Escribe Liliana Olivero, legisladora provincial (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad y referente de la izquierda cordobesa

El tratamiento de la pandemia en Córdoba es un fracaso. Schiaretti pasó en pocos días de vanagloriarse de la cantidad de camas, a un colapso sanitario donde se elige a quién darle una y a quién no. En las últimas dos semanas las muertes por Covid-19 aumentaron 72%, colocándonos segundos en todo el país, detrás de la provincia de Buenos Aires.

Es que, aunque Schiaretti se presente como alternativa dentro del peronismo, sus medidas durante la pandemia no han sido muy diferentes de las de Alberto Fernández. Defendiendo la sacrosanta propiedad privada, también estuvo en contra de incautar las millones de vacunas de Garín y, lejos de priorizar la salud pública, continuó su vaciamiento al servicio de la salud privada. Por eso la infraestructura sanitaria colapsa, el personal es insuficiente, precarizado y con salarios de pobreza. Incluso, en el pico de la segunda ola, despidió a setenta y dos trabajadores/as de la salud y ahora persigue al personal que denuncia todo esto.

A ello se suma su criminal política de mantener la presencialidad educativa, con docentes que en alto porcentaje no tienen el esquema de vacunación completa y un gran número aún que no tiene ni una dosis. Esta política refleja su negacionismo, con restricciones insuficientes, en pos de mantener las ganancias de los grandes empresarios, que muestra su otro negacionismo, el de la crisis económica que ahoga a la mayoría de la población. Por eso, en lugar de otorgar subsidios a los sectores populares, a los pequeños comercios y talleres, usa esa plata para el pago de la deuda provincial y para su campaña electoral. Esta es la pandemia de la desocupación, los bajos salarios y la pobreza, que a fines de 2020 en el Gran Córdoba trepó a 42%, es decir que, a hoy, es probable que casi la mitad de estos cordobeses sean pobres. Según La voz del interior, “un universo de casi 69.000 cordobeses padeció el descenso social en materia de ingresos”. La inflación a mayo es de 22,87% y el salario de miles de empleados públicos y docentes aumentó solo 14% hasta ese mes. Ni qué decir de los jubilados, a los que les aplicó un brutal ajuste. Mientras tanto, el gobierno gasta millones en propaganda política y en megaobras no prioritarias, como la autovía de montaña, por la que va a desembolsar 100 millones de dólares y destruyendo el ambiente.

Nada de esto fue denunciado por la oposición de Cambiemos. Al contrario, han acompañado las principales medidas, y ante la posibilidad de que puedan ganar las próximas legislativas en la provincia alertamos que, como lo hicieron con Macri, legislarán contra los trabajadores.

La única alternativa real es la que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad, quienes seguimos acompañando las luchas de los trabajadores, de la salud, las mujeres y de los distintos conflictos, como el de los veintisiete estudiantes de la UNC procesados por luchar.

Este año tenemos el desafío de mantener nuestras bancas y conquistar otras. Por eso discrepamos con la postura levantada por Laura Vilches (PTS) y Luciana Echevarría (MST), que han planteado la posibilidad de que el FIT Unidad presente distintas listas en las PASO. Aunque pueda caer bien, es una política equivocada, divisionista, que nos debilita en la verdadera pelea contra las variantes peronistas y de Juntos por el Cambio llevándonos a una pelea fratricida para ver a qué candidato del FIT Unidad hay que votar. Ya todos coincidimos en un único programa y los acuerdos de rotación de las bancas hacen que todos las podamos compartir. Por eso, a la falsa unidad de ir separados en las PASO le respondemos: lista única del Frente de Izquierda Unidad y de toda la izquierda, sin PASO, para enfrentar a los candidatos del ajuste permanente.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora de Izquierda Socialista / FIT Unidad CABA y presidenta de la Comisión de Violencia Institucional

El viernes 18 de junio se realizó una audiencia pública convocada por la presidencia de la Comisión de Seguimiento de Violencia Institucional de la Legislatura porteña que presido, en conjunto con las presidencias de las comisiones de Mujeres, de la legisladora Laura Velazco (Frente de Todos) y de Derechos Humanos, de Victoria Montenegro (Frente de Todos). El objetivo era presentar el informe preliminar de la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos de Colombia en el marco de la rebelión popular en curso contra las medidas de ajuste del FMI y el gobierno represor de Duque.

