Las grandes patronales se aprovechan de la crisis para despedir, suspender, subir precios y conseguir mayores subsidios del gobierno. Son los “vivos” a los que hay que castigar. Las medidas del gobierno.
Escribe José Castillo
Una parte mayoritaria de la clase trabajadora cumple en su casa la cuarentena por el coronavirus. Otro sector sale diariamente a atender en hospitales, servicios comunitarios, a producir o distribuir mercaderías básicas como alimentos o artículos de limpieza. Se multiplican las muestras de solidaridad en los barrios, visibles en los masivos aplausos a los trabajadores de la salud, que se repiten cada noche.
Del otro lado, la conducta de las patronales empresarias es exactamente la opuesta. Desde los casos más aberrantes, como el de Techint, que intentó despedir 1.450 trabajadores, hasta los que aprovechan para bajar los sueldos (planteando que no pueden pagar el 100%). Y ni qué hablar de aquellos que no les dan a sus propios trabajadores los elementos mínimos de seguridad e higiene, poniéndolos en serio riesgo ante la pandemia. Se da el caso, incluso, de empresas que hacen pasar por “actividades esenciales”, que no lo son, tareas de montones de trabajadores, obligándolos a concurrir a sus lugares de trabajo y, una vez más, poniéndolos en riesgo a ellos y a sus familias.
A esto sumémosle las cadenas de híper y supermercados que aprovechan para aumentar indiscriminadamente los precios, burlándose abiertamente de los “precios máximos”, o acaparan productos de primera necesidad, como se descubrió que hacía la cadena Farmacity con el alcohol en gel.
El gobierno de Alberto Fernández ha minimizado todos estos casos planteando que se trataría de excepciones. “Hay que castigar a los vivos”, afirmó.
Los verdaderos “vivos” son los grandes empresarios que hacen todas esas cosas que citamos más arriba. Y a los que el gobierno no sólo no castiga, sino que les destina la mayor parte del dinero que teóricamente debe dirigirse a la emergencia, con la excusa de que “así se cuidan los puestos de trabajo”. Ahí termina yendo el grueso de la plata, en subsidios estatales para que paguen salarios, en créditos “blandos”, en exenciones al pago de aportes patronales, en moratorias impositivas. Y ni qué hablar de los más grandes “vivos” de todos, los acreedores de la deuda externa, que esta semana cobrarán 250 millones de dólares en efectivo.
Mientras tanto los trabajadores de la salud reclaman más elementos básicos, para lo que se requiere una inyección enorme de nuevos recursos con destino a atender la pandemia, tal como bien denuncia la Cicop. Amplios sectores populares que vivían al día trabajando en negro o haciendo changas ahora deben esperar para terminar sobreviviendo todo el grupo familiar con una “ayuda de 10.000 pesos”. Y el grueso de la clase trabajadora sigue viendo cómo se pulverizan los salarios con el nuevo salto de los precios.
No alcanza con apelaciones a la supuesta buena voluntad, como hizo el gobierno con Techint. La solución es otra, esta crisis la tienen que pagar los capitalistas, no los trabajadores. la indignación popular ante el caso Techint obligó al gobierno a prohibir por 60 días las suspensiones y lo despidos: un importante triunfo para el pueblo trabajador. Hay que obligar a las patronales a pagar el 100% de los salarios. Las grandes empresas, los bancos, todos los que hicieron superganancias en el pasado inmediato deben aportar con impuestos especiales ante la emergencia. Y, sobre todo, debe suspenderse inmediatamente el pago de la deuda externa poniendo todos esos recursos al servicio de lo requerido para atender la pandemia.