que se dirime en el campo de la política. Lo que hace falta son las medidas políticas que hemos enunciado, financiadas por un impuesto especial a las grandes riquezas y por el no pago de la deuda externa, por las que es necesario continuar la lucha. En definitiva, para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas.



Escribe José Castillo

La crisis del Covid-19 todavía no llegó a su pico. Los riesgos de que tanto la infraestructura existente como el propio personal de salud se vean desbordados son un peligro real. Al mismo tiempo, vemos cómo la miseria, el hambre y la desocupación siguen creciendo día a día. 

¿Qué hacer? La respuesta es simple. Hay que reforzar una auténtica cuarentena que todo el pueblo trabajador pueda cumplir, sin hambre, sin tener que salir a romperla para “changuear y conseguir un peso”. Hay que poner más plata en recursos para salud. Para todo esto hace falta una sola cosa, poner en juego más dinero. Con lo volcado actualmente por el gobierno claramente no alcanza. 

No cabe ninguna duda, esos recursos tienen que salir de los que los tienen, y en abundancia. Para eso hay que imponer de una vez por todas el impuesto a las grandes riquezas.

Miremos a nuestro alrededor. En los últimos tres meses, ya en plena pandemia, Mercado Libre pasó a valer tres veces más, aumentando su valor en 18.000 millones de dólares. ¡Creció más que Amazon! No llama entonces la atención que su dueño, Marcos Galperín, figure como uno de los grandes multimillonarios argentinos.

Observemos a los bancos, los grandes ganadores de los dos últimos años, mientras la economía argentina se hundía, caían los salarios y crecía el desempleo. ¡Hasta siguieron ganando en estos meses de cuarentena! Los cuatro que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, y por lo tanto tienen que “mostrar” sus balances (Galicia, Macro, Supervielle y Patagonia) registraron ganancias en 2019 que más que duplicaron las del año anterior. Los bancos extranjeros que actúan en nuestro país –HSBC, ICBC, Santander y Citi– también tuvieron superganancias y encima se dieron el lujo de “fugarlas” legalmente, repatriándolas hacia sus casas matrices.

Miremos a las grandes empresas de otros sectores, ahí tenemos al Grupo Techint. Acá no hay excusa, Tenaris, la firma insignia del conglomerado, junto con Ternium, son dos de las que más facturan en nuestro país. La fortuna personal de su dueño, Paolo Rocca, figura al tope de los multimillonarios argentinos registrados por la revista Forbes

Pasemos ahora a uno de los empresarios y gran amigo del peronismo, Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, que la semana pasada recibió todos los elogios de parte del presidente Alberto Fernández. Además de estar seriamente sospechado en un montón de causas de corrupción que vienen de la anterior época kirchnerista, Mindlin siempre siguió facturando, acumulando propiedades y obteniendo superganancias con todos los gobiernos. Es el dueño de Central Puerto, la empresa que tuvo más ganancias de todas las que cotizan en la Bolsa porteña, pero también de Edenor, una de las que históricamente más estafa a los usuarios de electricidad, por citar solo dos firmas.

Sigamos repasando la lista de las que más facturaron y ganaron en 2019: Telecom, vinculada al Grupo Clarín; Toyota, la transnacional japonesa que, junto con la alemana Volkswagen, son las dos automotrices que más venden en nuestro país; Panamerican Energy, propiedad de otro de los multimillonarios locales, Alberto Bulgheroni; Shell, que hasta hace poco se dio el lujo de colocar a su ex Ceo Juan José Aranguren como ministro de Energía y que recibió todo tipo de beneficios durante la gestión macrista; Arcor, el gran grupo alimentario local.

Y, por supuesto, a los grandes monopolios del complejo agroexportador: las yanquis ADM, Bunge, Cargill, la europea Dreyfuss, la china Cofco y las locales Molinos (de Perez Companc, otro que figura en la lista de multimillonarios) y Aceitera General Deheza. 

A esta lista le podemos agregar laboratorios, también con millonarios locales a la cabeza, como Roemmers y Bagó. O las cadenas de hipermercados, con Coto, Walmart o Carrefour a la cabeza. 

Este grupo concentrado de grandes empresas (y de multimillonarios) es al que hay que obligar para que ponga una porción de sus ganancias y riquezas para atender la pandemia. De esto se trata, imponer un impuesto a las grandes riquezas. 

Hace más de tres meses Alberto Fernández, en un alarde más de su doble discurso, habló de un impuesto que, si bien no iba a fondo contra todos estos sectores, planteaba algún tipo de imposición a la gran riqueza. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad insistimos en que hacía falta un tributo mucho más completo y con alícuotas mucho más altas. Pero  sostuvimos, sin embargo, que lo importante era que el proyecto se pusiera en marcha y exigimos que el gobierno lo presentara de una vez por todas. 

Vergonzosamente, el Frente de Todos le empezó a dar vueltas al tema sumando excusa tras excusa. Primero que no podía salir por DNU y que requería que se reuniera el Congreso (cuando aún no se había acordado el funcionamiento virtual), luego que se estaba “consensuando” entre diferentes proyectos redactados por varios diputados del oficialismo. Lo concreto es que pasaron las semanas, los meses, y el proyecto nunca apareció. El único presentado es el del Frente de Izquierda Unidad, que plantea la posibilidad de recaudar rápidamente 20.000 millones de dólares. Pasó algo peor aún, en una sesión en Diputados, cuando planteamos que se tratara el tema, votaron en contra conjuntamente el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Cada vez empieza a quedar más claro que el planteo del presidente Fernández fue solo un “amague” y que en realidad no piensa presentar proyecto alguno. 

Mientras tanto, la crisis del coronavirus arrecia y sume en la desesperación y el miedo al contagio a cada vez más sectores del pueblo trabajador. 

¡No podemos seguir esperando! El dinero para resolver las necesidades de la pandemia existe. Hay que implementar ya mismo el impuesto a las grandes riquezas. De esa manera, juntamente con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa, tendremos los recursos necesarios para conformar un fondo de emergencia que atienda las necesidades sanitarias más urgentes en términos de salud, comida para los barrios populares y soluciones para una crisis social que se sigue profundizando día a día. 

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