Editorial

Los contagios no dan tregua y ya estamos aproximándonos al pico de la pandemia. Es común que cualquier habitante del AMBA (Capital y conurbano) a esta altura se entere de que un familiar, vecino, compañero de trabajo o pariente haya contraído el Covid-19. Esto se da en momentos en que el gobierno nacional, Kicillof, Larreta y los gobernadores, más allá de sus “diferencias” mediáticas, han flexibilizado peligrosa e irresponsablemente la cuarentena. La apertura de la industria en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, va de la mano con las caminatas de los runners habilitadas en Capital. Que haya más actividad –como lo vienen exigiendo las grandes patronales– aumenta la circulación de millones en los medios de transporte facilitando el contagio. Y se está dando la vergüenza nacional de que, a tres meses de declarado el aislamiento obligatorio, los trabajadores y profesionales de la salud tengan que seguir protestando porque no tienen insumos y protección, o tener que lamentar muertes como la de la enfermera del Gandulfo, que se infectó y falleció porque no le dieron la licencia.

La pandemia del coronavirus se une a otra, la de la crisis social y económica que se descarga sobre el pueblo trabajador. Si decenas de miles están obligados a “romper la cuarentena” para lograr el sustento diario es culpa del gobierno nacional del Frente de Todos de Alberto Fernández, con el acompañamiento de los gobernadores e intendentes de todos los colores. ¿O acaso los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas son suficientes?  Si dividimos la cifra por los meses en que se cobrará se trata en realidad de 5.000 pesos mensuales. ¿Alguien cree que con eso se puede quedar en su casa evitando el contagio?

Los pequeños comercios, talleres y kioscos piden préstamos y no se los dan, mientras que el Estado le paga el 50% de los salarios a multinacionales y grandes empresas, o les da créditos a patronales explotadoras.

Que se les haya rebanado el 25% de los salarios a los trabajadores a través de un pacto entre la UIA, la CGT y el gobierno y les sigan robando a los jubilados es un ajuste repudiable en plena pandemia y crisis social. Con la frase de Alberto Fernández “el Estado va a ayudar a todos”, se sigue subsidiando a las grandes empresas mientras dejan correr la campaña contra los que luchan y la izquierda, acusándolos de “minorías irresponsables”, como dijo el ministro Ginés González García, o con los planteos de dirigentes sindicales afines al gobierno que llaman a ser “responsables” cuando no mueven un dedo ante la crítica situación que sufren millones de trabajadores.

Para combatir las dos pandemias se necesitan medidas de fondo. Alberto Fernández no hace ningún anuncio, ni aunque sea insuficiente, desde hace semanas. ¿Y el impuesto a la riqueza? Pasan los meses y el proyecto todavía no fue presentado. Lo usan como campaña recurriendo al doble discurso “contra la derecha”, pero se trata de una cortina de humo. ¿Por qué en plena pandemia no cobrarle un impuesto especial a Techint, las petroleras, las automotrices, los grandes laboratorios, bancos, privatizadas y terratenientes? Al gobierno se le está cayendo la careta con el doble discurso. Viene hablando de los empresarios “vivos” pero no los toca mientras la crisis capitalista la descarga sobre el pueblo trabajador.

¿Y la deuda eterna? ¿Cómo puede ser que la negociación con los bonistas sea la prioridad de este gobierno autodenominado “popular”? ¿Cómo puede ser que les siga mejorando la oferta a los bonistas usureros internacionales amigos de Donald Trump como paso previo a encarar otro pacto con el FMI, reconociendo el endeudamiento que nos dejó Macri con una estafa mil veces mayor que la de Vicentin con el Banco Nación? Encima, el gobierno dice que si hay un arreglo por la deuda se podrá aplicar en los próximos años un plan económico “sustentable y sostenible”, cuando ya ahora hay un ajuste y será mayor en el futuro si la Argentina sigue sometida al Fondo Monetario y pagando una deuda fraudulenta.

El sindicalismo combativo y la izquierda levantan una clara propuesta para combatir las dos pandemias. En primer lugar, llamando a que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Es lo que se hizo valer en la jornada nacional de protesta de este martes convocada por el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Se dijo ¡no a la rebaja salarial y jubilatoria! ¡basta de despidos y suspensiones! Que se estatice toda fábrica que cierre o despida. Que se expropie Penta. Que se aumenten los salarios, repudiando la postergación de las paritarias acordadas con la CGT y las CTA. Exigimos un aumento de emergencia que cubra la canasta familiar, un salario social en cuarentena de 30.000 pesos para todo aquel desocupado o quien lo necesite. Plata para los hospitales y la salud pública, no para las clínicas privadas, como hizo Kicillof, destinando 400 millones de pesos desfinanciando el IOMA, entre otras medidas.

En segundo lugar, decimos que hace falta imponer un fondo de emergencia con un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales (Bulgheroni, Techint, Arcor, Perez Companc, Coto, Eurnekian, Grobocopatel), a las multinacionales, a la gran banca (HBSC, Santander, BBVA-Francés, Galicia, Macro, Citi Bank, entre otros) y suspender de inmediato todo pago de deuda. De esa forma se obtendrían 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia.

Esta pelea la damos en las luchas, en las calles, en los plenarios de trabajadores, en los debates televisivos y en el Congreso. Al día de hoy los únicos proyectos que hay en el Parlamento para imponer de verdad un impuesto a la riqueza y para que se deje de pagar la deuda externa y se rompan los lazos con el FMI (iniciativa de la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer) son los del Frente de Izquierda Unidad. Y ahora se sumó el que exige la estatización de Vicentin bajo control de sus trabajadores. Llamamos a seguir apoyando y coordinando las luchas en curso y a seguir postulando y peleando por esta salida de fondo.