Escribe Diego Martínez
La semana pasada Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa donde anunció una nueva prolongación de la cuarentena. Allí un periodista de Radio Nacional le preguntó por el postergado impuesto a la riqueza, a lo que Fernández respondió con evasivas diciendo que “es un tema que tiene que tratar el Congreso”. Nada nuevo. Y el proyecto sigue sin presentarse en el Congreso.
Sigue el cuento de la buena pipa
Hace varios días que Fernández se encarga de aclarar, en cuanto espacio de comunicación puede, que lo del gravamen sobre las riquezas no sería un impuesto sino un “aporte solidario” a cobrarse por única vez. Antes el presidente decía que, por tratarse de un impuesto, para que se sancione tenía que pasar obligatoriamente por el Congreso. Ahora la excusa es que la oposición no quiere que el proyecto se trate en el Parlamento si no es de forma presencial. Todo va y viene. Ahora resulta que “no es un impuesto”. Pero si es así no necesita pasar por el Congreso. ¿Lo es o no lo es? Lo único concreto es la suma de excusas para seguir dándole largas al asunto y que no salga nada.
El gobierno no quiere tocar a las grandes empresas
La realidad es que Fernández no quiere ir al choque con las patronales. Esta semana estuvo reunido con los principales empresarios del país en Olivos. En ese encuentro, lejos de anunciarles que había llegado la hora de que “ganen menos”, como declaró semanas atrás, les llevó tranquilidad diciéndoles que “lo peor de la pandemia ya pasó” y les prometió una reforma impositiva “para que queden tres o cuatro impuestos para evitar a los contadores” (Ámbito Financiero, 3/6/2020).
Estas declaraciones van en línea con lo que vino diciendo el gobierno en relación con el “aporte” de las grandes fortunas en los últimos días. Busca un proyecto menos “irritable” que incluya de alguna u otra forma a sectores patronales entre sus beneficiarios y que tenga el mayor consenso posible dentro de la oposición patronal. Por lo que están abiertos a negociar su articulado con sectores peronistas que están difundiendo un proyecto titulado “Contribución extraordinaria para la inversión y el desarrollo productivo de la Argentina”, que consiste en concreto en transferencias de un sector de la patronal a otro. Si el gobierno acuerda, aunque sea parcialmente, con este proyecto, sin que los beneficios del impuesto lleguen íntegramente a más presupuesto para los trabajadores de la salud y sectores populares en medio de la pandemia, sería una verdadera vergüenza y una burla.
Que la crisis del coronavirus la paguen los que más tienen
Las grandes patronales siguen poniendo excusas de todo tipo y presionando, con éxito, para que no se les toque un peso de sus ganancias. Ahora dicen que en el cálculo de las ganancias se toman en cuenta los activos de las empresas pero no sus deudas, que el patrimonio se mide tomando como referencia 2019 y que este año perdieron mucho. Y agregan que, como ya existe el impuesto a los bienes personales, si se aplica un gravamen a la riqueza habría un “doble impuesto”.
Lo que no dicen es que gran parte del déficit tributario que tiene hoy el país viene de las altas dosis de evasión y morosidad de las patronales. Medios periodísticos señalaron que “el no pago de impuestos es un recurso harto conocido que, en tiempos de crisis, se usa para financiar el sistema de las empresas” (Clarín, 7/6/2020).
Los empresarios justifican sus incumplimientos con el remanido argumento patronal de la “alta presión tributaria” sobre el capital. Pero el pataleo contra el exceso de impuestos hacia las grandes empresas no tiene asidero en la realidad. Un reciente estudio comparativo del Banco Mundial sobre la estructura tributaria de distintas naciones reveló que la Argentina es uno de los países con más baja incidencia de los impuestos a las patronales en su recaudación fiscal en la región. Los impuestos sobre patrimonio y rentas representaron en 2019 el 12,9% del total, mientras que el promedio del conjunto de países de América latina y el Caribe fue de 26,5%, más del doble (datos de www.bancomundial.org). Tan regresiva es la estructura tributaria argentina que Ángela Merkel, una de las mayores líderes del imperialismo mundial, le preguntó a Alberto Fernández en su visita a Alemania en el mes de febrero por qué los ricos pagan tan pocos impuestos en la Argentina.
Es que no solo pagan bajísimos impuestos, sino que los evaden. Hace unas semanas se dio a conocer un documento de la AFIP que revela que se detectaron 950 cuentas no declaradas en el exterior con saldos superiores al millón de dólares. Se trata de millones de dólares que deberían tributarse en el país para resolver la urgente crisis social del coronavirus.
Mientras crece enormemente la pobreza, la clase media se hunde y el sistema de salud necesita de un mayor fortalecimiento por la propagación de la pandemia, los ricos evaden impuestos y no pagan. Para colmo de males, el gobierno los premia con subsidios.
Es hora de imponer urgentemente el impuesto a las grandes fortunas, como propone el Frente de Izquierda Unidad, el único proyecto presentado en el Congreso que no llegó a tratarse por el lamentable rechazo del peronismo y de Cambiemos, que permitiría recaudar 20.000 millones de dólares para destinarlos a salud y gastos sociales de forma íntegra. Y que, junto con el no pago de la deuda externa, permitiría constituir un fondo de emergencia para que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.
