Mientras seguimos transitando el pico de la segunda ola de la pandemia, la realidad política nos indica que ya ha empezado la campaña electoral. Todos los medios de comunicación hablan de las distintas internas y de cómo se conformarán las listas, tanto del gobernante peronismo del Frente de Todos como de la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

El gobierno de Alberto Fernández ya está plenamente en campaña. Se centra en las vacunas, mostrando que “ahora sí” están llegando, tratando de disimular los más de 90.000 muertos generados por los retrasos y por nunca haber expropiado las cien millones de vacunas que ya se produjeron en Garín.

Otra cosa que tampoco puede esconder es la enorme crisis económica, con millones de nuevos pobres y desocupados y con una clase trabajadora a la que cada día le alcanza menos su salario y con paritarias que siguen a la baja. El Frente de Todos busca disimular esta realidad otorgando algunas concesiones, como la más que tardía devolución del impuesto a las ganancias que se le retuvo en los primeros meses del año a millones de trabajadores; el insuficiente bono con que se pretende maquillar que los jubilados sigan perdiendo frente a la inflación y cobrando jubilaciones de indigencia, o con unos pocos planes sociales de más, o alimentos para los comedores que no cubren ni de lejos las necesidades.

Su discurso busca justificar que el desastre económico y social es consecuencia de la pandemia, escondiendo que, desde que asumió, ya lleva pagados 7.100 millones de dólares de deuda externa, un monto con el que se hubiera podido duplicar la ayuda social.

Peor aún, en las últimas horas se anunció que en las próximas semanas se pagarán 430 millones de dólares en efectivo al Club de París para evitar el “default” con este organismo. ¿Qué dirán frente a esto los firmantes del peronismo kirchnerista de la Proclama del 25 de Mayo, que venían mostrándose como “distintos” y planteaban la necesidad de suspender los pagos de la deuda externa hasta el fin de la pandemia?

El gobierno de Alberto Fernández trata de disimular todo esto recurriendo al argumento de que “si estuviera gobernando Macri sería peor”. Esconde detrás de este planteo que, junto con Cambiemos, vienen compartiendo una política, más allá del doble discurso “progresista” del Frente de Todos: priorizar a los usureros internacionales y el acuerdo con el FMI por encima de las necesidades populares.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio, mientras tanto, sigue metida en su interna. Los radicales buscan “subir su propio precio” con nuevas candidaturas, como la de Facundo Manes. PRO negocia meter en Cambiemos a los libertarios de Espert. Pero, más allá de estas idas y venidas, Juntos por el Cambio, donde gobierna, lleva adelante las mismas políticas antipopulares y de ajuste que el Frente de Todos, además maneja la pandemia priorizando los negocios y es totalmente desaprensivo respecto de los contagios del pueblo trabajador. Además, por supuesto, del hecho más importante, ya gobernó con los famosos CEOs al servicio directo de los grandes capitalistas y los especuladores internacionales. Esta es la realidad aunque busque disfrazarla hablando de “autocríticas” o de cambiarse de nombre. 

Como vemos, ambos, el gobierno del Frente de Todos y la oposición de Cambiemos, buscan polarizar la elección pero no tienen absolutamente ninguna respuesta frente a lo que más preocupa al pueblo trabajador, que la plata no alcanza y se profundiza la pobreza.                                                                                                                                                                                                                           

Ante esta realidad, nosotros decimos que hay una alternativa. La que viene postulando el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). La que se expresa en todas las luchas, donde se hace siempre presente y las apoya incondicionalmente. La que muestran sus diputados y legisladores en las bancas oponiéndose, en soledad, a los ajustes votados conjuntamente por el peronismo y Cambiemos.

Siempre postulando una salida de fondo. Para que haya plata para salarios y jubilaciones, trabajo, vacunas y un IFE de 40.000 pesos para el que lo necesite. Explicando que para esto la salida es dejar de pagar la deuda externa y decirle no al FMI, además de imponer un  impuesto especial a los grandes capitalistas, los banqueros y las multinacionales. Porque ahí está la plata para combatir la pandemia, el hambre y la pobreza.

En las elecciones que se vienen hay que enfrentar unidos a los candidatos del Frente de Todos y también de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Para dar esta pelea electoral ya tenemos una gran conquista, el Frente de Izquierda Unidad. A partir de allí, por supuesto, como siempre hicimos, tenemos que llamar a la vez a una mayor unidad de la izquierda.

Tenemos estos enormes desafíos en los meses que vienen. Por eso consideramos equivocado el planteo de Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, del PTS, con quienes compartimos el FIT Unidad, que proponen que cada partido presente su propia lista en las primarias “si no hubiera un acuerdo”. ¡Pero en el FIT ya existe un acuerdo desde hace años! Proponer cambiarlo para ir a internas con listas separadas va en contra del FIT-U y tampoco favorece la unidad de toda la izquierda.

