Escribe Nicolás Núñez
Legislador electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

En el marco de una causa de espionaje ilegal perpetuado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri aparece un listado de 500 periodistas afectados y organizaciones de izquierda, entre ellas PTS que integra el Frente de Izquierda Unidad. El informe de inteligencia fue construido en base al accionar de un agente infiltrado en convocatorias de trabajadores en la víspera de la llegada de Donald Trump al país bajo el gobierno de Macri, así como también sobre organizaciones barriales y el reparto de la entrega de alimentos a comedores, entre otras actividades espiadas.
Estos hechos muestran una continuidad entre el Proyecto X de Sergio Berni durante el gobierno kirchnerista -quien hacía tareas inteligencia sobre las protestas obreras-, las cuales continuaron con el gobierno de Macri y Cambiemos y el Ministerio de Seguridad de Bullrich. Ahora siguen con el nuevo recambio gubernamental. Ya han sido denunciadas bajo este gobierno del Frente de Todos tareas de espionaje sobre asambleas de trabajadores del INTI y la lucha de los mineros de Andacollo de Neuquén, a la vez que se ha lanzado el ciberpatrullaje en redes sociales motivando ya procesamientos y detenciones.
El espionaje interno está prohibido por ley, pero gobiernos peronistas, radicales y el macrismo lo han utilizado al servicio de sus políticas. Desde Izquierda Socialista manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de este repudiable accionar ilegal, exigimos el inmediato esclarecimiento de los casos y el castigo a los culpables. Y reiteramos una vez más que hay que desmantelar el aparato de inteligencia y todo el aparato represivo que todos los gobiernos han sostenido desde la dictadura hasta estos días.

Contactos: 
Nicolas Nuñez: 11 5046-3796
Prensa: 1160540129

Escribe Nicolás Núñez, legislador electo CABA

Ramona Medina, la referente de La Poderosa en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), falleció después de haber sido internada tras contagiarse de Coronavirus. Su caso fue uno de los cientos que fueron anunciándose a lo largo de estas semanas en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el momento que el virus llegó al país se sabía que podía hacer estragos ahí donde se acumulan décadas de abandono consciente por parte de los gobiernos de turno. Ramona estuvo a la cabeza de señalar cuando la advertencia pasó a ser un hecho de la realidad. “Nos mataron a Ramona” dicen sus compañeros y compañeras, y tienen razón. Su muerte es un crimen social con responsables políticos.

Desde que comenzó la crisis del Coronavirus mucho se ha dicho sobre que “el virus no distingue clases sociales”, algo que puede ser relativamente cierto en términos biológicos. Ahora bien, las políticas de los gobiernos sí distinguen clases sociales, y por eso, a fin de cuentas, en Argentina y en todo el mundo, la mayor parte de infectados y muertos corresponden a los sectores populares.

En la Ciudad de Buenos Aires la realidad es clara. Los primeros centenares de casos se acumularon en los barrios más ricos de la Ciudad, los casos importados de las vacaciones en el extranjero. Al transformarse en miles, esos barrios han reducido drásticamente la velocidad de contagio, y el virus ahora se “importa” en la salida a buscar un sustento para hacer frente al hambre. Y se multiplicó allí donde ni siquiera se cuenta con agua para lavarse las manos. Ese desplazamiento no es azar, es una decisión política.

Las políticas de los gobiernos distinguen clases sociales, por eso Larreta tuvo protocolos para el “take away” del café importado, pero ningún protocolo para el resguardo allí donde miles viven hacinados. Distinguen clases sociales y por eso el agua que provee AySA no se cortó en Belgrano, se cortó en la 31 y la 1-11-14. Distinguen clases sociales, y por eso hubo rápido aislamiento en el lujoso Hotel Panamericano (cuatro estrellas) para quienes venían de un Buquebús en el que se detectó un caso, pero a los familiares de Toribia Balbuena, la primera fallecida en la 31, los “aislaron” (once personas) en su misma casa en unos mínimos metros cuadrados.

¿A esta altura, acaso alguien duda que la eterna postergación de la urbanización del Barrio Padre Mugica no responde a otra cosa que a la voluntad todopoderosa del negociado inmobiliario porteño? Hay que decir la realidad: los “desarrolladores inmobiliarios”, los especuladores del metro cuadrado que quieren desalojar a los habitantes de la 31 para extender Puerto Madero hacia el norte, CE-LE-BRAN los contagios en el barrio. Un virus les ahorra el trabajo a sus topadoras.

