Editorial
En nuestro país y el mundo entero vemos impactados por televisión el gigantesco levantamiento popular que sacude a los Estados Unidos. El asesinato del trabajador afroamericano George Floyd el 25 de mayo pasado en Minneapolis desencadenó una ola de repudios y movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del país del Norte. El grito de desesperación de Floyd “no puedo respirar” fue retomado por centenares de miles de manifestantes en más de ciento veinte ciudades durante varios días y noches. Se trata de las movilizaciones más grandes desde la guerra de Vietnam o del asesinato de Martin Luther King en la década del ’60. El presidente Trump amenazó con movilizar al ejército y no solo dio luz verde a una represión brutal sino que también envió señales de “mano libre” para actuar a grupos paramilitares neonazis y supremacistas blancos. Con el acuerdo de los gobernadores y alcaldes, muchos de ellos de la oposición demócrata, declaró el estado de sitio y desplegó la guardia nacional en las principales ciudades del país. Pero las movilizaciones no cesan. Los trabajadores, las mujeres y la juventud del mundo expresan su solidaridad con la rebelión popular yanqui contra su gobierno y su régimen político racista.
Sin embargo, en nuestro país hay un silencio atronador. ¿Por qué mientras en el mundo crece el repudio contra Trump, el gobierno peronista, que se autodenomina “de los derechos humanos” o “defensor de los más vulnerables” no ha planteado siquiera una declaración de repudio? El presidente Alberto Fernández, a más de una semana de producido el hecho, no ha dicho nada hasta ahora sobre el tema. No condenó el asesinato, ni la represión generalizada, ni los dichos racistas de Trump. Crece una sospecha, que todo esto tiene como explicación principal que se está en la fase final de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores. Que son los mismos buitres del establishment del propio Trump y el FMI. Demostrando que la deuda externa, además de condenar al ajuste permanente a nuestro pueblo, también es un instrumento de la pérdida de independencia de nuestro país, hasta el extremo de que se llegue a la vergüenza del silencio del gobierno argentino ante las barbaridades llevadas adelante por el racista presidente yanqui.
Trump tiene poder de veto con sus votos en el directorio del FMI. El mismo FMI fue el que dijo esta semana que la Argentina podría “mejorar” la oferta a los acreedores y se prepara para exigir en los próximos meses el cobro de su propia parte de la deuda externa. El mismo FMI que esta semana se reunió con la cúpula de la CGT. Entre sonrisas y felicitaciones mutuas, el Fondo volvió con sus planteos de ajuste estructural de siempre: exigió la reforma laboral y la reforma previsional, poniendo como ejemplo de “lo que hay que hacer” el convenio ultraflexibilizado de los petroleros de Vaca Muerta. Los burócratas de la CGT ni siquiera se opusieron de palabra a estos planteos fondomonetaristas.
Todo esto muestra la íntima relación entre el convenio con los bonistas, la continuidad del acuerdo con el FMI, el ajuste en curso y el pacto entre el gobierno, la CGT y la UIA que lo sostiene. El que garantiza la continuidad de los despidos y suspensiones, el aumento astronómico de la pobreza, los trabajadores masivamente endeudados y las reducciones salariales. El que garantiza, por ejemplo, que el gobierno haya planteado que no habrá ningún tipo de negociación paritaria con los estatales mientras la inflación se sigue comiendo los bolsillos de los trabajadores.
Mientras tanto, sigue creciendo la pandemia del coronavirus y, por lo menos en el área de Capital y Gran Buenos Aires, estamos lejos de haber llegado al pico. Vemos cómo siguen creciendo los contagios, en particular en los barrios populares. Y se continúan conociendo nuevas cadenas de contagios entre los trabajadores de la salud por los mismos motivos que ellos denunciaron movilizándose el fin de semana pasado: falta de implementos y también por la flexibilización laboral y el pluriempleo ante los salarios de miseria, que aumentan la posibilidad de contagiarse. Al mismo tiempo, las grandes patronales, con el guiño del gobierno, siguen “autorizando” reaperturas de industrias y comercios, obligando a sus trabajadores a exponerse al riesgo del virus.
Todo esto donde, en el marco de la miseria que asola a los sectores más postergados, nuestro país tampoco es ajeno a los abusos policiales. Así se ha conocido un violento ataque policial en Chaco contra una familia de la comunidad qom, que se suma al asesinato la semana pasada del trabajador Luis Espinoza, también por parte de la policía de Tucumán. Ambas provincias gobernadas por mandatarios peronistas, firmes aliados del gobierno nacional.
El contraste de todo esto son las peleas y denuncias que seguimos llevando adelante desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo. Apoyando todas las luchas, movilizándonos, aun con el debido resguardo, como lo hicimos el martes 2 para repudiar el asesinato racista de Floyd y la represión de Trump, al igual que lo que está aconteciendo en otras ciudades del mundo. Y peleando por un auténtico programa de emergencia frente a la crisis que nos permita garantizar una cuarentena sin hambre ni miseria. Por eso seguimos reclamando un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las empresas y exigiendo la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, para así poner todo ese dinero en el financiamiento de un fondo de emergencia para atender las más urgentes necesidades sanitarias y sociales del pueblo trabajador.
