Escribe José Castillo
Finalmente, el viernes pasado, tras una demora injustificable de casi cinco meses, el gobierno de Alberto Fernández presentó el proyecto de “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Mientras tanto, el único que efectivamente estaba desde que comenzó la pandemia en el Congreso era el del Frente de Izquierda Unidad.
Ahora corresponde comparar ambas iniciativas. El propuesto por el gobierno peronista plantea gravar con una alícuota, de 2% hasta 3,5%, a las personas que posean bienes en el país por un monto igual o superior a 200 millones de pesos. La tasa máxima de 3,5% será la que pagarán aquellos que tengan un patrimonio de 3.000 millones de pesos. Si se tiene un monto superior, se abonarán 88,5 millones de pesos más 3,5% sobre el excedente. En el caso de que los bienes estén declarados en el exterior, las alícuotas suben desde 3% a 5,25%, salvo que entre los sesenta días de publicada la ley se los repatrie, en cuyo caso el monto a pagar se reducirá, tributando igual que los bienes registrados localmente. El gobierno de Alberto Fernández estima que, de este modo, logrará recaudar “por única vez” un monto cercano a los 3.000 millones de dólares.
Tanto en el monto, como en el universo alcanzado, resalta la superioridad del proyecto que hemos presentado desde el Frente de Izquierda Unidad. Primero y principal, porque el del gobierno, increíblemente, solo se dirige a “las personas” y no a las empresas. ¿Cuál es la justificación para que Mercado Libre, cuyo valor se triplicó desde el comienzo de la pandemia, quede exenta de este impuesto? ¿Y los bancos, que siguen obteniendo superganancias, en gran parte por la tasa de Leliq que les regala el propio Banco Central? ¿Y el patrimonio de las transnacionales, como las petroleras o los monopolios agroexportadores, cuyos dueños obviamente no residen en el país? ¿Quedarán totalmente eximidos? Nuestro proyecto, en cambio, se dirige a las grandes fortunas, ya sea que estén registradas contablemente en los patrimonios personales o en los de las grandes empresas.
La segunda cuestión es el monto de la alícuota. Nosotros proponemos un impuesto extraordinario serio, a la altura de la emergencia. Donde, en promedio, se grave fundamentalmente a los grandes multimillonarios de la Argentina y a las ganancias de los más grandes grupos económicos. Yendo más al detalle, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda propone gravar a los millonarios con mayor riqueza del país con alícuotas progresivas, que parten de 5% y llegan hasta 15 por ciento. Planteamos además que las grandes empresas, cuyas ganancias superan los 65 millones de pesos en el último período, paguen una tasa adicional progresiva de entre 10% y 20% por sobre lo que les corresponde por impuesto a las ganancias. Que los bancos abonen un 20% extra sobre sus ganancias de los últimos doce meses. A ellos le sumamos una multa para los evasores con cuentas detectadas en el exterior, y gravar también la gran propiedad de la tierra y las viviendas ociosas más caras. De esta forma se podrán recaudar, en promedio, 15.000 millones de dólares. ¡Cinco veces más que en el proyecto del Frente de Todos!
Es que lo que está en discusión es quién se ve de verdad afectado por la crisis, si el pueblo trabajador, como ha sido hasta ahora, o los multimillonarios. El proyecto oficialista no les hace cosquillas, como lo reconoció su propio autor, Carlos Heller, al afirmar que “a ellos no les cambiará la vida” (Clarín, 7/4). Los cincuenta argentinos más ricos acumulan una fortuna de casi 50.000 millones de dólares. ¿Eso es todo lo que pueden aportar Paolo Rocca, Galperín, Bulgheroni, Roemmers o Perez Companc? Nuestro planteo es el opuesto, que de verdad sean las grandes riquezas las que paguen la crisis.
El destino de los fondos
La otra gran diferencia radica en que se hará con lo recaudado. El proyecto oficialista plantea que solo una parte irá a asistencia sanitaria y a atender las necesidades sociales. Increíblemente, el 25% se asigna a la financiación de “programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina e YPF”. Traducido, ¡a subsidios que terminan en manos de los pulpos monopólicos del gas y el petróleo, los mismos que están saqueando Vaca Muerta! Otro 20% figura como destinado a subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Esto esconde una trampa, bajo esta figura legal la AFIP incluye empresas que facturan hasta 2.600 millones de pesos anuales, pudiendo calificar entonces para este subsidio algunas filiales de multinacionales.
Nuevamente, el proyecto del Frente de Izquierda no da lugar a ninguna de estas trampas. Plantea con claridad que lo recaudado debe ir a resolver la crisis generada por el coronavirus. Así, apunta a que todos los que lo necesiten puedan cobrar un ingreso de emergencia de 30.000 pesos por mes. A que el dinero se destine, por ejemplo, para que se contraten los 2.500 trabajadores de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires, y otros tantos miles en el resto de las provincias. A que se compren todos los insumos para que los hospitales cuenten con los recursos necesarios, incluyendo la instalación completa de nuevos establecimientos y unidades de terapia intensiva. A que se mejoren sustancialmente los salarios de los trabajadores de la salud y a que se distribuyan alimentos suficientes para que nadie pase necesidades y se sienta presionado a romper la cuarentena.
En síntesis, la emergencia exige gravar a las grandes riquezas. Sin dudas, la herramienta que realmente lo lleva a cabo es el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.