Las políticas nacionales también distinguen clases sociales, por eso los laburantes sufren centenares de miles de despidos y se avala una reducción del 25% del salario, mientras el impuesto a las grandes fortunas para hacer frente al Coronavirus no aparece por ningún lado. A los sectores más vulnerables se les ofrecen apenas $10mil, mientras al FMI se le pagan 320 millones de dólares. ¿Acaso esta plata metida en los barrios populares no podría en estos dos meses haber servido para combatir el contagio que todos pronosticaban y sucedió?

Ambos gobiernos guardan una responsabilidad ante este crimen social. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que ni el gobierno de la Ciudad y ni el de la Nación han tomado: un fondo de emergencia en base a un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de $30mil, combatir el hambre, y también fortalecer el sistema de salud.

Exigimos justicia para Ramona y medidas urgentes para combatir al coronavirus en los barrios humildes. Enviamos nuestro apoyo a sus familiares que también han sufrido el contagio, y a sus compañeros y compañeras de La Poderosa que hace tiempo vienen militando la visibilización de estas realidades que la cobertura mediática de Larreta (incluso en los medios kirchnerista) oculta.

Nuestra solidaridad va de la mano de exigir, y comprometernos a pelear por, terminar ya con esta ciudad al servicio del lucro y no de sus habitantes. Si no es ahora frente a la crisis monumental del coronavirus, ¿cuándo? Si ésto no empieza ya por los barrios humildes, ¿por dónde? Si no es ante la necesidad de salvar miles de vidas, ¿para qué?

¡Justicia para Ramona, los gobiernos son responsables!

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Repudiamos las decisiones gubernamentales y del Poder Judicial que avanzaron con la liberación de genocidas y violadores de sus lugares de detención. Entre estos hechos repudiables señalamos el caso del juez Daniel Obligado, que procedió a mandar a su casa a Carlos Capdevila, genocida conocido como el “partero de la ESMA”. Se trata del mismo tribunal que hace semanas hizo lo propio con Amado Boudou. También fue enviado a su casa Lucio César Nast, alias Ronco, ex policía condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el servicio de inteligencia de la ex jefatura de la policía de Rosario. Asimismo, se han conocido casos de violadores que fueron beneficiados con la domiciliaria sin considerar los reclamos de las víctimas.

El gobierno es responsable de esta situación, que ya tiene como antecedente el pedido de liberación del corrupto, asesino y responsable de la masacre de Once Ricardo Jaime, llevado adelante por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla. No puede desentenderse de estos hechos, como ha intentado hacer pasándole la pelota a la Justicia que, como todos sabemos, funciona con estrechos lazos con cada gobierno de turno.

La oposición macrista, por su parte, posa en este momento en rechazo a las domiciliarias, pero es la misma que en 2018 presentó un listado de personas a liberar que incluía violadores, miembros de redes de trata y genocidas como el Tigre Acosta.

A través de las redes sociales, haciendo uso de noticias falsas y con la ayuda de medios de comunicación afines, la oposición patronal buscó volcar la indignación por la liberación de violadores y genocidas contra los legítimos reclamos por las condiciones de hacinamiento y exposición al contagio de Covid-19 que se han dado en todo el sistema penitenciario. Incluso han obtenido el martes 5 de mayo un fallo de la Justicia bonaerense en ese sentido.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que para descomprimir el hacinamiento ante la pandemia se deben garantizar las condiciones de higiene y salubridad que hoy en día no existen, realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo con condenas menores a tres años o sin condena firme, pero claramente excluyendo a los homicidas, femicidas, abusadores, violadores, corruptos y condenados por delitos de lesa humanidad. 

Escribe Nicolás Núñez Legislador electo CABA

Izquierda Socialista/FIT Unidad

Repudiamos las decisiones gubernamentales y del poder judicial que avanzaron con la liberación de genocidas y violadores de sus lugares de detención. Entre estos hechos repudiables señalamos el caso del juez Daniel Obligado que procedió a mandar a su casa a Carlos Capdevilla, genocida conocido como el “partero de la ESMA”. Se trata del mismo tribunal que hace semanas hizo lo propio con Amado Boudou. Asimismo se han conocido casos de violadores que han sido beneficiados con la domiciliaria pasando por encima de los reclamos de las víctimas.

