Escribe Doctor Oscar Atienza

La provincia de Córdoba está sumergida en una situación muy compleja, casi de caos sanitario, esto producto del manejo político de la pandemia, siempre decidieron ir contra el gobierno nacional y no privilegiaron la salud de los cordobeses, sino que optaron por agregar camas de terapia intensiva y avanzar hacia la defensa de la economía como punto diferenciador.

En las últimas semanas comenzamos a advertir que el sistema de salud colapsaba, que habiendo llegado a niveles de ocupación plena con casi 2.903 camas de UTI ocupadas debían agregar 400 camas más, lo que efectivamente hicieron el día 11 de mayo, llevando a Córdoba a tener 3.303 camas de UTI, eso no duró mucho tiempo, apenas unos días y volvió a colapsar el sistema, intentaron agregar más camas pero no pudieron por la limitación del personal de salud. Fue allí cuando optaron por agredir a quienes veníamos alertando sobre la situación, utilizando calificativos hacia mi persona ya que denunciaba situaciones de sobrecarga del sistema sanitario en diferentes medios locales y nacionales, apenas a 48 horas de estos dichos la provincia de Córdoba tuvo que tomar medidas más duras, casi fase uno reconociendo que no habían más camas para atender a los cordobeses.

El martes 8 se aprobó el código rojo, que posibilita la internación de personas en sus domicilios incluso aquellos que necesitan oxígeno, sin necesidad de trasladarlos al hospital, esto porque ya no hay lugar.

Lamentamos mucho que en lugar de preocuparse de la salud de los cordobeses intenten censurarme, tal como lo refirieron periodistas nacionales que recibieron presiones para que no me entrevisten más.

En varios medios el ministro de salud de la provincia Diego Cardozo, ha manifestado enfáticamente que: “El doctor Atienza es un irresponsable que no sabe nada de salud pública” como respuesta a mis denuncias, de hace meses, de que iba a ocurrir lo que ya está ocurriendo. Esperemos que con el mismo énfasis con que me atacan, se ocupen de la salud pública y trabajemos para que las personas no se enfermen de lo que no deben enfermarse y no mueran de lo que no deben morirse.

Escribe José Castillo

Hace dos semanas se difundió la “proclama del 25 de mayo”. Un importante sector del peronismo kirchnerista planteó allí la necesidad de suspender los pagos de deuda hasta que finalice la pandemia. Es una afirmación muy importante que no debe quedar en palabras. Llamamos al gobierno del Frente de Todos a que efectivamente lo lleve a cabo.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad saludamos que un amplio espectro de dirigentes políticos, sindicales y de otros sectores se pronuncien por la inmediata suspensión de los pagos de la deuda externa. Porque ese es un camino básico, casi elemental, para que los recursos que existen, en vez de ir a manos de los pulpos acreedores, se destinen a atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y sus consecuencias sociales.

Necesitamos ese dinero urgentemente, que no salga más de nuestro país, lo precisamos para atacar esta pandemia, para comprar más vacunas, para poder tener más trabajadores de la salud y más insumos médicos. También para que podamos atender las consecuencias sociales de la pandemia, que lamentablemente están sumiendo a millones en la miseria y la marginación social. 

Un importante paso adelante que debe concretarse

No se le escapa a muchas compañeras y compañeros peronistas y kirchneristas con los que discutimos cotidianamente que nuestro programa, el de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, es más amplio que lo que plantea la proclama del 25 de mayo. Nosotros estamos por dejar definitivamente de pagar la deuda externa, por ilegal, usuraria e ilegítima, y romper todos los lazos políticos y económicos con el FMI. Creemos que esa es efectivamente la salida de fondo para resolver los problemas que afectan al pueblo trabajador.

Pero tenemos un punto de acuerdo muy importante con la proclama del 25 de mayo, la necesidad de suspender inmediatamente todo pago de deuda en tanto siga la pandemia. Empecemos por eso, hagámoslo efectivo, será un gran paso adelante. 

