Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. Sus activos estarán a cargo de un fondo fiduciario manejado por YPF Agro y enviará un proyecto al Congreso para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.
La medida generó un revuelo enorme y provocó un debate alrededor de qué se debería hacer ante estos casos y cuál es la salida de fondo con estos empresarios que vienen manejando una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales que luego de ser beneficiada por un crédito de 18.182 millones de pesos por el Banco Nación en el gobierno de Macri, entró sorpresivamente en cesación de pagos después de ser líder en exportación por varios años, con empresas de acopio y puerto propio.
Desde ya, en primer lugar, repudiamos al PRO y a los políticos de Cambiemos que ante el anuncio salieron a decir que la medida era “ilegal, inconstitucional y viola la propiedad privada”, los mismos que cuando fueron gobierno le dieron créditos ilegales e irregulares violando las propias disposiciones del Banco Central para el otorgamiento de préstamos a grandes empresas. A tal punto que su ex presidente González Fraga está imputado por ello. Los que dicen que se violaría “la propiedad privada” usaron al Banco Nación con fondos públicos para salvar la “propiedad privada” de este grupo empresario que hasta llegó a tener una productora de cine que hizo una película sobre el Papa.
Estatización al 100% bajo control de trabajadores y pequeños productores
Nos preguntamos: ¿la salida es la intervención y/o solo la expropiación? ¿O hay que ir a fondo con la estatización sin indemnización poniendo a Vicentin bajo control de sus trabajadores? Esta es la cuestión.
Por ahora lo único cierto es que la empresa ha sido intervenida. La expropiación se verá, ya que el gobierno envió un proyecto al Congreso que podrá salir o no.
Alertamos sobre un posible “rescate” con el objetivo de que el Estado se haga cargo de las pérdidas y salve a los acreedores mediante el pago de una suma que asciende a 1.300 millones de dólares. Muchos acreedores son bancos ligados al Banco Mundial y al Banco de Fomento Europeo. El propio diario Clarín que hace campaña contra la expropiación lo admite: “Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a una gran masa de acreedores y en particular a la banca internacional” (Héctor Huergo, 9/6).
Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonar la deuda. No puede haber ningún rescate para estos empresarios, entre ellos la multinacional suiza Glencore, que siendo parte de la empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. En segundo lugar, hay que avanzar en una completa estatización para que en un ciento por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y pequeños chacareros, no a través de una empresa mixta que como ya sabemos siempre termina beneficiando al sector privado y no a los trabajadores y al país. El famoso sistema de “empresas mixtas” tanto acá como en el mundo es para que el Estado se haga cargo de las pérdidas y el capital privado se lleve las ganancias.
Las mal llamadas “estatizaciones” kirchneristas de YPF, Aerolíneas y otras terminaron en eso. No fueron nacionalizaciones sino compras accionarias, incluso con indemnizaciones millonarias como se hizo con Repsol. Tampoco estuvieron al servicio de un plan económico dirigido en recuperar el patrimonio nacional, como por ejemplo reestatizar las privatizadas, empresas estratégicas, los puertos o nacionalizar el petróleo y el gas.
¿Y la soberanía alimentaria?
El gobierno dice que esta medida va a garantizar la soberanía alimentaria. “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo Alberto Fernández. También va a ser “un caso testigo en el mercado de cambios” agregó el ministro Kulfas. Un argumento que cae bien en medio del crecimiento del hambre, la pobreza y la suba de los precios de los productos básicos. Pero señalamos que la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones, no que sigan en manos de multinacionales del agronegocio como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones.
Decir que “Vicentin expropiada” va a servir para disciplinar a estas corporaciones es solo una utopía discursiva. Lo mismo hacer creer que Vicentin va a aportar los dólares necesarios de las exportaciones para el país.
Si no se toman medidas de fondo para que eso ocurra con todo el negocio agroexportador nada de lo que dice el gobierno se va a lograr. Porque las multinacionales se quedan con la mejor tajada de las exportaciones argentinas. Nuestro país es agroexportador y produce alimentos para 400 millones de personas. Lo soberano sería que esas ganancias se usen para el desarrollo del país, no para un puñado de empresas que luego encima especulan, no liquidan los dólares y se los llevan para sus casas matrices.
Todo esto se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y de Carne. Hace falta que la compra y venta de granos esté bajo el monopolio del Estado quitándole el negocio capitalista a estas multinacionales, a las cuales hay que expulsar porque son las que producen un verdadero saqueo para el país. Medidas que deben ser parte de un nuevo plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo, para que todas las riquezas que produce el pueblo trabajador estén destinadas a satisfacer las urgentes necesidades populares y se empiecen a combatir los males capitalistas que nos llevaron a la postración.