Aug 11, 2020 Last Updated 2:27 AM, Aug 11, 2020

Basta de beneficiar a las grandes empresas: ¡Impuesto a la riqueza ya!

Publicado en El Socialista N° 465
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Escribe Diego Martínez

Hace días que no se producen novedades sobre el proyecto de impuesto a las grandes riquezas del peronismo. A esta altura pareciera que va a caer en saco roto. Mientras tanto el gobierno se prepara para tratar rápidamente en el Congreso un proyecto de moratoria para las grandes empresas, a las  que les sigue otorgando grandes beneficios. El ajuste y la crisis siguen. Hay que imponer un verdadero impuesto a las riquezas de forma urgente.

El gobierno salva a los empresarios

El proyecto de ley de moratoria se va a presentar en acuerdo con Juntos por el Cambio. La reducción de las deudas empresariales que hasta ahora solo abarcaba a las pymes va a contemplar también a las grandes empresas, quienes van a ser beneficiadas por una quita de 10% de sus deudas. La moratoria se va a empezar a pagar recién en noviembre, con lo cual otra parte se va a licuar por la inflación y el plazo de pago total va a ser de hasta diez años, lo que va a reducir aún más en términos reales el monto de esas deudas.

Este beneficio se suma a los que ya viene otorgando el gobierno, como el pago del 50% de los salarios (ATP). Una “ayuda” que alcanzó a grandes empresas y multinacionales de más de un millar de empleados que tienen la espalda necesaria para soportar la crisis, como Clarín, cuyo CEO, Héctor Magnetto, tiene una fortuna personal cercana a los 1.000 millones de dólares; Techint, una empresa que en el primer semestre de 2019 aumentó sus ganancias 20% con respecto a 2018 y opera en cien países siendo una de las poquísimas multinacionales argentinas, y el Grupo internacional Latam Airlines, que en 2019 tuvo ganancias por 190 millones de dólares y ahora pretende cerrar la filial argentina por no resultar “rentable” debido a la inactividad producto de la cuarentena.

Tal es el aprovechamiento de la pandemia que hacen las patronales para ajustar a los trabajadores, facilitado por el gobierno, que algunas empresas esenciales, que vienen produciendo y facturando normalmente, también están cobrando el subsidio, aduciendo pérdidas falsas y, sin embargo, no pagan en tiempo y forma el monto restante del sueldo a los trabajadores, ¡caraduras!

Como si esto fuera poco, el gobierno acordó con las patronales y la vergonzosa colaboración de la CGT, la reducción (como mínimo) de 25% de los salarios de los trabajadores que están en cuarentena.

Para los trabajadores solo hay ajuste

El 41% de las empresas del país se encuentra en situación de morosidad. Mientras el gobierno es muy benevolente con las grandes empresas para condonarles una parte de su deuda y financiarlas en cómodas cuotas, a los trabajadores nos cortan el servicio si no pagamos la luz o el gas y por las tarjetas de crédito nos cobran intereses altísimos si nos atrasamos en el abono del resumen. Lo que le pasa a cada familia trabajadora sucede en todo el país. El gobierno beneficia a los grandes empresarios y ajusta, junto con las patronales, a los trabajadores.

 A los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales ahora se podría sumar un ajuste a los trabajadores en negro y cuentapropistas. Estarían evaluando dar de baja el ingreso familiar de emergencia porque resultó muy “costoso”. Los 90.000 millones de pesos que invirtió el gobierno para el IFE representan menos de un tercio de los 300.000 millones de pesos que las empresas deben al Estado, una burla.

Ya se levantaría el IFE en aquellas provincias, principalmente las del Norte, donde prácticamente no hay cuarentena y las economías regionales “funcionan normalmente”. ¿El gobierno cree realmente que en esas provincias los problemas sociales empezaron con la cuarentena? Tan falso es este discurso que lo desmintió, de hecho, el ministro Arroyo, al reconocer: “El IFE está llegando a nueve millones de personas, eso demuestra el nivel de deterioro en el que estaba la asistencia social del Estado. La situación social va a ser crítica, más allá de lo que pase con la pandemia” (Clarín, 18/6/2020). Si es consecuente con sus dichos, el ministro de Desarrollo Social debería mantener el IFE en todo el país y aumentar su monto a una suma que realmente le alcance a una familia para vivir.

Apoyemos el proyecto del FIT Unidad de impuesto a las grandes fortunas

Las grandes empresas dicen que no pueden pagar más impuestos porque la presión tributaria en la Argentina es “sofocante”. Eso es mentira. Los impuestos a las patronales en el país representan aproximadamente el 12% del total de la recaudación tributaria, mientras que en el resto del continente son del 25 por ciento. Mayor aún es la brecha si comparamos Europa.

También es falso que todos estén perdiendo en la pandemia. Durante la cuarentena el Grupo Mercado Libre tuvo un crecimiento de sus acciones de 6.000 millones de dólares. Otro tanto sucede con los grandes pulpos del campo y de la industria alimentaria, como Arcor. Movistar ganó solo en el primer trimestre de 2020 460 millones de euros. Y los bancos siguen amasando fortunas.

Y las que tienen menos actividad son compensadas con los cuantiosos subsidios y beneficios que les da el gobierno. Cuando empezó la cuarentena Alberto Fernández dijo que era hora de que “ las empresas ganen menos”, pero después no hizo más que beneficiarlas para que mantengan sus ganancias o las aumenten mientras los trabajadores estamos cada vez peor. Puro doble discurso.

 La emergencia sanitaria es cada vez mayor. En las próximas semanas el sistema de salud se podría saturar en el AMBA. Siguen sin alcanzar los insumos para evitar el contagio entre los médicos, siguen las rebajas salariales, cierran los pequeños comercios y crece la pobreza a casi 50 por ciento. El impuesto a la riqueza es una necesidad imperiosa. ¿Cómo puede ser que en medio de la tremenda crisis de la pandemia los grandes empresarios sigan incrementando sus fortunas personales y no se los toque?

Hay que imponer de forma urgente un verdadero impuesto a las riquezas como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad en el Congreso, cuyo tratamiento fue rechazado en unidad por Juntos por el Cambio y el peronismo en todas sus variantes. Hay que recaudar 20.000 millones de dólares de las grandes fortunas del país y de empresas como las que citamos más arriba, junto con el no pago de la deuda externa, constituir un fondo de emergencia para pagar un ingreso familiar de emergencia a cobrar todos los meses de forma nominal cuyo monto sea de 30.000 pesos, fortalecer el sistema de salud antes de que se sature y evitar que los pequeños comerciantes se vayan a la ruina otorgándoles créditos a tasa cero. ¡Que la crisis la paguen los patrones. No el pueblo trabajador!

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