Desde Izquierda Socialista no estamos de acuerdo en ir a las PASO a pelearnos entre nosotros por los cargos. Sería dedicar la campaña electoral a la disputa interna en vez de enfrentar unidos a los candidatos patronales. Tiene que haber una lista única del FIT Unidad y de toda la izquierda, sin PASO. Sin hegemonismos de nadie.

Por eso reafirmamos que hay que mantener los acuerdos y equilibrios entre las distintas fuerzas del FIT-U, como la rotación de las bancas, que nos permitió avanzar en todos estos años. Porque el FIT nació derrotando unitariamente a las PASO. Ahora hagamos lo mismo y ampliémoslo al resto de la izquierda.

Ante los inmensos desafíos planteados, llamamos a defender al FIT-Unidad y a una mayor unidad de la izquierda, sin PASO.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista / FIT Unidad

El gobierno llegó a un acuerdo con el Club de París. La Argentina hará un nuevo desembolso a cuenta, por 430 millones de dólares, como parte de los 2.400 millones que tiene que pagar. Plata que debería ir a combatir la pandemia, no a los usureros internacionales.

La noticia vuelve y vuelve. ¡Otro pago de deuda externa! ¡Otros millones de dólares que se van en plena pandemia! ¡Otra fuga de dinero millonaria para los usureros internacionales mientras el gobierno dice que “prioriza a los más vulnerables”! 

“Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para establecer un puente que nos permita evitar una cesación de pagos”, anunció el ministro Guzmán. “Un incumplimiento hubiese sido un golpe a la economía”, remarcó. Para el ministro, pagar una deuda usurera le “hace bien” a la economía.

¿A quién se le está pagando? El Club de París está conformado por países imperialistas (Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Rusia, España, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros) y fue creado para cobrar conjuntamente las deudas a los países dependientes como el nuestro. Pero son falsas deudas, originadas en plena dictadura militar, esencialmente por préstamos de países imperialistas a sus empresas que no se pagaron y que luego, en 1982, fueron estatizadas por Domingo Felipe Cavallo. Alemania, principal “acreedor”, lo es por préstamos para la compra de armamento.

Todos los gobiernos reconocieron la deuda con el Club de París y la pagaron religiosamente. Kicillof, durante el gobierno de Cristina Fernández, por ejemplo, aceptó que esa deuda se incrementara de 6.000 a 9.000 millones de dólares.

“Algunos de los países miembros del Club cuestionaron que, mientras Argentina le pedía un perdón, seguía adelante con las obligaciones con otros países como China, a quien se pagarán 30 millones de dólares esta semana”. O sea que la Argentina paga y paga, al Club de París, a China, a los bonistas y al FMI. En total serán algo más de 500 millones a pagar en julio.

Este pago se suma a los 7.100 millones de dólares que ya se abonaron desde que el gobierno asumió. ¡En plena pandemia, mientras siguen los contagios y las muertes y crecen el hambre, la pobreza y el robo salarial y jubilatorio!

Este pago tiene el aval del FMI. Mientras el gobierno “renegocia” con el Fondo Monetario paga puntualmente. Ni qué hablar de los 50.000 millones de dólares que contrajo Macri y que el gobierno reconoció y está ahora renegociando. “Fueron a la bicicleta financiera”, dice Fernández, pero lo va a pagar igual sometiéndonos a nuevos condicionamientos, más entrega de la soberanía y más ajuste.

Ya hay un ajuste, que el gobierno niega, para pagar la deuda. Lo prueba la movilidad jubilatoria a la baja que le permitió al gobierno recortar 2.800 millones de dólares del presupuesto que tenían que ir para las jubiladas y los jubilados. Lo muestra ahora también la noticia sobre que en los últimos tres años el ajuste previsional fue de 29 por ciento. También sacó el IFE, ¿para qué? Para pagar la deuda. Ajuste que se aplica también en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y distintos países latinoamericanos. Decir que hay un FMI bueno, como sostiene el gobierno, es de un cinismo absoluto.

El acuerdo con el FMI, según trascendidos, pasaría para después de las elecciones o a 2022. Mientras el gobierno pague…, dicen desde ese organismo usurero y explotador, no hay problema. “Nuestro objetivo es tener un buen acuerdo, hay un diálogo constructivo”, dijo el ministro Guzmán sobre las negociaciones con el FMI.