Las compañeras y compañeros peronistas y kirchneristas saben que, sin embargo, no es eso a lo que están apuntando hoy el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán. Ambos sostienen que su objetivo es llegar lo más rápido posible a un acuerdo con el FMI. Y, para demostrarle al FMI su voluntad de negociación, están llevando adelante en 2021 un plan de ajuste que se verifica en la reducción de los gastos destinados a la pandemia respecto de 2020 y en una disminución muy fuerte en el poder adquisitivo de las jubilaciones. De hecho, desde el inicio del gobierno del Frente de Todos ya se llevan pagados en concepto de deuda externa 7.100 millones de dólares.

Por eso, si queremos que se haga realidad la propuesta de la proclama del 25 de mayo, hay que cambiar esto. La suspensión de los pagos la tenemos que imponer entre todos con la movilización. No puede quedar solo en una declaración. Es posible y necesario, entonces, poner en marcha un gran movimiento para llevarla adelante. Entre los firmantes están nada menos que los máximos dirigentes de la CGT y las CTA. Son conocidas las diferencias que tenemos con estos dirigentes, pero les proponemos que pasen de las palabras a los hechos frente a esta circunstancial coincidencia de sugerir la suspensión de los pagos de la deuda. ¡Hay que movilizar al movimiento obrero para imponer esa suspensión de los pagos! 

Tanto desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, como del Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero, los dirigentes de Ademys, el Sutna y los Suteba multicolor, les insistimos, ¡pónganse a la cabeza y movilicemos juntos para que se haga realidad!

Que el gobierno del Frente de Todos suspenda los pagos 

Los firmantes del documento son una parte importante del gobierno, hay diputados, senadores, gobernadores e intendentes. Por eso decimos que hay que pasar de los dichos a los hechos y suspender efectiva e inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa hasta que finalice la pandemia. 

Ahí está el dinero necesario para comprar más vacunas, para aumentar el presupuesto de salud, mejorar los salarios de los trabajadores de la salud y de las otras áreas del Estado, incluyendo a los docentes. También ahí está la plata para otorgar el aumento que se requiere para los jubilados y para adjudicar un IFE de emergencia a todo el que lo necesite, así como ayuda a los pequeños comerciantes. 

Que el gobierno de Alberto Fernández avance en la suspensión de los pagos sería un enorme paso adelante para enfrentar las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Firmada por importantes dirigentes políticos, sindicales y personalidades vinculados al kirchnerismo, el texto argumenta que “la deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”. Y a partir de ahí propone  en concreto que “los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis.”

A partir de ahí vienen los párrafos más interesantes: “Con esa idea central es que proponemos impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.”

Los principales firmantes del documento fueron Fernanda Vallejos (presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados), gobernadores, intendentes, Víctor Hugo Morales y los dirigentes sindicales Pablo Moyano, Hugo Yasky y Héctor Daer, entre otros. 

Escribe Claudio Funes

Todo aumenta y la inflación no cesa. En abril los alimentos subieron 4,3%, arrojando un acumulado de 17,5% para el primer cuatrimestre del año.

Las carnes continuaron liderando la suba de precios con 25,72% (la carne vacuna aumentó 65% en un año, transformándose en un bien de lujo). Frutas y verduras aumentaron 8,20% y los productos de almacén, casi 15 por ciento. Se estima una inflación de 50% para finales de 2021.

Con este panorama, los burócratas de la CGT y de las CTA se apuraron a cerrar acuerdos salariales a la baja. Veamos, la Uocra pactó 35,8% en cuatro cuotas, desde abril hasta febrero de 2022; UPCN Y ATE, 35% en seis cuotas, y la UOM, 35,2% en tres tramos.

Es tal el nivel de entrega que las empresas productoras de hidrocarburos y todos los sindicatos petroleros del país sellaron este martes una pauta salarial de 35% para 2021, que se abonará en diferentes tramos a partir del mes de enero de 2022 y con “posibilidad” de revisión (Ámbito, 3/6/2021).

Qué nos puede sorprender de una burocracia que firma 35% de aumento para el salario mínimo, vital y móvil en siete tramos no acumulativos y que alcanzará los 29.160 pesos recién en febrero de 2022.

