Escribe Adolfo Santos
Con o sin pandemia, el salario continúa siendo la variable de ajuste que utilizan los gobiernos. No es diferente con Alberto Fernández. Además de haber postergado las negociaciones paritarias hasta después de la cuarentena, lo que en los hechos significa un congelamiento, avaló la reducción salarial de 25% pactada entre la UIA y la CGT. Ahora va por más. En medio de las dificultades que sufren los trabajadores sin poder defender sus salarios frente a una inflación que no para, el gobierno emitió un decreto que ataca derechos laborales, que establece que “el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2020 del personal del sector público nacional en actividad será abonado en hasta cinco (5) cuotas consecutivas con las remuneraciones de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año”.
Es evidente que esta nefasta medida, que sienta un pésimo precedente, va a ser adoptada por los gobiernos provinciales y municipales, afectando a amplios sectores de trabajadores. Ya la implementó el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y hay patronales solicitando extenderla al sector privado. Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, se adelantó y acordó fraccionar el medio aguinaldo en dos cuotas, la primera a comienzos de julio y la segunda en agosto. Armando Cavalieri estaría negociando un acuerdo similar al de Acuña. Vergonzoso. El resto de la burocracia sindical, sobre todo la que debería representar a los trabajadores estatales, como ATE o UPCN, dice que no concuerda pero no propone ninguna medida de lucha para frenar este ataque.
El doble discurso del gobierno peronista sobre la defensa de los más débiles no se sustenta. Los jubilados, aquellos que Alberto Fernández prometía proteger por ser uno de los sectores más vulnerables, fueron los primeros en ser atacados. La suspensión de la movilidad, una fórmula de la época del macrismo, hizo con que los seis millones de jubilados, incluyendo los del haber mínimo, hayan perdido parte de sus ingresos mensuales. La jubilación mínima, por ejemplo, que con la movilidad debería ser de 17.405 pesos, fue reducida a 16.864 pesos, una pérdida neta de 541 pesos. Queda claro que “los vulnerables” forman parte de uno de los sectores sobre los que Alberto Fernández está descargando la crisis. Mientras tanto, el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, emitió un dictamen a favor de que la Anses le pague una pensión vitalicia de 400.000 pesos mensuales a Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, condenado por corrupción. Indignante.
Es inaceptable que, con la excusa de la pandemia, se descargue una serie de ataques contra los trabajadores, rebaja salarial, pago en cuotas del aguinaldo, despidos y suspensiones. No hay margen para perder salario cuando el costo de la canasta familiar de “consumo mínimo”, lo que significa un modelo básico de subsistencia –según datos de ATE Indec–, es de 68.200 pesos. Son millones de trabajadores y jubilados que quedan muy lejos de esos números y a los que el gobierno no asiste adecuadamente. Sin embargo, destina millones para subsidiar empresas privadas y eximirlas del pago de impuestos, entre otros tipos de asistencias, como reconoció el propio Miguel Acevedo, presidente de la UIA, en una entrevista concedida a Clarín (21/6).
La baja recaudación no puede ser una excusa del gobierno para descargar el ajuste sobre los trabajadores. El FIT Unidad presentó un proyecto de ley para gravar las grandes fortunas que le permitiría recaudar 20.000 millones de pesos al gobierno, con lo que se podrían aumentar las jubilaciones, atender a las demandas de los trabajadores autónomos que se ven obligados a romper la cuarentena para poder comer y a resolver las graves falencias detectadas en la salud pública. Lamentablemente los diputados peronistas, en todas sus variantes, y de la oposición patronal, se negaron a tratar nuestro proyecto en un claro posicionamiento a favor de los ricos y poderosos. No vamos a pagar una crisis de la que no somos responsables. Reclamamos el pago del medio aguinaldo en una sola cuota y, junto a los docentes, decimos “los aguinaldos y los salarios no se tocan”. Exigimos la reapertura de las paritarias para evitar más pérdidas salariales, el cumplimiento de la ley que prohíbe despidos y suspensiones de trabajadores y la asistencia a los compañeros autónomos. Y le reclamamos a la CGT que rompa la tregua y se ponga a la cabeza de los reclamos.
