Hace unos días, sin previo debate ni con la comunidad educativa, sindicatos ni comisiones del Congreso, el gobierno hizo aprobar un cambio en el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional. Peronistas de todos los colores, Cambiemos y radicales no tuvieron “grieta” para aprobarlo. Solo los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, lo rechazaron.
Escribe Guillermo Sánchez Porta
¿En qué consiste la modificación del artículo 109? A partir de ahora, la llamada “educación virtual”, que estaba reglamentada para alumnos mayores de 18 años y de zonas rurales, se extiende a todos los niveles educativos y en todo el país. ¿Por qué modificar la Ley de Educación Nacional (LEN), aprobada durante el kirchnerismo, sin siquiera debatirlo? El gobierno dice que es para “momentos excepcionales” como la pandemia. Pero no sería necesario modificar la ley, simplemente bastaría con un decreto de emergencia, mientras dure la cuarentena, que “reglamente” lo que estamos haciendo hoy.
Detrás de la modificación del artículo 109 está la política de profundizar e institucionalizar el negocio de las plataformas virtuales, que hace años llevan adelante importantes multinacionales en todo el mundo.
Como explica Laura Marrone en su artículo “La educación en tiempos de pandemia, navegando en aguas turbias” (https://bit.ly/2MLL9s0), “Milton Friedman, el pope del neoliberalismo, propuso en la década del ´70 embestir al último bastión que sobrevivía fuera de la economía de mercado: la educación. En 2002 había ocho operadores en GEI. En 2011, 127”. “La tecnología digital, la mayor estandarización de los currículos, de las evaluaciones y de las políticas educativas impuestas por los organismos internacionales favorecen la venta de servicios educativos sin fronteras. Las empresas han incursionado en las escuelas públicas y privadas vendiendo diversos servicios educativos (editoriales, evaluaciones, asesorías, cursos, plataformas digitales, etcétera) que les permiten fabulosas ganancias. Solo Gran Bretaña tuvo en 2003/2004 ingresos por 23 billones de libras por la venta de cursos, maestrías, doctorados a clientes en el extranjero, más que lo que obtuvo como ingresos por su industria de automóvil”. “Clinton Global Iniciative (CGI) es la más grande fundación en Estados Unidos. La CGI opera como intermediario entre los gobiernos, las fundaciones y los proveedores. En 2006 logró juntar 63.000 millones de dólares, tiene filiales en 170 países.”
Esta política mercantilista en la educación hace años se implementa en el mundo y la Argentina no es excepción. La LEN del kirchnerismo habilitó toda esta ofensiva contra la educación pública y los derechos docentes y con el gobierno de Cambiemos pegó un salto tremendo.
El gobierno de Fernández no rompió con esta política. Como escribe Laura Marrone: “El 5 de marzo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, acordó con la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundation, la realización de proyectos educativos en común. Esta fundación, creada en 1993 por George Soros, actúa en más de 37 países promoviendo proyectos educativos que, bajo el paraguas de la defensa de la libertad y los derechos humanos, pretende formar a estudiantes y profesionales en la ideología del neoliberalismo y el capitalismo financiero”.
Ahora el gobierno incorpora a la LEN la virtualidad en todos los niveles e indica que podrá utilizarse “en caso de existencia de situación excepcional que dificulte o impida la asistencia presencial ”. Esto, además, abre la puerta al sueño de todo gobierno patronal, de incluir a la educación en un mal llamado “servicio esencial”. No es para invertir todos los fondos necesarios a un sistema educativo público y estatal de calidad, sino para prohibir el derecho de la docencia a reclamar y hacer paros, tal como lo acaba de hacer votar Larreta en CABA. Insistimos, en estos temas no hay “grietas” entre peronistas, kirchneristas, Cambiemos y radicales.
Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad denunciamos que, mientras se amplía la ley para el negocio de las plataformas virtuales y para cercenar el derecho de huelga, hoy millones de estudiantes no pueden participar de clases virtuales por falta de conectividad y de computadoras, quedando más marginados aún en plena pandemia. Y lo mismo ocurre con miles de docentes.
Apoyamos los reclamos de los sindicatos docentes combativos de la Multicolor, que los gobiernos garanticen ya conectividad gratuita y sin límite de datos, distribución de netbooks para todos, así como el respeto a la jornada laboral de la docencia. La ley que hace falta aprobar es la que declare la emergencia educativa para volcar los fondos necesarios para salarios dignos, infraestructura escolar y tecnológica, construcción de escuelas y aulas y nombramientos de los docentes, preceptores y auxiliares necesarios. Usando plata para educación, no para la deuda externa ni subsidios a la educación privada.