Escribe Martín Fú

Un nuevo escándalo protagonizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Macri salió a la luz. Como parte de la misma denuncia e investigación sobre el espionaje ilegal contra el peronismo kirchnerista, también se develó que la izquierda fue espiada. En una presentación judicial de 352 páginas, conocida como “Bases Amba”, en la que “se investiga a una organización criminal que llevó adelante de manera organizada y sostenida en el tiempo numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal” (causa Nº FMP 88/2019, caratulada “D´alessio, Marcelo Sebastián y otros s/asociación ilícita y otro”) se describe la mecánica del funcionamiento en distintos informes de inteligencia durante el gobierno de Macri que daban cuenta de la constitución y funcionamiento de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas en donde, entre otras, se encontraban nuestro partido, Izquierda Socialista, y Docentes en Marcha, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el MST, la Comisión Provincial por la Memoria, CTA, ATE, trabajadores de Cresta Roja y el Expreso Lomas, más “peligrosas” organizaciones que fueron espiadas, como Madres del Trueque y la agrupación Unidos por los Niños.

Párrafo aparte merecen la infiltración y el seguimiento de los familiares de las víctimas del submarino ARA “San Juan” “por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento” del sumergible desaparecido en noviembre de 2017.

Locales partidarios, barrios, redes sociales, lugares de trabajo, clubes, escuelas, universidades, movilizaciones, luchas, actos políticos, cursos de formación política y quienes aportaban financieramente eran, entre otros, los objetivos donde la AFI metía las narices y elaboraba sus análisis a través de las “mesas de información”.

La inteligencia de la dictadura continúa con la “democracia”

De la misma presentación judicial surge un ejemplo que ilustra el papel de la inteligencia sobre la militancia política en todos los gobiernos patronales.

El escrito aportado por la fiscalía compara la infiltración llevada adelante a finales de 1981 por la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) sobre el PST y nuestra intervención en plena lucha bancaria. La Dipba, junto con el Destacamento 201 del Ejército, recabaron información que terminó con la desaparición y asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez en febrero de 1982, mencionándose que en 2017, mientras se sustanciaba la prueba para el posterior juzgamiento de los militares que luego fueron condenados a prisión perpetua, la AFI realizaba al mismo momento tareas de inteligencia sobre los trabajadores bancarios, como lo denunció la Asociación Bancaria de Chivilcoy, que estaban en lucha y eran espiados por su actividad gremial. Es decir que, mientras el Poder Judicial juzgaba este tipo de acciones, el Ejecutivo las financiaba y desplegaba en las mismas jurisdicciones y sobre las mismas agrupaciones sindicales, idéntico esquema de inteligencia y espionaje que se utilizaba en la dictadura, pero ahora bajo un gobierno “democrático”.

En 2015 el peronismo kirchnerista le cambió el nombre a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el mismo gobierno que creó el Proyecto X y que había puesto a Milani como hombre fuerte del espionaje, dedicándose a espiar e infiltrar luchas obreras, agrupamientos sociales o de derechos humanos y partidos de izquierda.

La política de inteligencia y espionaje interno mantiene su continuidad desde los años ´70 a la actualidad con el gobierno peronista de Fernández, como ocurrió recientemente en el conflicto de los mineros de Andacollo, en Neuquén. Todos los gobiernos patronales, sean militares, peronistas, radicales o de Cambiemos, han hecho uso de la inteligencia interior para asegurar el control social, la represión y la persecución política.

Este escándalo, en el que los medios oficialistas y opositores ocultan una parte, es repudiable desde donde se lo mire y plantea nuevamente la necesidad de disolver todos los organismos estatales, militares y policiales de inteligencia que, en gobiernos “democráticos”, al servicio de las patronales, usan el aparato represivo sobre los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos como hacían los gobiernos militares.

Repudiamos la injerencia de los gobiernos patronales de turno a través de su maquinaria estatal y redes de espionaje y exigimos una pronta resolución sobre esta causa y castigo con prisión efectiva para todos sus responsables.