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Vicentin: ¿Y la “expropiación”?

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

 

Cada vez se conocen más datos del desfalco de Vicentin. Aparte del préstamo de 18.000 millones de pesos del Banco Nación y el no pago de lo adeudado a 2.600 productores, se descubrió que vendió parte de las acciones de Renova, una empresa ligada al grupo, por 122 millones de dólares, y ese dinero fue a sus accionistas, no a pagar deudas. Directivos del Nación denunciaron que recibió más de trescientos préstamos irregulares. También Vicentin sacaba la soja para exportar desde Paraguay para evadir impuestos, porque en el país vecino no se pagan retenciones ni IVA. Pero a pesar de todo esto el gobierno retrocedió con su propia definición de la expropiación. Solo queda una intervención que ya ni siquiera es tal, porque un juez pasó a los interventores oficiales como veedores y se repusieron los directivos de Vicentin. Ahora el gobernador Perotti presentó la propuesta de cambiar a los directores, no a los accionistas, dejando claro que no es ningún ataque a la “propiedad privada”. Es decir, más que “reformular” la propuesta, el gobierno está retrocediendo de sus propios dichos. A tal punto que el titular de Coninagro dijo que el presidente habría dado “un giro a la derecha”.

Detrás de las razones de este retroceso hay muchas versiones. Si el gobierno lo hizo después de los banderazos y la decisión del juez que rechazó la intervención, porque no le daban los votos para aprobar la ley en caso de enviarla al Congreso, o si se debe a que Alberto Fernández está entre fuegos cruzados al interior de su propio gobierno, Perotti por un lado (posición más conservadora), o el fogoneo de la expropiación por parte del kirchnerismo. Pero la razón central hay que buscarla en el consabido doble discurso del peronismo del Frente de Todos, anunciar una cosa y hacer otra. O lo peor, anunciar una expropiación y ante la menor crítica archivar la propuesta.

Es el propio presidente quien dijo varias veces que su objetivo era “salvar a la empresa” y que en todo caso si la expropia es para formar una sociedad mixta donde se cambien los malos nombres de los actuales empresarios por otros. Pero lo único que hay es una mera intervención. A tal punto que salió una solicitada con ese eje solo (ninguna mención a la palabra expropiación) firmada por Daer, Cavalieri, Caló, Pignanelli, Moyano, pasando por Yasky, Baradel, Cachorro Godoy y hasta Pianelli, del subte, y Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros.

Este retroceso se une a que el gobierno también desactivó el impuesto a la riqueza, tantas veces anunciado y nunca concretado, mientras acordó una rebaja salarial de 25% junto a la UIA y la CGT. Ahora el pago del aguinaldo en cuotas después de subsidiar el 50% de los salarios a grandes empresas y multinacionales, generando insatisfacción hasta en sus propios votantes.     

Por qué hay que estatizar 100% a Vicentin

Porque es una necesidad para resguardar los miles de puestos de trabajo, pagar las deudas a los pequeños chacareros, para que devuelva los 300 millones de dólares al Nación y, fundamentalmente, para que sus grandes facturaciones de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales no se vayan a sus accionistas, al lavado de dinero o al exterior, sino que vayan para beneficio del país y el pueblo trabajador.

Macri, la UCR, la Sociedad Rural y los grandes empresarios agitan que se está “violando la propiedad privada” de Vicentin con el claro objetivo de salvar a la empresa. Bajo el gobierno anterior se atacaba todos los días la “propiedad privada” de millones con el robo a los salarios y las jubilaciones, se aplicaban brutales tarifazos al servicio de la “propiedad privada” de las privatizadas y se endeudó sideralmente para aumentar la propiedad privada de los usureros internacionales. Por eso no van las medias tintas. Proceder a estatizar Vicentin es clave. Y que sea en un ciento por ciento. Es la única propuesta “superadora” de la que tanto se habla.

Cuando el gobierno dice que hay que “rescatar” a la empresa vía una sociedad mixta (Estado y capitales privados) va a significar que el Estado siga poniendo plata para salvar las ganancias capitalistas. Uno de los directores del Central, el centroizquierdista Claudio Lozano, habla de crear una empresa “pública no estatal”, que sería más o menos lo mismo. Ojo con estas trampas.

Que pase a manos del Estado es para que las grandes ganancias que se hacen con el negocio agroexportador y alimentario queden para el país, lo que permitiría ahora, por ejemplo, destinarlas para la salud, los hospitales y la emergencia. Y para evitar que haya corrupción o negociados, como pasó en Aerolíneas con el manejo de La Cámpora. Vicentin ciento por ciento estatal debe ser controlada, gestionada y administrada por sus trabajadores y pequeños chacareros, los únicos interesados en que funcione de manera transparente y bajo el interés nacional. Medida que debería ser un primer paso para avanzar en la nacionalización del comercio exterior y que sea monopolizado por el Estado. Para quitarle el manejo millonario de ese gran negocio a las multinacionales yanquis como Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la china Cofco. Esa es la política que postulamos desde Izquierda Socialista y que hizo el proyecto de ley el Frente de Izquierda Unidad, el único presentado para ajustar cuentas de verdad contra estos empresarios “vivos” que siguen quedando en la impunidad.