De la audiencia participaron miembros de la comitiva que viajó a Colombia, como la diputada Laura Velazco, representantes de la Correpi y el CELS junto con organizaciones colombianas y diversos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. Contamos también con la presencia de Norita Cortiñas y la adhesión de Mirta Baravalle y Elia Espen, de Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, referentes de Izquierda Socialista/FIT Unidad, como mi compañero de bloque, el legislador porteño Pablo Almeida, y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, así como la legisladora porteña Amanda Martín (PO), Alejandrina Barry (PTS) y Celeste Fierro (MST).

Esta audiencia se dio en el marco de una fuerte convulsión en América latina, con procesos de rebelión popular que enfrentan el ajuste, el hambre, la precarización y pelean por cambios de fondo, como en 2019 cuando el pueblo chileno se levantó contra Piñera. Ahora, en Colombia, la movilización lleva más de cincuenta días enfrentando al gobierno derechista y represor de Duque, con fuerte protagonismo de la juventud, les trabajadores, las mujeres y los indígenas y que obtuvo un primer triunfo tirando abajo las reformas tributaria y de salud.

El informe preliminar mostró cómo la represión del reaccionario Duque combinó la utilización de la policía nacional, el escuadrón antidisturbios y fuerzas paramilitares contra las movilizaciones, que realizaron asesinatos a sangre fría, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia político-sexual, que recae sobre los cuerpos de las mujeres y diversidades, con abusos sexuales y violaciones. Desde nuestra comisión exigimos el fin de la represión y el juicio y castigo a los culpables.

Entre los participantes, estuvieron presentes referentes de organizaciones de Colombia que pelean en las calles y sufren a diario la represión, como el caso de Nohora Torrenegra, de la Asociación de Educadores del Atlántico, y Joaquín Linero, presidente del Sindicato de Maestros de Santa Marta, del Colectivos Unidos, parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI) quienes hicieron intervenciones destacadas relatando la represión diaria y la lucha por ¡fuera Duque!

Desde las bancas que ocupamos en la Legislatura, al igual que la UIT-CI, venimos siendo parte de la solidaridad internacional con el pueblo colombiano. Tenemos la tarea de seguir denunciando la violación sistemática de derechos humanos en Colombia y peleando por la hermandad de los pueblos que luchan en nuestro continente contra las políticas de ajuste de los gobiernos capitalistas y la represión. ¡Viva la rebelión del pueblo colombiano! ¡Basta de represión! ¡Abajo Duque!

Escribe Guido Poletti

Se acaba de conocer el dato oficial de la inflación de mayo, 3,3 por ciento. Aunque desde el gobierno quieren vendernos que es un buen dato, porque “bajó” con respecto a la del mes anterior, los números no dejan mentir. En los últimos doce meses acumulamos una suba de 48,8 por ciento. Ese va a ser el número con que terminará la inflación de 2021. Valores que son peores aún si, en vez de mirar simplemente el valor del Índice de Precios al Consumidor, lo hacemos con la canasta básica o con la suba de los alimentos. Todo por arriba del 50% anual.

Para el pueblo trabajador, donde los discursos se acaban apenas llegamos a la góndola y vemos cómo se derriten los salarios y las jubilaciones, las cuentas son claras. Un chiste popular, tragicómico, se puso de moda, “me sobra mucho mes al final del sueldo”. Cierto, terrible.

Trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, hace años que venimos perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo. Sucedió durante el macrismo y sigue pasando con Alberto Fernández. Este año se nos dijo que “algo” recuperaríamos en las paritarias. No está sucediendo. La burocracia sindical cerró en casi todos los gremios acuerdos a la baja, con incrementos de entre 30% y 35%, y encima en cómodas cuotas, que se terminarán de cobrar en marzo del año próximo. Recién ahora, ante la evidencia del desborde de precios, algunos que todavía no cerraron sus acuerdos, como camioneros, aparecen con aumentos mayores, de 45%/50% en cuotas.

¡Hay que exigirle a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua con el gobierno! Se necesita ya mismo un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar (calculada, según la junta interna de ATE-Indec, en 99.930 pesos), que se debe actualizar mes a mes según la real suba del costo de vida. Al mismo tiempo se tienen que reabrir todas las paritarias.

