Escribe Diego Martínez

El amplio abanico de fuerzas políticas que apoyaron el acuerdo entre los bonistas y el gobierno abarcó desde el propio Mauricio Macri y toda la cúpula de Cambiemos hasta los sectores que se autodenominan “ala izquierda del gobierno”, entre quienes se encuentran Patria Grande y el PCR, pasando por el peronismo en su conjunto.

El diputado del Frente Patria Grande Itaí Hagman, hizo una encendida defensa del acuerdo con los bonistas, que fue festejado por Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.

Hagman, quien hasta hace muy poco proponía la suspensión e investigación de la deuda contraída por Macri, y antes directamente el “no pago”, dijo que el acuerdo era una “muy buena noticia para la Argentina”, pese a que sostuvo a la vez que la deuda fue “tomada de manera irresponsable y usada para pagar la fuga de capitales”. El diputado del Frente Patria Grande también sostuvo que defendía una “deuda sustentable que se pueda pagar”. Se trata de una completa utopía. Como lo venimos explicando, la deuda externa es un mecanismo de sujeción que utiliza el imperialismo para imponer políticas de ajuste, con la colaboración de los gobiernos de turno, en países oprimidos como el nuestro. El negocio es que la deuda nunca llegue a pagarse en su totalidad, para así mantener los lazos de sujeción.

Lo de “la deuda que se pueda pagar” se asemeja al discurso del peronismo kirchnerista que afirmaba que “nos estábamos desendeudando”, mientras la realidad demostraba lo contrario. Cristina terminó su mandato en 2015 con una deuda superior a la que existía cuando asumió Néstor Kirchner en 2003. Esto, pese a que la propia Cristina definió a los gobiernos kirchneristas como “pagadores seriales”. En su discurso, Hagman intentó mostrar una marcada diferencia entre la política que tuvieron Cristina y Macri con respecto a la deuda, pero lo cierto es que el peronismo kirchnerista favoreció la fuga de capitales y utilizó dinero de las reservas del Banco Central para pagar deuda, como sucedió con Macri.

Hagman también declaró que los sectores que más se benefician con el acuerdo con los bonistas “son los que van a tener que hacer el esfuerzo para pagar la deuda interna con el pueblo”, pero la política del actual gobierno peronista que él defiende es exactamente la contraria. Fernández beneficia a esas mismas patronales con el ajuste al salario, las paritarias a la baja, deja pasar despidos y suspensiones, se reúne con la Sociedad Rural y lo más granado del empresariado local, al que favorece con moratorias, mientras la pobreza avanza entre los trabajadores y los sectores populares, situación a la que el gobierno no da respuestas.

Hagman, como esperando a los reyes magos, sigue teniendo expectativas en que el gobierno implemente el impuesto a las grandes riquezas, pero dice que “no cambia nada si se sanciona hoy, en dos semanas o dentro de un mes” (Infobae, 9/8/2020). Declara esto en el peor momento de la pandemia, cuando se evidencia la falta de presupuesto en el sistema de salud y la pobreza trepa casi al 50 por ciento. Mientras tanto, el único proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que presentó el FIT Unidad en el Congreso, ni siquiera llegó a tratarse debido al rechazo de la mayoría de los bloques, incluidos los del oficialismo y su “ala izquierda”.

El PCR y Lozano, furgones de cola del gobierno

Igual de lamentable fue la posición del PCR/CCC. Juan Carlos Alderete, diputado de este partido y del Frente de Todos, dijo que “el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán forcejearon muy duro con grupos muy poderosos” (Télam, 9/8/2020). Esto en el marco de que el gobierno mejoró cinco veces la oferta inicial. Tal fue la entrega de parte del gobierno que un economista del establishment como Martín Redrado, que fue funcionario de gobiernos de todo tipo y color, dijo: “Soy de los que creen que en las negociaciones hay que ser duro en el contenido y diplomático en las formas, y acá fue más bien al revés, se terminó cediendo 16.500 millones de dólares para llegar a un acuerdo” (Clarín, 9/8/2020).

Claudio Lozano, economista ligado a la CTA y actual miembro del directorio del Banco Nación, dijo en marzo de este año que “hay que suspender el pago de la deuda para reactivar la economía” y que “las deudas se pagan, las estafas no, es una consigna a aplicar” (RadioGráfica, 21/3/2020). Ahora destaca que en el acuerdo con los bonistas “el gobierno logró despejar los vencimientos que tenía en los próximos años con los acreedores privados” (Ámbito Financiero, 8/8/2020).

Construyamos una auténtica alternativa de izquierda

El apoyo del “ala izquierda” del gobierno al acuerdo con los fondos buitres se suma al voto a favor de la entrada de tropas yanquis en el país a principios de año, la defensa del ajuste jubilatorio y la tregua que organizaciones sociales, como la CCC y la CTEP (cuyo referente, Juan Grabois, es parte del Frente Patria Grande) junto a Barrios de Pie (el llamado triunvirato piquetero), vienen manteniendo desde 2018, cuando gobernaba Macri, en consonancia con la política del peronismo kirchnerista que en aquel entonces, con la consigna “hay 2019”, abandonó las calles y dejó pasar el ajuste.

La política de hacer alianzas con partidos patronales “contra la derecha” solo sirve para lavarle la cara a esos sectores y ser cómplices de los ajustes que los gobiernos, que se dicen “nacionales y populares”, también aplican. Esta política de la centroizquierda, que lamentablemente ahora, con el gobierno de Fernández, también llevan adelante sectores de la izquierda como el PCR, ya fracasó con la Alianza de De la Rúa en 2001 y durante los doce años del kirchnerismo. 

Llamamos a seguir construyendo una alternativa de izquierda, independiente de todos los partidos y gobiernos patronales, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, el único bloque político que rechazó el acuerdo con los fondos buitres y que se opone tajantemente al pago de la deuda externa.