Editorial

Ante la nueva prórroga de la cuarentena desde Izquierda Socialista decimos: cuarentena sí, pero el gobierno tiene que poner toda la plata que se necesita y de manera urgente para la salud y los más postergados. Cuarentena sí, pero exigimos que tiene que ser sin despidos, suspensiones, ni rebaja salarial. Lamentablemente no es lo que está ocurriendo.

Los grandes empresarios vienen presionando para flexibilizar la cuarentena reclamando que se abran más actividades a costa de la salud de los trabajadores. Por eso repudiamos que en el medio de la pandemia se ataquen derechos fundamentales de la clase obrera. Esto prueba que no todos estamos en el mismo barco, porque mientras millones cumplen el aislamiento, prestan los servicios esenciales dignamente y los profesionales y trabajadores de la salud salvan vidas a pesar de la falta de insumos, los grandes empresarios despiden, suspenden y rebajan los salarios, y los bancos, multinacionales y millonarios siguen gozando de sus abultadas ganancias capitalistas y altos patrimonios. Por eso desde el principio venimos señalando que la cuarentena es una medida importante, pero solo es la primera medida para combatir el coronavirus. Y que se necesitan medidas de fondo para fortalecer el sistema de salud y evitar profundizar una caída mayor del nivel de vida del pueblo trabajador.

El presidente Alberto Fernández, por sostener la cuarentena, cuenta con un apoyo de amplios sectores populares. Pero desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes y se quedan a mitad de camino. En especial, para enfrentar las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus. El presidente, por ejemplo, prohibió los despidos por 60 días. Pero los despidos siguen y no se está haciendo cumplir la prohibición.

Lo que ocurre en la realidad es que el Ministerio de Trabajo convalidó los 1.450 despidos de Techint con la complicidad de la burocracia de la Uocra (“con Techint el tema está superado”, dijo el presidente); se decretó la prohibición de despidos, pero el ministerio los avala si “hay acuerdo entre partes”; se aceptaron las suspensiones con rebaja salarial en Aluar, General Motors, Ford y tantas otras multinacionales automotrices; se le permite a McDonald's, Burger King y Starbucks rebajar masivamente los salarios y el gobernador Kicillof y Berni reprimen salvajemente a los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes en lucha por sus salarios y en defensa del empleo de 250 familias. Existe un doble discurso en el gobierno, que también quedó claro cuando dijeron que se podía intervenir las clínicas privadas para combatir mejor al coronavirus y después retrocedió, a tal punto que acaba de disponer que se subsidie a esos mercaderes privados de la salud eximiéndolos de aportes patronales y otros beneficios. O dejó de hablar de quienes remarcan y aumentan los precios de manera descarada, sin que se tome sanción alguna contra ellos.

El presidente también dijo en estos días “prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos coronavirus”. Esta frase empalma con la gran mayoría de la población que prioriza la salud y por eso cumplen la cuarentena. Pero al dar por seguro que va a haber más pobres está develando lo que venimos diciendo desde la izquierda: que no está dispuesto a imponer una política para evitar más pobreza y combatir a fondo los males sociales. Lo que hay que combatir son los dos males: el virus y la pobreza. Y si hay más pobres es porque se permite que miles pierdan su empleo, se les rebajen los salarios o se suspenda personal. Y porque las medidas del gobierno son completamente insuficientes y no alcanzan. Por ejemplo, se les han otorgado 10.000 pesos (300 pesos por día) a quienes hacen changas, cuando lo que necesita una familia tipo son 45.000 pesos mensuales para no caer en la pobreza. Se han anotado más de once millones de personas para cobrar esa suma, pero más de tres millones de solicitudes fueron rechazadas. Otro tanto pasa con los 5.000 pesos mensuales para los trabajadores de la salud, que aún no se implementaron. Ni qué hablar de que no se hagan más testeos para hacer frente en mejores condiciones a la pandemia.

La clase trabajadora y los demás sectores populares deben exigir al gobierno que tome medidas de fondo para combatir de verdad a la mayor crisis del coronavirus, poniendo todos los fondos suficientes. Por eso son tan valiosos los reclamos y las protestas que se llevan adelante contra los despidos, las rebajas salariales o por mejores condiciones de seguridad, como lo están haciendo los ferroviarios del Sarmiento, los docentes de Tierra del Fuego, los trabajadores de los hospitales, del frigorífico Penta, los choferes de varias provincias a quienes no se les respetan sus derechos, las trabajadoras y trabajadores de Acumar que limpian el Riachuelo, entre tantos reclamos a los que la dirigencia sindical le da la espalda porque sigue como sombra al cuerpo a las grandes patronales y directivas del gobierno.  Este es el camino para defender los derechos de las y los trabajadores.

Para las necesidades del sistema sanitario y afrontar la crisis social es necesario un inmediato Fondo de Emergencia. ¿De dónde hay que sacar la plata? Izquierda Socialista dice que hay que imponer un impuesto especial del 10% a los 50 millonarios más ricos del país, a los 20 grupos económicos que más facturaron y así, junto al no pago de la deuda externa, estarían los fondos para llevarlo a cabo. Esto permitiría como mínimo duplicar los 10.000 millones de dólares que el gobierno anunció al comienzo de la pandemia. Rechazamos por lo tanto que el gobierno en plena pandemia se disponga a hacer una oferta de pago a los bonistas por 70.000 millones de dólares para los próximos años y a sellar un nuevo acuerdo con el FMI.

El Fondo de Emergencia hay que aplicarlo ya. Hace falta decisión política. Se conoce el nombre de los millonarios y las ganancias y facturaciones de sus empresas. Son los que se enriquecieron en todos estos años con todos los gobiernos. Los Techint, laboratorios Roemmers, Pérez Companc, Banco Macro, Santander, Patagonia, HSBC, Edenor, Edesur, Pampa Energía, Arcor, Ford, Toyota, Volkswagen, FIAT, Renault, Wal Mart, Coto, Carrefour, Benetton, los grandes pooles de siembra y los terratenientes, entre una larga lista. 

Diputados del gobierno encabezados por Máximo Kirchner siguen diciendo que están estudiando una ley para implementar un impuesto a la riqueza que permitiría, según las versiones, recaudar entre 1.000 a 3000 millones de dólares. Dicen que sería por única vez y que eso no va a impedir que “los millonarios dejen de serlo”, según el redactor de la ley, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller.

Más allá de cómo termine quedando el proyecto del gobierno decimos que debe pasar del discurso a los hechos e imponer ese impuesto ya mismo. Por su parte, los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda Unidad, han presentado su propio proyecto de ley para gravar considerablemente las grandes fortunas.    

Conclusión: mientras le damos todo nuestro apoyo a los reclamos obreros y populares, llamamos a los trabajadores y demás sectores sociales a exigir al gobierno una cuarentena con fondos para salud y sin despidos, rebaja salarial y sin hambre. Y a que se tomen medidas de fondo como lo es la implementación ya mismo de un urgente fondo de emergencia, para combatir de verdad la mayor crisis del coronavirus.