Escribe Adolfo Santos
En El Socialista de la semana anterior analizamos el proyecto del gobierno peronista para gravar la riqueza. La conclusión es que, además de insuficiente, deja por fuera a las grandes empresas, con lo que se pierde la posibilidad de incrementar la recaudación, y muchos empresarios, que hacen pingües negocios en la Argentina, pero que tienen sus domicilios fiscales en el exterior, tampoco van a aportar un peso a ese fondo.
Queda claro por qué los diputados oficialistas y de la oposición patronal se negaron de plano a tratar el proyecto presentado por el FIT-Unidad. Es evidente que no querían ir a fondo contra los grandes intereses económicos. Por eso prepararon una propuesta mínima, “que no le va a cambiar la vida a nadie”, como dijo uno de sus autores, y que solo va a recaudar 3.000 millones de dólares, menos de un quinto de lo que propone el FIT-Unidad. Decir esto no es para establecer una mera relación competitiva, sino que responde a definir de qué forma se pueden resolver, de verdad, los graves problemas de los sectores más vulnerables.
Restringir el “aporte solidario” a las personas físicas, dejando por fuera las empresas, reduce las posibilidades del fondo. Es un desastre que en medio de una situación de emergencia empresas como Techint o Mercado Libre, que han visto aumentar exponencialmente sus ganancias en estos meses, no aporten. Ni los bancos, ni las multinacionales, ni las petroleras, ni las cadenas de farmacias y supermercados, ni las empresas del agronegocio. Es inaceptable que el gobierno peronista les exija sacrificios a los trabajadores mediante reducciones salariales y exima a las grandes empresas de aportar para “morigerar los efectos de la pandemia”, como reza el texto oficial.
Pero es peor. El proyecto del Frente de Todos deja otra puerta abierta para que se escapen los millonarios. Como dice Carlos Heller, uno de sus autores: “El aporte alcanza a las personas físicas por sus activos declarados en el país y en el extranjero al 31 de diciembre de 2019, y que superen los 200 millones de pesos” (La Nación, 8/9). Significa que es para los que declararon bienes personales ante la AFIP. Los ricos que “extranjerizaron” sus domicilios fiscales para pagar menos impuestos quedarán libres de aportar. Es el caso de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre; de Hugo Sigman, del Grupo Insud, elegido por el gobierno para fabricar la vacuna contra el Covid19, pero que no va a aportar un solo peso para ayudar a las víctimas de la pandemia, o del petrolero “argentino extranjero” Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños de Pan American Energy y Axion, entre tantos otros.
No es ese el proyecto que necesita la grave emergencia. Además de insuficiente, el proyecto de los peronistas Carlos Heller y Máximo Kirchner destina una parte importante para las pymes y las inversiones en petróleo y gas. El proyecto del FIT-Unidad, que propone recaudar cinco veces más, es claro, lo recaudado debe destinarse a resolver los graves problemas generados por la pandemia. Para que todos los que necesiten, por imposición de la cuarentena, reciban un salario de emergencia de 30.000 pesos. Que se destine para contratar los 2.500 profesionales de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires y los que sean necesarios en el resto del país. Para que se adquieran los insumos necesarios para abastecer los hospitales, se mejoren los salarios de los sacrificados trabajadores de la salud en todos sus niveles y para que se distribuyan alimentos suficientes para que nadie se vea obligado a exponer su salud por falta de comida en la mesa.