No lo vamos a lograr sin lucha. El ejemplo de que se puede lo dieron los “elefantes”, los trabajadores de salud de Neuquén que lograron arrancarle un aumento de más de 50% no solo al gobierno provincial del MPN, sino a la propia burocracia sindical de ATE, que ya los había entregado.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero y los ferroviarios de la Bordó, Ademys, los Suteba multicolores, el Sutna y tantos otros, decimos que este es el camino. Del mismo modo que desde el Frente de Izquierda Unidad lo reclamamos como primer punto de nuestro programa de emergencia ante la crisis. 

Escribe Claudio Funes

En medio de su fuerte interna por el armado de las listas en la Capital, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular de PRO, Patricia Bullrich, mantuvieron conversaciones con José Luis Espert.

El objetivo es fortalecer la alianza patronal para enfrentar a Axel Kicillof en las primarias de septiembre. Esta reunión agudizó el malestar de la Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió.

Por otra parte, PRO y la UCR tantean acuerdos con Ricardo López Murphy y la líder de GEN, Margarita Stolbizer que, al igual que Espert, exigió el cambio de nombre de Juntos por el Cambio.

¿Quiénes son José Luis Espert y Ricardo López Murphy?

Espert es economista y referente “del espacio de derecha liberal Avanza Libertad”, como lo define el diario La Nación (16/6/2021). Entre sus propuestas plantea echar a 1.800.000 empleados públicos y “dinamitar las leyes laborales” para reducir el gasto público.

Este “dinosaurio” tiene vínculos con el empresario Federico Machado, que fue detenido en Neuquén. La Justicia de los Estados Unidos lo acusa de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Tuvo un rol activo en la campaña de Espert en 2019, quizás no sea lo peor si tenemos en cuenta además que lo acompaña el impresentable Javier Milei.

Ricardo López Murphy también tiene su historia. A pesar de que De la Rúa no lo quería como ministro de Economía por sus viejas declaraciones en las que sostenía que debían rebajarse los salarios 10%, en marzo de 2001 lo nombró al frente de esa cartera. Solo duró quince días. Anunció un ajuste feroz, un fuerte recorte a los fondos docentes y al presupuesto de las universidades, rebajas al salario familiar; reducciones en el sistema jubilatorio, menos becas para los estudiantes, achique en gastos de salud, despido de trabajadores públicos, reforma laboral y una interminable lista de medidas contra el pueblo trabajador, la juventud y los sectores populares.

Queda evidenciado que Juntos por el Cambio no representa una alternativa para el pueblo trabajador. Pretenden parecer distintos buscando canalizar la bronca con el gobierno del Frente de Todos, pero ya nos gobernaron. Gobiernan para las multinacionales y los grandes capitalistas. Espert y López Murphy son una prueba más. Nunca más justo el viejo refrán “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Los trabajadores debemos rechazar sus mentiras. Encubren, como siempre, un feroz ajuste. Es la centroderecha que siempre ha hecho lo mismo.

El Frente de Izquierda Unidad es la única y auténtica salida a nuestros padecimientos.

Escribe José Castillo

El intento de denunciar a nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano Izquierda Socialista /FIT Unidad catalogándolo de “antisemita”, e incluso “nazi”, por sus críticas a la política genocida del Estado de Israel no es novedoso. Es parte de una campaña que, desde hace años, el sionismo viene llevando adelante en todo el mundo para acallar las cada vez mayores condenas a las acciones criminales contra el pueblo palestino.

Sin embargo, así como se acumulan las denuncias, también se suman los fallos rechazando la falsa equiparación de antisionismo con antisemitismo. En nuestro país tenemos el antecedente de la Cámara Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en un fallo de 2016 dictaminó con toda claridad que “criticar a Israel y sus políticas, por más duros que sean los términos que se empleen, no puede en ningún caso ser considerado un acto de discriminación racial o religiosa y por lo tanto no es pasible de persecución penal”.

