El proyecto votado en Diputados, y que esta semana seguramente se aprobará por unanimidad en el Senado, le despeja el camino al gobierno para negociar los pagos de deuda libremente con los pulpos acreedores. Veamos: le entrega la suma del poder para cualquier renegociación sin tener que volver a pasar por el Congreso, autoriza a contratar bancos y consultoras para el propio proceso de renegociación (a los que se les pagará las millonadas correspondientes), y refuerza (por si a alguien le quedaba alguna duda) que la Argentina se somete a las jurisdicciones extranjeras para resolver cualquier controversia con los acreedores (que fue lo que nos llevó no hace tanto tiempo a depender del juez Griesa, que fallaba sistemáticamente a favor de los fondos buitres). Más allá de los aspectos técnicos de lo votado, todos los analistas y periodistas del establishment coincidieron en que lo más importante fue el “mensaje político” de unanimidad: todos los partidos patronales se pronunciaron explícitamente por seguir pagando.
¿Deuda o estafa?
Se ha desatado una auténtica campaña desde el oficialismo peronista, obviamente con el eco de la oposición de Juntos por el Cambio: “las deudas se pagan”. Buscan poner bajo la alfombra las propias denuncias sobre la estafa que significó la deuda tomada por Macri (ver “¿Qué decía el peronismo de la deuda de Macri?”).
Nosotros insistimos: las estafas no se pagan. Y la deuda externa argentina es una gigantesca estafa, que está desangrando a nuestro pueblo desde hace casi 40 años. Se probó, una y cien veces, que el origen de nuestra deuda externa estuvo en los negociados de la dictadura genocida con grupos económicos locales y extranjeros que se beneficiaron. Incluso hay un fallo jurídico ejemplar, el del juez Ballesteros (a partir de las denuncias de Alejandro Olmos), que demostró en el año 2000 el carácter ilegítimo e ilegal de la deuda externa argentina. La misma que, acumulando intereses sobre intereses, pasando por varias “renegociaciones” y “canjes”, siempre aumentó, multiplicándose hasta hoy. No es cierto que durante el kirchnerismo “nos desendeudamos”: en 2003 debíamos 190.000 millones, pagamos en efectivo en todos esos años casi 200.000 y, al final de 2015, se debían 240.000. Macri le agregó luego su nuevo y particular capítulo a esta estafa. Pero nunca, ni un solo peso de toda esa deuda, fue para salud, educación, vivienda o salario. Siempre estuvo destinada a aumentar las ganancias de los buitres acreedores.
¿Negociar, crecer y redistribuir la riqueza?
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina insiste con un planteo: que se puede conversar con los acreedores y el FMI y luego, logrando correr un poco los vencimientos más acuciantes, se abrirá un sendero donde se podrá reactivar la economía, mejorar los salarios y el empleo, y, a la vez, pagar la deuda.
Digámoslo con todas las letras: esta es una utopía. Y una utopía reaccionaria. Porque como ya sucedió otras veces, pretende engañar y confundir al pueblo trabajador. Ya tuvimos un primer capítulo. Detrás de todo un discurso de “solidaridad con los que más sufren”, se votó una ley en diciembre que suspende la movilidad jubilatoria. La excusa fue que los jubilados que cobran la mínima no perderían por la percepción de un bono por única vez en diciembre y enero. Pero en todas las negociaciones con los acreedores y en las reuniones con el FMI, se pone sobre la mesa el “ahorro” (léase ajuste) que significará no pagarle lo que le corresponde a los jubilados. Más aún, en la propia ley de “solidaridad” se establecía que 4.500 millones de dólares, la mitad de todas las reservas de libre disponibilidad se aplicarían a pagar los vencimientos de deuda que se dieran “mientras se renegocia”.
Aún así este ajuste no alcanza. En las reuniones con los acreedores trascendió que estos usureros le reclaman al gobierno “un plan integral”. ¿Qué es esto? Quieren saber que más se va a ajustar para garantizarles que seguirán cobrando en el futuro.
¿Cuál es la salida?
El gobierno plantea que la negociación de la deuda deberá estar terminada para fines de marzo. A partir de ese momento pasará a nivel nacional lo que hoy ya está sucediendo en la provincia de Buenos Aires (ver “Se pagan en efectivo 250 millones de dólares”), se vienen vencimientos impagables. A esto el gobierno de Fernández subordina todo, incluso postergó el tratamiento del presupuesto 2020, con el claro objetivo de primero determinar qué y cómo se pagará a los acreedores y luego, con lo que quede, distribuir las otras partidas. Termine como termine, será con millones de dólares en manos de los pulpos, pagados por el pueblo trabajador.
Por eso insistimos en “otro camino”. El único que de verdad puede hacer aparecer la plata para resolver las más urgentes necesidades populares: dejar de pagar esta deuda ilegítima e inmoral. Frente a la “unanimidad” de peronistas, macristas y radicales, decimos que la salida es conformar un gran movimiento por el no pago, que se plantee tareas concretas, como empezar por repudiar la visita que la semana próxima hará al país la misión del FMI. El camino de suspender los pagos es posible si el pueblo lo impone con la movilización. Como lo muestran los grandes ejemplos de las luchas contra los ajustes que se dio en Ecuador el año pasado, o que continúan hoy en Francia o Chile.
