Escribe Alfredo Leytes, concejal electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad
Esta es la alerta más temida en las sierras cordobesas. Según la Universidad Nacional de Córdoba, en diecinueve años (1999-2017) se produjeron 5.358 incendios forestales que afectaron 700.376 hectáreas. Equivalen a doce ciudades de Córdoba. Ya van seis meses sin lluvia y se han quemado 70.000 hectáreas y esto no terminó. A la incalculable pérdida de flora y fauna, se suman decenas de casas y la vida de dos lugareños. El gobierno de Schiaretti es el responsable de que esta catástrofe se repita todos los años.
El peronismo gobierna la provincia hace veinte años. Al respecto, Luis Tuninetti, coordinador del Observatorio Regional del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Villa María, dijo: “Esta situación evidencia la necesidad de políticas de alerta temprana más preventivas que paliativas. Un siniestro de esta magnitud era previsible, por las sequías y los incendios en el Amazonas que modificaron el régimen de lluvias”. Y sobre el origen señala: “Estos incendios son intencionales, no son cosas de algún pirómano. Existen intereses urbanísticos y productivos para sacarse de encima al bosque nativo”. Y aclara que las entidades rurales ejercen presión para avasallar la Ley de Bosques debido a su proyecto productivista e irracional hacia los ecosistemas.
Los incendios comenzaron el 14 de agosto. “Prenden para desmontar”, denunciaron vecinos y organizaciones ambientales, y el gobierno respondió que reprimiría a los vecinos que, desesperados, intervienen para salvar las casas, porque a pesar de su heroico esfuerzo los bomberos no logran dominar las llamas. Los incendios forestales arrasaron todo a su paso, quemando 70.000 hectáreas de bosques nativos y tierra productiva. Pero no hay quemada una sola hectárea de soja, o el campo de algún gran establecimiento ganadero. Se quema la rica biodiversidad, la casa del lugareño, sus animales y hasta la vida de dos de ellos.
Si esto se puede prever, ¿por qué no lo hacen? Porque gran parte de este fuego es intencional, no se investigan sus orígenes, y cuando lo hacen culpan al desprevenido que le encontraron dos encendedores. Pero si encuentran incendiando al propietario de un campo, como en Villa Albertina, no pasa a mayores.
Si en la época de sequía se invirtiera en puestos de vigía permanente diseminados en el territorio para la detección temprana del fuego, tal como lo exige la ley de control del fuego, el 80% de este desastre se evitaría, según los expertos. Nos ahorraríamos los 17 millones de pesos diarios que cuesta apagar incendios forestales, según afirma el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien también acepta que en su mayoría son intencionales.
Si no se invierte en la prevención es porque hay quienes se benefician con estos incendios y todos saben quiénes son, los grandes emprendimientos inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, violan la prohibición de cambiar la utilización del suelo del lugar que se quemó. Así aparecen campos de soja, o de cría de ganado, porque la incineración del suelo le otorga la dureza suficiente para la producción ganadera y renueva la vegetación de una forma más rápida que la natural. O aparecen countries y barrios cerrados, como en el camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, donde hace años fue quemado el bosque nativo.
Con el tiempo, las consecuencias pueden ser catastróficas, porque hay grandes superficies arrasadas y un ecosistema quemado que impacta sobre la vegetación que protege a las cuencas hídricas, a la fauna, al monte nativo y a la retención de las precipitaciones en el suelo.
Apoyados en la más amplia unidad de acción y la movilización popular, debemos lograr la emergencia ambiental y la formación de una comisión de ambiente con profesionales expertos en la materia, miembros de organizaciones sociales de cada localidad y representantes de los trabajadores que tenga a su cargo elaborar un plan de reparación ambiental, así como también una nueva ley de ambiente provincial integral. Mientras tanto, hay que exigirle al gobierno que haga cumplir la limitada ley de manejo del fuego invirtiendo en la prevención, incorporando equipos de guardaparques y guardaambientes en cada región de bosque nativo, dotados de equipos de comunicación y prevención, y la reposición de todos sus bienes a los sectores populares damnificados.
Para todo esto se necesitan millones de pesos, que deben salir del no pago de la deuda externa provincial y de un impuesto a las grandes fortunas de la provincia, a los bancos, las grandes empresas y los terratenientes.
Para reclamar contra los incendios, este viernes nos concentramos a las 11 en el Patio Olmos como agrupación Ambiente en Lucha.
