Escribe Diego Martínez
Hace algunos días se dio a conocer una solicitada firmada por 250 referentes políticos y sociales que se pronunciaron a favor de la expropiación de Vicentin. Entre ellos se encuentran dirigentes del ala “progresista” del gobierno peronista como Claudio Lozano, Pino Solanas, Juan Grabois, Itai Hagman, Victoria Donda, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Alderete (CCC), el periodista Alejandro Bercovich y varios referentes de la CTA. En esa declaración se pronuncian a favor de que Vicentin sea una “empresa pública no estatal”, lo que nos lleva a una polémica, ¿qué es una verdadera estatización?
Falsas estatizaciones
Lo de “empresa pública no estatal” no es nuevo. Se trata de un viejo eufemismo utilizado para denominar a las empresas “mixtas”, donde conviven el capital privado y el estatal, pero predomina el sector privado. En este tipo de empresas el Estado asume las pérdidas y los privados se quedan con la mayor tajada de las ganancias. En realidad existen dos tipos de propiedad, estatal y privada, y la que no es estatal es privada. En la Argentina en 2012 se anunció la expropiación parcial de YPF. Después de que el gobierno desembolsó 5.000 millones de dólares para su compra, el 51% de las acciones quedaron en manos del Estado y el 49% restante fue para los accionistas privados, pero la empresa siguió siendo una sociedad anónima que cotiza en Bolsa y, por lo tanto, favorece a los intereses de sus dueños “no estatales”. Así se organizó la escandalosa entrega a la multinacional Chevron mediante un acuerdo secreto que garantiza el saqueo de Vaca Muerta, la segunda reserva de petróleo y gas no convencional del mundo.
Otro ejemplo de empresas “mixtas” se dio en la Venezuela de Chávez, al que los sectores “progresistas” que mencionamos ven como un ejemplo a seguir. Mucho se habló en las últimas semanas de las expropiaciones venezolanas. La patronal quiere utilizar el evidente fracaso de estas medidas para generar el rechazo entre los trabajadores a cualquier tipo de expropiación. Pero tenemos que decir que en Venezuela, como en el caso de YPF, hubo falsas estatizaciones.
El chavismo sostiene que bajo su gobierno el petróleo fue renacionalizado. Pero la realidad indica lo contrario. En 2006 Chávez anunció un plan a través del cual la empresa estatal de petróleo, Pdvsa, podría asociarse a capitales privados. Así fue que surgieron las empresas “mixtas” con la participación de los principales pulpos mundiales del petróleo: Chevron, Exxon, Repsol, Shell, Total y Petrobras. Tal fue la entrega del chavismo, que en 2010 terminó cediendo a estas empresas y otras la explotación de la Faja del Orinoco, considerada la mayor reserva de petróleo del planeta. Pese a ser uno de los principales productores del mundo, al disponer cada vez menos de sus recursos naturales, el pueblo trabajador venezolano, con el correr de los años, se fue sumiendo más y más en la pobreza.
¿De qué hablamos cuando hablamos de estatizaciones?
Las patronales, a través de los medios de comunicación, dicen que cualquier tipo de estatización es inviable y anacrónica. La realidad desmiente estos dichos. Ante la tremenda crisis que estamos viviendo a nivel mundial, los gobiernos capitalistas se ven obligados a tomar medidas parciales que van en este sentido. En Irlanda se nacionalizó el sistema de salud por el tiempo que dure la pandemia. En Portugal recientemente el Estado compró el 72,5% de la aerolínea nacional y puso a un director al mando.
Ahora la pregunta es ¿qué tipo de estatización necesitamos los trabajadores? A diferencia de las falsas expropiaciones, en las que el Estado invierte sumas multimillonarias para salvar empresas quebradas por sus antiguos dueños capitalistas y el sector privado sigue teniendo el control asegurándose maximizar sus ganancias, proponemos estatizaciones del ciento por ciento, sin indemnizaciones y que las empresas, estén al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, no del lucro.
Durante muchos años en la Argentina los servicios fueron propiedad del Estado. Los ferrocarriles trasladaban millones de personas a precios muy accesibles, conectaban centenares de pueblos y eran un factor de desarrollo de las economías locales. Este servicio, como la electricidad, el agua, el gas, o el petróleo tienen que volver a manos del Estado. De la misma forma debe estatizarse inmediatamente toda empresa que despida o cierre. Hay compañeros que tienen dudas acerca de “volver al Estado”. Recuerdan la corrupción que había cuando peronistas y radicales, al mando de estas empresas, privilegiaban los negociados con las contratistas en lugar de brindar un servicio eficiente. Este proceso se agravó en los años previos a las privatizaciones, cuando vaciaron las empresas para justificar su remate. Otros recuerdan las denuncias de corrupción de la gestión de La Cámpora en Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina. Por eso decimos que el planteo de estatización va ligado indisolublemente al de “control obrero y de los usuarios”. Totalmente distinto de las estatizaciones que hemos conocido. Nadie mejor que los trabajadores que mantienen funcionando los servicios y ponen a producir las fábricas cada día, que conocen cómo poner esas empresas al servicio de los intereses del pueblo, a diferencia de los empresarios, que solo buscan aumentar sus ganancias a toda costa, y de los funcionarios corruptos serviles a los planes de ajuste de los distintos gobiernos.
Decimos con claridad: queremos estatizaciones del ciento por ciento de las empresas de servicios públicos y de toda firma que cierre, despida o suspenda, sin indemnizaciones y bajo control de los trabajadores y los usuarios.
