Escribe Joel Rojo
El peronista Llaryora venía envalentonado por el ajuste impuesto a los municipales. Les había rebajado en promedio 17% del salario y concretó despidos, entre otras medidas que significaron una importante quita de conquistas.
En el caso de la UTA, aprovechó la pandemia para amenazar con despedir y rebajar la jornada de trabajo y 12% del salario a los choferes, que venían de no cobrar sus salarios completos desde abril, razón por la cual pararon buena parte de mayo. El paro fue levantado inconsultamente por la comisión directiva que encabeza Carla Esteban, conductora de la empresa Tamse de trolebuses, puesta a dedo en ese cargo luego de la intervención dispuesta en 2017 por Fernández, de UTA nacional. Su política ante la amenaza del intendente siempre fue negociar. La continuidad de la deuda salarial y la bronca de la base la obligaron a retomar el paro el primer día de julio. Fueron más de veinte días de paro, en alguna ocasión con enfrentamientos con la policía del gobernador Schiaretti, y en los cuales se sucedieron movilizaciones de los choferes y algunas de sus mujeres, organizadas en una comisión. El día 20 se cortaron varios puentes de entrada al centro de la ciudad y el 21 el municipio amenazó con poner en la calle un transporte alternativo manejado con carneros, que no dio resultado, y entonces propuso un acuerdo. La UTA Córdoba, otra vez sin consultar a la base, lo aceptó.
El acuerdo, en esta pelea por imponer un ajuste a los choferes que no ha terminado, significa que este primer round lo ganaron los trabajadores, porque el gobierno acepta pagar toda la deuda salarial con un plazo que vence el 27 de julio, sin descontar los días de huelga. Y no puede rebajar salarios ni despedir trabajadores durante los cuatro meses que dura el acuerdo, que puede prorrogarse por el mismo lapso.
El punto débil es que en el transcurso del acuerdo hay paz social y que los pagos están supeditados a que los gobiernos, sobre todo el nacional, aporten los subsidios. Además, las empresas podrán otorgar la mitad de los días de vacaciones en medio de la cuarentena y pagarán el aguinaldo en tres cuotas mensuales a partir del 10 de agosto.
Teniendo en cuenta que el gremio viene de una grave derrota en 2017 y su posterior intervención. Que el gobierno provincial y el municipal, con la complicidad de la burocracia sindical, vienen imponiendo su ajuste. Que este conflicto estaba totalmente aislado por la negativa de las CGT y las CTA de la provincia a convocar al paro provincial, y también por la claudicación de la UTA nacional, podemos decir que este es un primer triunfo obrero que ayuda a recomponer fuerzas en su base y su vanguardia más combativa. Pero para nada está ganada la pelea. El gobierno insistirá con su plan de ajuste, que consiste en concretar sus amenazas. Por eso hizo votar en el Concejo Deliberante la emergencia en el transporte y superpoderes para que el intendente la resuelva.
Ante esto, los trabajadores de todas las empresas deben unirse y organizarse para imponerles a sus dirigentes que nada se resuelve sin acuerdo de la base, y para eso son fundamentales las asambleas en punta de línea y la asamblea general en la puerta de la UTA. Se le debe exigir a la UTA nacional un plan de lucha para todo el país. Y junto con todo esto, en la provincia, encabezar la exigencia al resto de los gremios de un paro provincial y un plan de lucha para frenar el ajuste de Schiaretti-Llaryora y todos los intendentes.