Para semejantes entregas pactadas con el gobierno ya ni les alcanza la excusa del 29% de inflación proyectada por el ministro de Economía en el presupuesto de 2021, cifra en la que ni el propio gobierno cree. Ante esta situación, hasta las patronales de sanatorios, clínicas y hospitales privados se atreven a pedir la suspensión de las paritarias del sector. Alegan carecer de recursos a pesar de los subsidios que reciben y el aumento de las prepagas.

Mientras se daban estos vergonzosos acuerdos, en el Sur del país se desarrollaba una lucha heroica. Los trabajadores de la salud autoconvocados de Neuquén se rebelaron ante la traición de la burocracia de ATE que había pactado un miserable 15% de aumento salarial con el gobernador Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino. 

Se organizaron en asambleas para discutir cada paso, así surgió un nuevo organismo democrático de lucha, la interhospitalaria. Fueron dos meses de durísima pelea, con días y noches cortando rutas y bloqueando Vaca Muerta, lo que les permitió conquistar un incremento de 53%, el pase a planta permanente de 1.350 trabajadores y la extensión del aumento a todos los trabajadores estatales de la provincia.

Lucharon contra la política del gobierno y la conducción burocrática de su gremio, que boicoteaba sus acciones.

La lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén es un ejemplo a seguir. Demuestra que se puede pelear y ganar a pesar de las direcciones sindicales traidoras.

Lo prueba también el sindicalismo combativo con los trabajadores de la industria del neumático (Sutna), que conquistaron 54% de aumento salarial.

Por eso, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y el Plenario del Sindicalismo Combativo les exigimos a la CGT y a las CTA que rompan el pacto con el gobierno y convoquen a un plan de acción por un aumento salarial de emergencia y por la reapertura de las paritarias.

Al mismo tiempo debemos organizarnos, debatir en asambleas y votar las medidas necesarias buscando unificar y coordinar con otros luchadores. Así podremos conquistar que se reabran las paritarias y lograr un aumento salarial que no pierda con la inflación. Neuquén nos mostró el camino.

Escribe Claudio Funes

Los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, Cristina Kirchner y Sergio Massa, dispusieron un aumento de 40% en sus dietas (96.000 pesos), 11% más que el 29% de inflación prevista en el presupuesto de ajuste de 2021 que ellos mismos impulsaron y votaron hace apenas seis meses.

Los legisladores cobran una dieta (sueldo) que incluye ingresos adicionales, gastos de representación, movilidad y pasajes terrestres y aéreos. Además, en caso de vivir a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perciben un plus por “desarraigo”.

En la actualidad, la dieta de un diputado es de 240.000 pesos en bruto, más 25.000 pesos de gastos de representación. El aumento representa 96.000 pesos más. Es decir que la dieta, con el 40%, se irá a 336.000 pesos, una vergüenza atento a que millones siguen hundidos en la pobreza y la indigencia. 

Los mismos que votaron la ley de movilidad jubilatoria, que condena a los jubilados que perciben el haber mínimo a sobrevivir con 23.064 pesos, se otorgan un “dietazo”. Se burlan de los abuelos. Además, un sueldo promedio en la Argentina ronda los 50.000 pesos, muy por debajo de los 96.800 pesos que estiman los trabajadores de ATE Indec para una familia tipo.

Con el dietazo no hay grieta entre los partidos patronales más allá de algunas declaraciones que tienen que ver con el calendario electoral.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad rechazamos enérgicamente este aumento, una verdadera afrenta al pueblo trabajador y los sectores populares. Es por estas razones que nuestro diputado, Juan Carlos Giordano, junto con el resto de los legisladores del FIT Unidad, vienen proponiendo que toda diputada o diputado cobre lo mismo que una directora de escuela. Nuestras diputadas y diputados perciben eso y ponen el resto de sus dietas al servicio de las luchas y la construcción de una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda. Así lo hacemos desde Izquierda Socialista junto al FIT Unidad.