En ese fallo, los jueces Marcelo Vázquez y Elizabeth Marum dejaron en claro qué es específicamente el antisemitismo: “Cuando una agrupación política promueva ideas de superioridad racial o religiosa, o cuando se alentare o incitare la persecución o el odio contra una comunidad –en este caso la judía– en virtud de su religión, raza o nacionalidad”. Algo totalmente opuesto a lo que planteamos quienes condenamos la masacre sionista sobre el pueblo palestino.

El tercer juez de la cámara, José Saéz Capel, adhirió a las mismas conclusiones que sus colegas, pero introdujo otros elementos más claros aún. Distinguió entre comunidad judía y Estado de Israel por tratarse de entes distintos: “Si una comunidad es un conjunto de personas vinculadas por intereses comunes, un Estado es una organización política compuesta de poder, territorio y población. Un Estado no puede nunca ser objeto de discriminación porque no es una ‘comunidad’”. Y concluye: “Cuestionar la política exterior de un Estado nación, en modo alguno implica discriminación racial o religiosa”. Y recuerda, para apoyar sus afirmaciones, al llamado Informe Goldstone, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2009 expresamente señaló la violación de los derechos humanos por el Estado de Israel en sus bombardeos a Gaza.

La definición de antisemitismo de IHRA

El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, buscando congraciarse con el gobierno de Netanyahu, aprobó la definición de antisemitismo de 2016 de la denominada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Aclaremos que esta alianza, a pesar de que su nombre puede llevar a confusión, no es una organización de víctimas del Holocausto ni reúne a las más importantes personalidades que por décadas han luchado para mantener viva la memoria de los crímenes nazis. Por el contrario, la IHRA es un ente intergubernamental formado por 31 países, sobre el que ejerce lobby el Estado de Israel buscando que los distintos  gobiernos “adhieran” a su definición de antisemitismo para equipararlo con antisionismo.

Cuando el gobierno de Alberto Fernández se sumó a esa definición, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, envió una nota al Inadi  solicitando que “adopte las medidas necesarias para evitar que la adhesión argentina a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA (Res. 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) sea utilizada como un recurso para perseguir la libertad de pensamiento, expresión y acción de todos aquellos que defendemos los derechos inalienables del pueblo palestino y nos oponemos, en consecuencia, al movimiento nacionalista extremista conocido como sionismo”.

La cátedra explicaba, ya en ese momento, las intencionalidades políticas que se intentarían poner en juego haciendo uso de esa definición. Así, señalaba en su texto: “El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Sr. Jorge Knoblovitz, no tardó un día en manifestar ‘antisionismo debería ser equiparado desde ahora con antisemitismo’. A su vez, el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, declaró: ‘Para que lo comprendan todos: los ataques a Israel, en tanto país judío, y al sionismo, movimiento de liberación nacional del pueblo judío, son en definitiva antisemitismo y judeofobia’. Por último, el Sr. Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, sostuvo abiertamente en el diario La Nación que ‘antisemitismo y antisionismo son lo mismo, para que no queden dudas’”.

Antecedentes europeos

El debate tiene antecedentes internacionales. En el año 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia señalando explícitamente que no se puede criminalizar la campaña de boicot contra Israel. Fue el fallo “Baldassi and others”, cuando se intentó condenar a once activistas franceses que realizaban campañas pidiendo el boicot contra productos israelíes. El fallo señaló que criminalizarlos violaba el derecho a la libertad de expresión.

Comentando este fallo, Marco Pergolini, investigador de Amnesty International, la organización internacional de derechos humanos más reconocida del planeta, señaló: “La decisión histórica de hoy sienta un importante precedente que debería poner fin al uso indebido de leyes contra la discriminación para atacar a activistas que hacen campaña contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina”.

Seguiremos denunciando los crímenes sionistas y defendiendo a una Palestina libre

Defendemos nuestro derecho inalienable a continuar apoyando al pueblo palestino y a denunciar una y mil veces los aberrantes crímenes del sionismo. Igual que lo hacemos con todas las causas de los oprimidos en el planeta. Del mismo modo en que, en los tiempos de Hitler, los socialistas revolucionarios, con León Trotsky a la cabeza, condenamos y enfrentamos con las armas en la mano al nazismo mientras gobiernos y empresas transnacionales negociaban con él o, peor aún, amasaban fortunas sobre los cadáveres de seis millones de víctimas judías del holocausto.