La desaparición de Facundo Castro Astudillo ha conmocionado al país. Cada vez surgen más elementos que demuestran la responsabilidad de la policía bonaerense y del gobierno, tanto en el hecho en sí como en su posterior encubrimiento. Vergonzosamente, en una copia burda de lo que hace unos años hacía Patricia Bullrich para defender a la Gendarmería, hoy desde el gobierno peronista y sus periodistas afines se hace correr la hipótesis de que se trató de un “accidente”. Repudiamos estas maniobras, apoyamos la lucha y las denuncias de la madre de Facundo y nos seguiremos movilizando exigiendo castigo a los culpables.
Mientras tanto, la pandemia sigue su curso ascendente. Los casos se siguen contando de a miles y el tan temido colapso del sistema de salud ya empieza a llegar a algunas ciudades. Tal es el caso de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, donde los médicos ya se ven obligados a elegir a quién le dan asistencia respiratoria y a quién no. La apertura de actividades, justo en el momento de mayor número de contagios, mostró su irresponsabilidad y peligrosidad, incluso en aquellos lugares donde más se suponía que se podía hacer con todos los cuidados, estalló la burbuja sanitaria del equipo profesional de Boca Juniors, con catorce jugadores contagiados.
En otro orden de cosas, sigue la crisis política en las alturas, en una pelea totalmente alejada de las reales preocupaciones populares. Entre el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio continúan peleándose por la reforma judicial. Se trata de una disputa por ver quién maneja los jueces, cruzado con la búsqueda de impunidad para las causas de corrupción de unos y otros. Ahora esto llevó a una crisis por el funcionamiento virtual, o no, del Congreso. Pero no debemos confundirnos, en los temas fundamentales todos los políticos patronales están de acuerdo: pagar la deuda externa, ir a un nuevo acuerdo con el FMI y subsidiar a los empresarios. En síntesis, hacer que la crisis la paguen los trabajadores.
El gobierno peronista de Alberto Fernández, desde la semana pasada, trató de recuperar la iniciativa política. Lo hizo con la presentación, injustificablemente tardía, del tantas veces anunciado “impuesto a la riqueza”, que ni de lejos está a la altura de las necesidades de la emergencia. Casi la mitad del destino de los fondos no irá a resolver ningún problema relacionado con la pandemia –ni sanitario ni social–, sino a subsidiar a los empresarios. Además, y para hacer una mínima comparación con el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, se podría recaudar cinco veces más que con el del gobierno. Esto es así porque no incluye a las empresas –sólo está dirigido a las personas– y el monto a pagar por la riqueza de cada millonario es mínimo.
Pero sin duda, la mayor puesta en escena se realizó este lunes en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, festejaron el cierre de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores privados. Un festejo compartido no solo por los presentes en esa reunión, aplaudieron toda la oposición patronal, el conjunto de los empresarios y los economistas del establishment. Más aún, también felicitaron el acuerdo el FMI, el Papa y los jefes de gobierno de las principales potencias del mundo.
Lo decimos una y mil veces, los únicos que no tienen nada para festejar son los trabajadores y los sectores populares. Primero y principal porque no es cierto que nos hayamos sacado de encima la carga de la deuda. Ya en julio del año próximo tendremos que empezar a pagar a esos buitres, la quita de capital es casi inexistente y ni qué hablar de los vencimientos a partir de 2024, una montaña enorme, tan impagable como la actual. Pero, y principalmente, porque todavía falta la renegociación más importante, la de la deuda con el FMI. Al ajuste actual se le sumará uno mayor el año próximo.
Expliquémonos. Aunque el gobierno del Frente de Todos lo disfrace con discursos progresistas, o vendiendo que se vienen “las 60 medidas para reactivar”, la realidad es que hay un ajuste en curso que está cayendo sobre las espaldas de los trabajadores. La inmensa mayoría no ha tenido aumento alguno mientras los precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Muchos incluso han visto reducidos sus sueldos 25%, gracias a la complicidad de la burocracia de la CGT. A esto tenemos que sumarle los 700.000 suspendidos, que cobran porciones aún menores de sus ingresos habituales. Y los más de 300.000 despedidos. Aclarando que todos estos números son solo de los trabajadores en blanco, por lo que habría que sumar un número mayor aún de aquellos que están en negro. También siguen perdiendo todos los jubilados, sin excepción, desde la suspensión de la fórmula de reajuste a partir de diciembre pasado. Por contrapartida, los millones de cuentapropistas, monotributistas y aquellos que viven de changas tienen que arreglárselas con el absolutamente insuficiente IFE, de 10.000 pesos por familia, cada dos meses.
Pero lo peor está por venir, el acuerdo con el FMI exigirá un ajuste mucho mayor. Así lo reconoció el propio ministro de Economía Martín Guzmán en el evento del lunes pasado. Lo dijo técnicamente, seguramente a propósito para que el pueblo trabajador no lo entendiera, mientras el establishment y los funcionarios del FMI tomaban nota. El gobierno se propone reducir a 4,5% del PBI el déficit fiscal de 2021, desde el 8% actual. Lo bajamos a tierra para que se comprenda, “bajar el déficit” quiere decir achicar el gasto público. Guzmán está diciendo que van a hacer un ajuste de 1,4 billones de pesos (14.000 millones de dólares). Eso es casi el doble de toda la ayuda social, IFE incluido, gastada durante la pandemia. Ese es el ajuste que ofrece el gobierno al Fondo para comenzar la negociación. Sabiendo que el FMI, encima, va a exigir que se le sume el compromiso de realizar una reforma previsional (léase mayor ajuste todavía sobre los jubilados actuales y futuros) y otra laboral, donde se quiere avanzar más a fondo aún con la flexibilización y el ataque a los convenios colectivos.
Como lo demuestran los trabajadores de Latam, los docentes de varias provincias, los textiles de Río Grande en Tierra del Fuego, los choferes de Rosario, las compañeras y compañeros del gremio de pasteleros, los trabajadores de prensa de varios medios, no se deja pasar el ajuste sin luchar. Aunque aisladas por la más absoluta tregua de la burocracia, tanto de la CGT como de las CTA, los trabajadores siguen dando pelea. Por eso resulta fundamental brindarles todo el apoyo y ayudar a su coordinación, como lo estamos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.
Pero además, frente a un gobierno que nos invita a “festejar” el acuerdo con los pulpos acreedores y que ahora nos quiere vender la posibilidad de un pacto “progresista” con el Fondo Monetario, resulta más importante que nunca postular un programa alternativo, de emergencia, que priorice realmente los problemas generados por las dos pandemias, la sanitaria y la social. Comenzando por el cobro de un impuesto a las grandes riquezas, tal como lo planteamos en nuestro proyecto del Frente de Izquierda Unidad. Y, por sobre todo, dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para poner todos los recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares. Ese es el programa que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad. Te invitamos a apoyarlo y a luchar con nosotros para imponerlo.