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Por una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales

Publicado en El Socialista N° 461
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Escribe Martín Fú

El gobierno nacional ha prorrogado por quinta vez la cuarentena iniciada el 20 de marzo, esta etapa será hasta el 7 de junio. La hace porque los casos de Covid-19 se multiplicaron en las últimas semanas a un ritmo vertiginoso y aumentan los riesgos de contagios. No es una novedad, el “pico de la pandemia” es esperado por los expertos para el mes de junio.

Hoy vemos como los contagios crecen exponencialmente en los barrios más vulnerables. Primero fueron las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Padre Mugica, ex villa 31 de Retiro, villa 1-11-14). Ahora apareció un brote masivo en Villa Azul (zona sur del conurbano bonaerense), con serio riesgo de extenderse sobre la vecina y mucho más grande Villa Itatí. Quedó a la vista la falta de atención sanitaria, de los más elementales recursos de infraestructura (agua potable, cloacas, baños en las viviendas) y del acceso a comida y elementos de limpieza e higiene para los habitantes de estos barrios. Que se suma al hacinamiento y al drama que viven los que tenían necesariamente que salir a trabajar de cualquier modo, para conseguir unos pocos pesos en la máxima precariedad. Los gobiernos de Kicillof y Larreta, y, por sobre todo el gobierno peronista nacional de los Fernández, son los responsables de esta realidad. A la que en el caso de la Villa Azul se le ha respondido peligrosamente actuando con el aparato represivo, creando un “ghetto” de pobres, e incluso estigmatizando y “culpando” a los vecinos.

La conjunción de pobreza y virus parece ser un cóctel explosivo que pinta la situación social, donde el ajuste y la crisis económica heredada y reciente revelan la radiografía de la realidad, lo que tienen que soportar los sectores más desprotegidos y postergados. En Villa Azul, donde se ha dado una explosión de contagios, la principal decisión del gobernador Kicillof fue “aislarla”. ¿Pero cómo se puede controlar  una pandemia en barrios donde miles no tienen acceso al agua y pasan hambre? En el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de la Ciudad de Buenos Aires, donde los contagios crecen, los vecinos tienen que salir a la periferia a buscar agua porque hace años los gobiernos de Larreta y el nacional le vienen negando una infraestructura de agua corriente que pueda satisfacer las necesidades de los cuarenta mil habitantes, mientras garantizan el agua para la terminal de micros, su lavadero o McDonald’s.

A todo esto tenemos que sumarle que a medida que se van incrementando los casos, la cuarentena se flexibiliza y más trabajadores tienen que volver a sus puestos a pesar de tener rondando el virus en sus barrios y el peligro de contagio en el transporte público o en los propios lugares de trabajo. Esta es la consecuencia de la presión de las patronales y de las “autorizaciones” para funcionar que se lanzan desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Se vienen las semanas más duras, con aumento de los contagios. Es más necesario que nunca defender la cuarentena. No podemos permitir que se sigan abriendo actividades, priorizando las ganancias de las patronales por sobre la salud de los trabajadores. Mucho menos que se continúe con los despidos, las suspensiones y las reducciones salariales, avaladas por el pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno. 

Pero para que podamos cumplir con el aislamiento, hay que resolver el drama económico que acecha a las familias trabajadoras. El 80% de ellas están endeudadas. En los barrios populares faltan comida y elementos de limpieza e higiene básicos. Los  precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Y todo esto mientras los contagios entre los trabajadores de la salud van en aumento y muestran cómo este sector, esencial, no tiene las garantías mínimas cubiertas ni los recursos necesarios. Las promesas de bonos tampoco se han concretado. Las ayudas económicas para los trabajadores con menores ingresos, monotributistas o sectores populares son escasas. Los 10.000 pesos que otorga el gobierno ni siquiera han llegado a todos y son absolutamente insuficientes. Los jubilados han sido “ajustados” una vez más.

Estamos en una emergencia. Tenemos que garantizar la cuarentena, mucho más en las próximas semanas. Que efectivamente se prohíba todo despido o suspensión. El gobierno nacional tiene que responder a todos los requerimientos para que se pueda sostener el aislamiento social.  Es necesario plata para todos los recursos necesarios del sistema de salud: más respiradores, más camas, más elementos básicos de higiene, más puestos para trabajadores de la salud con salarios dignos. Pero también para resolver la emergencia social: hay que asegurar comida para los barrios populares y un ingreso mínimo para todos los que lo necesiten, que no puede bajar de 30.000 pesos. Para llevar todo esto adelante volvemos a insistir en la necesidad urgente de crear un fondo de emergencia, financiado con un impuesto especial a las grandes fortunas y las riquezas de las mayores empresas del país y con el no del pago de la deuda externa.