Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad
Con la pandemia se complica aún más el problema de las mujeres que están obligadas a abortar en la clandestinidad. Un reciente informe de la ONU, titulado “Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus”, alerta sobre esta problemática a nivel mundial, en la que por falta de acceso a métodos anticonceptivos habrá unos siete millones de embarazos no deseados en los próximos meses. En la misma investigación (con una proyección de seis meses de confinamiento) analizan que serán unas 47 millones de mujeres quienes no accederán a los anticonceptivos y, a la vez, por el aumento de la violencia de género, habrá unos 31 millones de abusos adicionales. Es urgente que se tomen medidas al respecto para así evitar esta otra cara de la pandemia.
La lucha por acceder a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual y por el derecho al aborto es una pelea constante que desde el feminismo venimos dando contra los gobiernos y las iglesias. Es más, algunos gobernantes se aprovechan de la pandemia para intentar avanzar en la restricción de lo ya conquistado, como sucedió en Polonia hace unas semanas. Allí, por iniciativa de legisladores ultraconservadores en el Parlamento, intentan restringir el aborto y penalizar a quienes promuevan la educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que las polacas están en estado de alerta y no van a permitir semejante atropello.
Recordemos que en nuestro país el aborto voluntario sigue siendo ilegal y los abortos por las causales que existen desde 1921 son de difícil cumplimiento por las trabas de las iglesias y demás sectores antiderechos. En este contexto, las personas con posibilidad de gestar que no quieren continuar con un embarazo durante la cuarentena tienen mayores dificultades para acceder a un aborto.
Quince años de lucha por el aborto legal
El 28 de mayo es una fecha clave en el calendario feminista porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, hace quince años, se lanzaba en nuestro país la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dos años después, en 2007, se presentaba en el Congreso el primer proyecto de ley para legalizar el aborto voluntario, que fue cajoneado sistemáticamente hasta 2018, cuando se logró que se abriera el debate. Sin embargo, fueron legisladorxs del PJ, la UCR, kirchneristas y de Cambiemos quienes en alianza con las iglesias votaron en contra, negando un derecho elemental para decidir sobre nuestro futuro.
Como no bajamos los brazos y seguimos dando la pelea, el año pasado, por octava vez, volvimos a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) elaborado por la Campaña. Este es nuestro proyecto, el que fue discutido con las organizaciones feministas y que recupera el debate parlamentario de 2018, el de la #MareaVerde que conquistó las calles y ganó la despenalización social. Este proyecto tiene actualmente estado parlamentario y cuenta con las firmas de legisladorxs de todos los bloques políticos. Sin embargo, Alberto Fernández decidió impulsar otro proyecto –no el de la Campaña– que lo viene anunciando desde el 1° de marzo, pero al día de hoy seguimos sin conocer su redacción. Desde Isadora e Izquierda Socialista insistimos en que el aborto debe ser ley y para eso debe aprobarse inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.