Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
A cinco meses de la asunción de Alberto Fernández queremos compartir sus dichos y los hechos. El peronismo del Frente de Todos viene enarbolando un discurso que no se condice con la realidad. Mejor dicho, dice una cosa y hace otra. Es decir, doble discurso. Veamos.
“Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados”. Eso dijo Alberto Fernández en campaña. Sin embargo, mediante la ley de emergencia votada a fines de 2019 se les quitó la ley de movilidad provocando un recorte de 100.000 millones de pesos. Luego habló de “cuidar a los abuelos” y los empujó a romper la cuarentena para poder cobrar y no hace nada ante el descontrol y los negociados de los geriátricos.
“Vamos a gobernar para los más vulnerables”. El gobierno dispuso sumas fijas para la asignación por hijo por 3.100 y 10.000 pesos para quienes hacen changas, entre otros anuncios. Una miseria que no alcanza, empujando a miles a romper la cuarentena para conseguir el sustento diario. Se destinaron 89.000 millones de pesos para el bono de 10.000 pesos que es mucho menos de los 132.000 millones que fueron para ayudar a los empresarios a pagar el 50% de los salarios. Además, el gobierno acaba de avalar el pacto de la UIA y la CGT recortando el 25% del salario a millones de trabajadores, reprimió a los obreros de Penta (y ahora un intendente cordobés hace lo mismo con los municipales de Jesús María) y destina solo 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género. ¿Dónde están las políticas para los más vulnerables?
“Hay que combatir a los vivos que especulan”. Sin embargo, no hay ningún preso entre los empresarios, dueños de supermercados, laboratorios, formadores de precios y especuladores que se benefician con los aumentazos. Lejos de hacer cumplir los precios máximos, el gobierno hizo una compra millonaria de comida a valores exorbitantes desde el Ministerio de Desarrollo Social, con grandes sospechas de corrupción.
“La deuda es con el pueblo”. Pero Alberto Fernández retomó las negociaciones de la mano del Fondo Monetario para pagar una deuda usurera y fraudulenta. Tenía la oportunidad histórica de desconocer toda la deuda contraída por Macri y mostrar que en una pandemia la prioridad no puede ser una deuda fraudulenta sino la deuda con el pueblo. El gobierno pagó desde que asumió 4.500 millones de dólares, el equivalente a 3,2 veces más que el presupuesto de salud.
“Seré duro con quienes despidan”. Viendo la ola de despidos el gobierno impuso por decreto la prohibición. Pero en el mismo decreto se permitió despedir personal mediante un “acuerdo de partes” entre empresarios y burócratas sindicales. A tal punto que hoy hay miles de despidos desde que salió el decreto, con el caso emblemático de los 1.450 de Techint homologados por el Ministerio de Trabajo.
“La prioridad es la salud por encima de la economía”. Pero los profesionales y trabajadores de la salud que están en la primera línea y ya cuentan con centenares de infectados piden insumos, protección, testeos y que se los incluya en los comités de crisis para enfrentar mejor la pandemia y no se les da respuesta.
“Vamos a declarar de interés público las clínicas privadas y todos los recursos sanitarios”. Esta medida sería un gran paso para poder centralizar todo el sistema de salud para enfrentar a la pandemia como lo hizo Irlanda. Pero al otro día el gobierno desmintió la noticia. Y no solo eso, sino que empezó a subsidiar y a otorgar amplios beneficios para los mercaderes de la salud privada.
“Vamos a terminar con los privilegios”. Esto lo dijo el gobierno cuando simuló el recorte de prebendas a los jueces. Pero como denunciamos desde el Frente de Izquierda, la ley aprobada en el Congreso mantiene sus elevados sueldos y el 82% móvil, igual que todos los privilegios de los que gozan diputados, senadores, la Corte Suprema y obispos de la Iglesia Católica.
“Llegó la hora de que los empresarios ganen menos”. Los grandes capitalistas nunca dejaron de ganar, a tal punto que, según la revista Forbes (que publica las fortunas de los más ricos del mundo) cincuenta millonarios argentinos acumulan 70.000 millones de dólares, encabezados por Paolo Rocca, de Techint, seguido por renombrados dueños de petroleras, bancos, cadenas de supermercados, laboratorios y terratenientes. A ellos hay que tocar, pero el gobierno demora el anunciado impuesto a la riqueza mientras desde el FIT decimos que tiene que ser implementado ya y de tal manera que permita recaudar 20.000 millones de dólares para destinar a la emergencia.
Decimos, como conclusión, que la frase privilegiada del gobierno “Vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente” es parte de su doble discurso.
