1. Las y los legisladores del Frente de Izquierda-Unidad en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que la participación de funcionarios del gobierno porteño en el viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín junto a jueces, fiscales y agentes de inteligencia pone de manifiesto una trama de complicidades entre jueces, políticos y medios de comunicación en función de intereses de determinados grupos empresariales. Donde también estuvo involucrado el jefe de Asesores de Alberto Fernández, Julián Leunda, que ante el escándalo tuvo que renunciar. La defensa que ha realizado Horacio Rodríguez Larreta de los funcionarios involucrados, tanto del ministro de Seguridad Marcelo D ´Alessandro como el fiscal general de CABA Juan Bautista Mahiques, convierte al Jefe de Gobierno en responsable directo de sus acciones. Queda en evidencia también la hipocresía de sus discursos a favor de la independencia de la Justicia que suele repetir Larreta junto a otros dirigentes de la coalición macrista, que incluyen a los legisladores de la UCR y de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
En oposición a ellos exigimos el juicio político a Marcelo D´Alessandro como Juan Bautista Mahiques, también hemos presentado un pedido de interpelación a Larreta por su encubrimiento. Esto debería discutirse en una sesión ordinaria donde podamos expresar nuestras posiciones.
2. Las y los trabajadores y vecinos que han realizado reclamos contra el gobierno porteño saben por experiencia propia que esta manipulación del Poder Judicial está ampliamente extendida en la Ciudad de Buenos Aires. Si los reclamos logran algún fallo favorable en jueces de primera instancia luego son revertidos cuando pasan a una instancia superior, sean la Cámara de Apelaciones o el Tribunal Superior de Justicia. Este Poder Judicial se fue conformando mediante nombramientos en la Legislatura que fueron pactados entre el PRO y el peronismo de modo abierto y a la vista de todos. Estos pactos han sido sellados por los máximos funcionarios del PRO del distrito con dirigentes centrales del PJ porteño, como ser el actual vice jefe de gabinete de la Nación, Juan Manuel Olmos.
3. La disputa por el manejo de la Justicia alcanza por igual a todas las fuerzas políticas tradicionales. Lo que sucede en el distrito porteño se repite en las provincias dirigidas por el peronismo y el radicalismo sin excepción. A nivel nacional esta disputa alcanza niveles aun mayores, porque el Poder Judicial no responde unánimemente a un gobierno sino que se ha dividido entre el oficialismo y la oposición y los intereses que cada uno de ellos ampara. Jueces puestos a dedo con el aval del Senado y de un Consejo de la Magistratura dominado por el peronismo y la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Estos choques han sacado a la luz hechos de corrupción que habitualmente no trascienden, dado que hay un interés general de ocultarlos de todos los políticos capitalistas, que gobiernan beneficiando a la patria contratista, a las empresas concesionarias de servicios públicos y empresarios amigos que luego financian sus costosísimas campañas electorales.
4. Los choques y denuncias cruzadas entre oficialistas y opositores en el país y en la Ciudad de Buenos Aires ponen de relieve que estamos ante una descomposición general de los gobiernos del Frente de Todos y de Juntos, solo preocupados por las elecciones del año que viene mientras gobiernan con más ajuste sobre el pueblo trabajador, y de un régimen político responsable del crecimiento de la pobreza, la indigencia, la miseria salarial, la precarización laboral y el sometimiento al FMI. La salida a esta situación requiere construir una salida propia de los trabajadores y la izquierda, como lo venimos postulando con el Frente de Izquierda Unidad con nuestra salida de fondo.
El Frente de Izquierda Unidad es el único bloque que para terminar con esta justicia patronal, elitista y patriarcal acomodaticia ante los gobiernos de turno postula una verdadera democratización del Poder Judicial que comience por la elección popular de los jueces y fiscales, así como la posibilidad de su remoción por el mismo mecanismo, que ganen lo mismo que un trabajador calificado y por la aplicación de juicios por jurados.
Mercedes de Mendieta
Alejandrina Barry
Gabriel Solano
Secretaria de prensa
1168520057