El gobierno es responsable de esta situación que tuvo como uno de sus antecedentes el pedido de liberación del corrupto, asesino y responsable de la masacre de Once, Ricardo Jaime, llevado adelante por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla. No puede desentenderse de estos hechos, como ha intentado hacer pasándole la pelota a la justicia, que es sabido funciona con estrechos lazos con los gobiernos de turno.

La oposición macrista, por su parte, posa en este momento rechazando esta situación, pero es la misma que en 2018 presentó un listado de personas a liberar que incluía violadores, miembros de redes de trata y genocidas como el “Tigre” Acosta.

Distinguimos claramente la liberación de detenidos por crímenes aberrantes de los legítimos reclamos de quienes piden contra las condiciones de hacinamiento y exposición al contagio de Covid-19 que se han dado en todo el sistema penitenciario. Para descomprimir el hacinamiento ante la pandemia se debe realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo con condenas menores a tres años o sin condena firme, pero claramente excluyendo de éstos a los acusados de homicidio, femicidas, abusadores, violadores, corruptos y condenados por delitos de lesa humanidad.

Contactos:

Nicolás Nuñez: 1150463796 @nicolasnuniez

Facebook: Nicolás Nuñez

Prensa: 1160540129

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una publicidad oficial dice que en el número en el cual se puede denunciar a quienes no cumplen la cuarentena, también se puede denunciar si algún efectivo comete algún “exceso en su deber”. Al oído desprevenido puede dar a entender que el gobierno está preocupado por garantizar que no existan atropellos policiales, pero la realidad dista enormemente de ello. Para muestra basta un botón: a pesar de que el propio Ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente después de la represión en el frigorífico Penta prometiendo que los efectivos que agredieron a los trabajadores iban a ser removidos, los mismos efectivos siguen haciéndose presente diariamente en la puerta de la empresa donde los compañeros siguen organizándose.

A esto hay que sumar una multiplicación diaria de los casos de maltratos policiales, detenciones arbitrarias, golpizas, violaciones, y hasta muertes dentro de las comisarías que se dan a lo ancho y largo del país. Al gobierno desde ya que no puede resultar inadvertido esta realidad. Más bien, el hecho concreto es que estos hechos aberrantes son el complemento de un enorme aparataje de intimidación judicial con el que hasta este lunes 27, según el reporte de Correpi, se abrieron causas a 4.052.286 personas. Casi uno de cada diez argentinos, y con miles y miles de personas que denuncian que la aprehensión policial se produjo mientras realizaban alguna de las actividades permitidas por el gobierno, como salir a hacer las compras.

Esta violencia para con los sectores populares desde ya que no tiene ningún equivalente a la hora de castigar a los empresarios que remarcan precios, que violan el decreto de prohibición de despidos, o que obligan a los trabajadores a armar habilitaciones truchas de circulación para que vuelvan a las fábricas. Como venimos señalando junto a los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo el lema de “hacer cumplir la cuarentena” existe una clara política de fortalecimiento y luz verde a las fuerzas represivas con el objetivo de darles mayor poder a la hora de regimentar la vida social. Algo que desde ya va de la mano del llamado “ciberpatrullaje” con el que se imputó a un joven por tuitear la palabra “saqueo”.

Que esto puede estar relacionado incluso con la intención de preparar su intervención para reprimir la protesta social es algo que excede a una mera especulación si vemos por ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró bajo carácter de urgencia equipamiento “antidisturbios” por 53 millones de pesos. La plata que no va para la protección en los hospitales, va destinada a pertrechar a la policía metropolitana frente a las protestas que van a despertar las políticas de ajuste brutal que anuncia el gobierno porteño con su “ley de emergencia”.

Pero el colmo desde el punto de vista simbólico de esta política de embellecimiento al aparato represivo lo tuvimos con la decisión anunciada de mandar al ejército a “armar barbijos” a la ESMA. Un sitio de memoria por el que se calcula pasaron 5.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, en un cúmulo de crímenes de lesa humanidad aún impunes cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Desde Izquierda Socialista decimos nuevamente que repudiamos la política de empoderamiento de las fuerzas represivas, reclamamos el fin de la represión, y la remoción real e inmediata de todos los efectivos que están cometiendo estos atropellos en todo el país. Llamamos nuevamente a sostener la guardia en alto contra la pandemia, pero también contra la violencia estatal, exigiendo una cuarentena sin represión.