Escribe Adolfo Santos
En medio de una miseria creciente, con millones de desocupados y subocupados y una inflación por las nubes, se acaba de anunciar un ajuste para el salario mínimo que es una vergüenza. En la Comisión Técnica del Salario Mínimo Vital y Móvil los miembros de la CGT y de la CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28% para el ingreso mínimo. Un índice muy distante del 40% de inflación calculada para este año.
Pero como lo que es malo puede quedar peor, los burócratas sindicales pactaron que ese reajuste insuficiente sea pagado en cuotas. En octubre será de 12%, en diciembre, 10%, y en marzo de 2021, 6 por ciento. Un reajuste a la baja. Los actuales 16.875 pesos alcanzarán los 21.600 recién el año próximo. Cínicamente, tanto Yasky como Daer criticaron a Macri durante el encuentro señalando que el dirigente de PRO había bajado el costo laboral porque el salario había perdido con la inflación. Con el gobierno peronista de Alberto Fernández pasa exactamente lo mismo, la diferencia es que ahora lo hace con el apoyo de los dirigentes sindicales.
No es casual que el gobierno haya salido feliz de la reunión, creía que iba a ser trabajosa, ya que las centrales sindicales habían expresado la necesidad de elevar el mínimo al costo de la canasta básica familiar, de 46.000 pesos, lo que implicaba un aumento de más de 200%, pero como otras veces solo se trataba del doble discurso peronista. El 28% se acordó sin ningún trauma. Los empresarios ofrecieron 23%, la CGT de Daer y la CTA de Yasky, sin ninguna consulta a las bases, solicitaron 30% y, en nombre del gobierno, el ministro de Trabajo Claudio Moroni bajó el martillo cerrando en 28%… en tres veces.
Contra el acuerdo social y por la independencia de las direcciones
Este acuerdo del mínimo, que rechazamos, contrario a los intereses de los trabajadores y los jubilados, es parte del acuerdo social entre el gobierno, la burocracia sindical y los sectores patronales. Los convenios salariales por debajo de la inflación que vienen cerrando algunos gremios, incluso con sumas fijas, así como este mínimo miserable que no cubre la canasta básica, son parte del ajuste que le están haciendo pagar a la clase trabajadora. Por eso nos oponemos al pacto social, cuyo objetivo es disciplinar a los trabajadores tras un proyecto patronal peronista que se arrodilla ante el FMI y los usureros de la deuda externa.
Denunciamos esta nueva traición de la burocracia sindical que va a contribuir con el aumento de la miseria. Es inadmisible que en medio de esta situación de emergencia los dirigentes de la CGT y la CTA centren sus actividades en apoyar al gobierno patronal de Alberto Fernández, como hicieron con el acto virtual del 17 de octubre, o aceptando mansamente firmar este acuerdo rebajado sobre el salario mínimo. Con esa política, los burócratas tienen como objetivos mantener sus privilegios para perpetuarse en sus cargos, recibir jugosas partidas de las obras sociales y continuar haciendo negocios con las patronales.
Rechazamos este sindicalismo. Necesitamos construir una alternativa democrática, de lucha y autónoma de la patronal y los gobiernos, como propone el Plenario del Sindicalismo Combativo. El crecimiento de la pobreza, la indigencia, el desempleo, los bajos salarios y las medidas de flexibilización laboral colocan en el orden del día organizar la lucha para impedir que continúen aplicando los planes de ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares. Además, tenemos que debatir cuáles son las medidas para poder elevar el salario mínimo al nivel de la canasta familiar. Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad proponemos romper con el FMI y los usureros de la deuda, suspender los pagos e instrumentar un impuesto a las grandes riquezas para que la crisis la paguen los ricos, no los trabajadores.