Ante este nuevo pago vale la pregunta ¿qué dicen los políticos ligados al peronismo kirchnerista y los dirigentes sindicales de la CGT y las CTA que firmaron la Proclama del 25 de Mayo diciendo que la Argentina debía “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París mientras se extienda la emergencia sanitaria”? Esperemos que repudien este nuevo pago entreguista y hagan algo. Eso es lo que le venimos reclamando desde Izquierda Socialista.

Estamos de acuerdo en que se suspendan los pagos aunque sea mientras dure la pandemia. Por eso les planteamos a los firmantes de la proclama que convoquen a luchar para imponerlo, a llevar la propuesta al movimiento obrero, a sacar pronunciamientos de asambleas y plenarios de delegados y a llamar a otros sectores a sumarse.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a repudiar este nuevo pago y a luchar en las calles y en las elecciones para que esa plata vaya a salario y trabajo, no para los delincuentes de guante blanco del Club de París, los bonistas y el FMI.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional Izquierda Socialista / FIT Unidad

En estos días Cristina Kirchner manifestó su preocupación por la salud y esbozó algunas propuestas. Es un tema sensible que necesita respuestas urgentes por las serias falencias observadas durante la pandemia que el Frente de Todos no resolvió. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad presentamos un proyecto de ley con nuestras propuestas y seguimos apoyando a los trabajadores de la salud en el camino para lograr un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todas y todos.

Es importante decir que los cuatro años de macrismo fueron desastrosos para la salud pública. El presupuesto para el sector, que desde el gobierno peronista kirchnerista venía bajando año a año, con Macri y Vidal llegó a uno de los peores niveles históricos. Pero queda claro que el deterioro de la salud pública ha sido una constante de los últimos gobiernos, es lo que demuestran las innumerables luchas que dieron los trabajadores del sector teniendo que autoorganizarse para superar las traiciones de la burocracia sindical, como aconteció en Neuquén. Sin embargo, en períodos electorales, los políticos patronales renuevan sus promesas con supuestas soluciones para resolver los problemas de la salud que ellos mismos generaron.

La vicepresidenta declaró: “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos”, lo que causó un revuelo en los sectores de la medicina prepaga y la dirigencia de la oposición patronal de Cambiemos. Hasta la burocracia sindical se puso nerviosa ante la posibilidad de perder los recursos de las obras sociales que le permiten hacer caja. La cuestionan porque, supuestamente, es una propuesta para estatizar el sistema, algo que sectores kirchneristas y el propio gobierno peronista se apuraron en desmentir. 

Es evidente que el peronismo kirchnerista, que gobernó doce años en los que se profundizó el deterioro del sistema de salud, no lo va a estatizar ahora. Lo que está “repensando” la vicepresidenta se basa en un proyecto del Instituto Patria, de donde no se desprende la estatización. El proyecto, denominado Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino, habla de un “sistema mixto” donde el “subsector público” trabajará con “mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado”. Dicen que se va a beneficiar a los trabajadores, pero no cambian la estructura económica del sector, con lo que las prepagas continuarán garantizando sus ganancias. 

Es parte de lo que ya hizo el kirchnerismo y que hoy vemos en la provincia de Buenos Aires, tercerizar y privatizar partes del sistema de salud. Cuando un hospital público no tenga un tomógrafo o camas suficientes, por ejemplo, tercerizarán el servicio. El Estado no va a crear instalaciones propias para paliar los déficits, le va a pagar a los privados para que presten el servicio. Continuarán enviando fondos del Estado para financiar el sistema privado de salud. Lo que pone nerviosas a las prepagas, a la oposición patronal y a la propia burocracia sindical es quién va a controlar los fondos destinados al sector. Es la pelea por el cofre de la salud.

Por la creación de un sistema nacional único de salud

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad, rechazamos esta política de participación público-privada del Frente de Todos, que en realidad es una propuesta que tiene el objetivo de fomentar el negocio privado de la salud. Por eso hemos presentado desde nuestra bancada, con asesoramiento de miembros de la Cicop, un proyecto de ley de emergencia* que, sin ambigüedades, propone crear el sistema nacional único de salud (SNUS), que reunirá la totalidad de las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos destinados al cuidado de la salud. El subsector privado y el de la seguridad social deberán integrarse transitoriamente al SNUS hasta tanto se establezca su definitiva incorporación al sistema estatal.

Nuestro proyecto establece la gratuidad absoluta de todas las prestaciones y contempla que “la provisión de medicamentos, vacunas y prótesis será de carácter gratuito y universal y quedará a cargo del Estado nacional”. El artículo 10 propone implementar “una política salarial que haga innecesario el pluriempleo de los trabajadores de salud” y, sobre el personal de enfermería, “tendrá la categoría de profesional de la salud y así será considerado a todos los efectos”.

