Escribe Claudio Funes

Hay una auténtica campaña llevada adelante por el conjunto de las patronales para promover rebajas salariales generalizadas con la excusa de la crisis del coronavirus.  

El decreto 329, del 31 de marzo, firmado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el despido unilateral pero admite acuerdos con los sindicatos para bajar hasta 50% los salarios, como de hecho ya está ocurriendo. El artículo 3° del decreto exceptúa de la prohibición a las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.  

Siguiendo esta normativa, la cartera de Trabajo autorizó a la aerolínea low cost Flybondi, en acuerdo con los propios sindicatos, a la suspensión de actividades por noventa días con una rebaja salarial de 30% y cláusulas de flexibilidad, a cambio de mantener los puestos de trabajo. Entre tanto, Latam recortó 50% los haberes de sus 2.300 empleados en la Argentina entre los meses de abril y junio. También, la cadena de pizzerías La Continental rebajó 50% del sueldo de marzo a sus trabajadores, y el millonario empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, con el argumento de que bajó la producción de la planta 50% por el aislamiento, anunció que recortará los salarios de abril.

La gran patronal aprovecha la trágica crisis del coronavirus para hacer realidad sus viejos anhelos: rebaja salarial y flexibilización laboral a cambio de no despedir. Una miserable extorsión. Para ello cuenta con la inestimable complicidad de la burocracia sindical peronista. 

Las cadenas multinacionales de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC y Mostaza, a pesar de que vienen ganando fortunas en todos los países donde operan, redujeron más de 30% de los sueldos y el presentismo a sus trabajadores. Un verdadero atropello.

Ford e Iveco suspendieron a su personal, que cobrará el 70% del salario. Lo mismo hicieron otras automotrices. Muchas continuarán en abril este esquema de suspensiones. Mientras tanto, las autopartistas negocian con la burocracia sindical un salario de “emergencia”. 

El sector comercial también aplica suspensiones. La empresa Dabra S.A., que controla marcas como Dexter, Stock Center y Netshoes, cerró sus locales y licenció a su personal con el argumento de “cuidar la salud de la empresa”, pero sus empleados percibirán durante abril el 50% de sus haberes. Mientras tanto, Garbarino y Compumundo solo pagaron un tercio de los sueldos. 

El hotel Alejandro I, de la millonaria familia Levin, abonó marzo con un 25% de quita alegando que desde “Nación no le enviaron el dinero”.  

A esto le agregamos que, según estadísticas oficiales, cuatro de cada diez trabajadores (cinco millones) desarrollan sus tareas en la informalidad y bajo regímenes laborales ilegales, por lo que los podrán seguir flexibilizando, suspendiendo o despidiendo. 

Como se puede apreciar, los “vivos” continúan lucrando. No es ninguna excusa que “este mes no facturaron” cuando en la mayoría de los casos se trata de patronales que  ya han ganado millonadas los años anteriores.  

No tenemos que permitir la reducción de los sueldos. Hay que exigirle a la burocracia sindical que abandone su actitud cómplice y salga a defender que se pague el 100% de nuestros salarios, ya bastante vapuleados por la inflación. Lo que se necesita son aumentos de acuerdo a la inflación, ninguna rebaja. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.