El presidente acaba de emitir un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. -que estaba en concurso preventivo- y el envío de una ley para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.
En los fundamentos se señala que el principal acreedor es el Banco Nación, entre otros, a quien la empresa pidió un préstamo millonario y no devolvió. Un nuevo robo y estafa a las que nos tienen acostumbrados las empresas privadas.
Vicentin es una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales (venta de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales) y dependen de ella más de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno ha decidido intervenir la empresa, según dice, para “evitar una mayor disminución de los activos de la sociedad y proteger los puestos de trabajo”. Es necesario que en situaciones de emergencia se tomen medidas que tiendan a ir en ese sentido. Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin, pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonarle la deuda. No puede haber ningún “rescate” para empresarios mafiosos, entre ellos la multinacional suiza Glencore que siendo parte de dicha empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. Y en segundo lugar, lo que se necesita es avanzar en una completa estatización para que en un 100 por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y técnicos, no a través de una empresa mixta que siempre sabemos termina beneficiando al sector privado y no los trabajadores y al país”.

Giordano finalizó: “El gobierno también dice que esta medida va en función de garantizar “la soberanía alimentaria”. Pero la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones. Y lo que se exporte beneficie a los trabajadores y al pueblo, no a las multinacionales del agronegocio. Eso se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y no con un mercado como el actual controlado por multinacionales y grandes empresas como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones”.

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