Escribe Guido Poletti
Con la excusa de la crisis del coronavirus, cada vez son más las empresas que empiezan a plantear rebajas salariales. Lo hacen con distintos mecanismos, que van desde pagar “ahora” el 50% del salario y el resto más adelante, suspender personal pagando una sola parte del sueldo, no cumplir con los adicionales o bonificaciones, o directamente “rebanar” un porcentaje del salario.
Es el caso de las automotrices, que se amparan en planes de suspensiones. O Latam, que informó que parte de sus trabajadores cobrarán apenas el 50% de su salario. Las empresas de medios audiovisuales Polka y América también anunciaron que van a pagar el sueldo en dos cuotas. La situación empieza a generalizarse. Incluso entre los estatales se empieza a hablar de recortes salariales: La Voz del Interior anunció que en Córdoba se estudian bajas de hasta 30%. En la provincia de Buenos Aires, municipios como Ituzaingó y Exaltación de la Cruz ya “picaron en punta” anunciando que no pueden pagar los sueldos.
Se está lanzando una auténtica campaña desde las patronales para que se bajen los salarios con la vergonzosa complicidad de la burocracia sindical (el propio Daer llegó a aceptar que el tema “está en estudio”, aunque después debió desdecirse por el repudio que ello ocasionó).
Cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos
En ese marco, el pasado lunes 30 de marzo se produjo un cacerolazo en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires pidiendo que los políticos se bajen los sueldos. También se sintió en algunos lugares del interior, como en Córdoba. El cacerolazo se monta en la bronca popular contra los altos salarios de los políticos frente al robo a los jubilados y la miseria creciente. Todo esto agudizado por la pandemia del coronavirus. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos planteando desde siempre que todos los legisladores y demás funcionarios del gobierno deben cobrar el salario de un docente. En eso no hay debate con nosotros. Pero debemos advertir que el cacerolazo fue organizado por sectores reaccionarios que responden a los intereses de las grandes empresas y multinacionales. Y que forma parte de toda esa campaña lanzada con el objetivo de que se plantee un recorte generalizado de los salarios, con la excusa que de otra forma lo que seguirá serán despidos en masa.
Nueva ola de despidos
El caso de los 1.450 trabajadores que intentó despedir la multinacional Techint puso sobre la mesa una cuestión que venía sobrevolando desde días anteriores: empresas que aprovechan la crisis para despedir personal (en algunos casos, la mayoría de su plantel). Amparándose en la excusa legal de una situación de “fuerza mayor”.
No se trató nada más de Techint. La semana pasada la cadena Cinemark Hoyts (empresa que el año pasado reconoció ganancias por 3.300 millones de dólares) avisó por teléfono el despido a sesenta de sus trabajadores. También se verificaron despidos masivos en Norcenter y GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas que llegó a echar a trabajadores que hasta el día anterior estaban en la primera línea de la exposición al coronavirus. A esto hay que sumarle otros en el personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de quioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet del aeropuerto de Ezeiza.
¡Ninguna rebaja salarial! ¡Que se pague el 100% de los salarios! ¡Prohibir suspensiones y despidos!
Las empresas ganan millones a costa del sacrificio de sus trabajadores. Ahora el gobierno llama a “su buena voluntad” para que “colaboren”. Pero deja correr que se empiecen a rebajar los salarios o a pagarlos en cuotas. Las crisis deben ser pagadas por las patronales, que acumulan millonadas, y no por los trabajadores. No hay que aceptar ninguna rebaja salarial. Se le debe garantizar a cada trabajador el 100% de sus salarios de bolsillo, ya de por sí más degradados que nunca por el aumento de los precios de las últimas semanas. La presión popular obligó al gobierno de Fernández a decretar la prohibición de suspensiones y despidos por 60 días. ¡Todos los trabajadores despedidos en estos días deben ser reincorporados! La crisis no deben pagarla los trabajadores, sino los capitalistas, por medio de impuestos a sus super-ganancias y el no pago de la deuda externa.