Descartamos la tercerización de los servicios, tanto de la atención sanitaria como de los servicios generales. Y finalmente decimos que “el financiamiento del subsector estatal provendrá de la unificación de los presupuestos actuales de las distintas jurisdicciones en un solo fondo, que será inmediatamente triplicado proviniendo tal financiamiento de Rentas generales y el no pago de la deuda externa”.

No hay salida para la salud pública con las políticas  que vienen aplicando los diferentes gobiernos patronales desde hace décadas. Todos responden a las recomendaciones de los organismos financieros internacionales que dependen del imperialismo. Llamamos a los usuarios de la salud pública y a los trabajadores del sector a sumarse a estas propuestas para luchar en defensa del hospital público y por la reorganización y centralización de los recursos y esfuerzos en un sistema nacional de salud único para garantizar que el pueblo tenga acceso a una salud pública universal, gratuita y de excelencia para todas y todos.

*Ver el texto completo del proyecto en

 www.izquierdasocialista.org

Escribe Martín Fú

La Unión Argentina de Salud, la cámara que nuclea a las empresas privadas de medicina prepaga, nuevamente pidió actualizar el valor de las cuotas. Así lo ha difundido en los medios Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, quien hizo una presentación judicial exigiendo a la Superintendencia de Seguros de Salud que les permita aumentar las cuotas a un universo de seis millones de personas, en su mayoría asalariados formales, 13,6% del total de la población.

Según datos del Ministerio de Salud, existen alrededor de setecientas prepagas y mutuales, siendo las principales OSDE, Swiss Medical Group, Galeno, Omint y Medicus. Se ocupan de financiar los servicios que prestan clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privado. Es este último sector el que viene negándose reiteradamente a negociar paritarias para sus trabajadores, sobreexplotados y con sueldos miserables. Recordemos que fue beneficiado por el gobierno de Alberto Fernández con la disminución de las contribuciones patronales y el programa de subsidios Repro II, por el cual el Estado paga parte de los salarios cubriendo un monto mayor por trabajador que en el resto de las actividades.

Envalentonados, quizás porque el gobierno les facilitó  camas públicas ante la saturación del sistema de terapia intensiva de la medicina prepaga, exigen también la creación de un fondo estatal para cubrir los costos de los llamados “tratamientos catastróficos de alto costo y baja frecuencia”.

La sed de ganancias de la medicina privada no reconoce límites. En 2020 redujeron hasta 90% las prestaciones a sus afiliados a pesar de haber recibido 100.000 millones de pesos en ayudas por parte del Estado mientras sus afiliados seguían pagando la cuota plena (Infobae, 2/1/2021).

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad somos claros, es necesario fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores de la salud. Para lograrlo, en lo inmediato, debe centralizarse todo el sistema bajo control estatal. No para que el Estado subsidie a la medicina privada, como pretenden Belocopitt y su cámara, sino para que brinde los beneficios que corresponden a sus afiliados.

Escribe Martín Fú

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, incluyó en su viaje a Washington la búsqueda de consenso con la multinacional yanqui Pfizer. Como ya lo han manifestado, los personeros de la multinacional pretenden que se quite la causal de “negligencia” del texto de la ley ya aprobada por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que otorga inmunidad a las multinacionales farmacéuticas con respecto a los efectos colaterales de las vacunas, “salvo en caso de negligencia”.

Pfizer pretendía que se modificara la ley, para lo cual Juntos por el Cambio anticipó su voto favorable. Como esta solución es políticamente inviable para el peronismo, y tampoco era posible satisfacer a Pfizer con el texto del decreto reglamentario, se comenzó a estudiar otra posibilidad, una especie de seguro brindado por alguna institución financiera internacional. Esta institución apareció y Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció que este organismo, del cual la Argentina forma parte, está estudiando la posibilidad de crear un seguro que brinde las garantías que busca la multinacional.

Precisamente, con este funcionario de una de las principales instituciones financieras internacionales del sistema imperialista mundial, es con quien se reunió Sergio Massa buscando encontrar una solución que recomponga las relaciones con Pfizer. Quizás, de esta manera podría vender la vacuna a la Argentina con la seguridad de no ser demandada en caso de efectos indeseados. También se vería complacido el gobierno norteamericano, que subsidió con 7.500 millones de dólares la producción de Pfizer y Moderna, que usan el mismo principio farmacéutico.

Juntos por el Cambio está dispuesto plenamente a rehacer la ley de acuerdo a las necesidades de la multinacional. El Frente de Todos, en virtud de su doble discurso, está buscando una fórmula que disimule su aceptación de las condiciones fijadas por Pfizer. Desde el FIT Unidad rechazamos las exigencias leoninas de la multinacional y exigimos al gobierno que libere las patentes para masificar la producción nacional que garantice vacunas para todas y todos.