Hay una situación desesperante para millones. Crecen la miseria y el hambre. Sigue aumentado el precio de los alimentos, corriendo de atrás a la devaluación y la creciente “brecha” del dólar. Todo es más caro, la leche, el aceite, las frutas, las verduras. Los propios datos oficiales del Indec reconocen un fuerte aumento de 3,8% en la canasta básica. Miremos por donde miremos, la realidad es que a los ya golpeadísimos salarios y jubilaciones les está cayendo un nuevo zarpazo. 

Sumémosle a esto que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en la misma semana en que se anunció el lanzamiento de los tarifazos de gas y electricidad a partir de 2021, admitió muy suelto de cuerpo que en el verano “van a haber muchos cortes de luz”. Increíblemente, se adelanta a echarle la culpa a “la gente que por la pandemia se va a quedar en su casa, y eso aumentará la demanda”. ¡El gobierno le lava la cara a las empresas privatizadas que no invirtieron nada en infraestructura a pesar de seguir recibiendo millonadas en subsidios! Como dijimos siempre desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, la salida no está en los subsidios ni en los tarifazos, sino en reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios, exactamente lo opuesto que han hecho todos los gobiernos desde Menem hasta hoy.

Los 3.750.000 puestos de trabajo perdidos durante la pandemia amenazan con ser muchos más. Un gran número de patronales anuncian despidos y algunas, incluso, cierres. Varias transnacionales ya se fueron dejando un tendal, como es el caso de Latam. Ahora tenemos el anuncio del cierre de Danone, con cinco mil puestos de trabajo en juego, y la multinacional fabricante de celulares Brightstar, con otros quinientos trabajadores que podrían quedarse sin empleo. Todo esto sucede mientras el gobierno peronista del Frente de Todos “deja hacer” a pesar de que existe un DNU que prohíbe los despidos. Medida que, como venimos insistiendo, se tendría que obligar a cumplir expropiando toda fábrica que cierre, despida o suspenda, para ponerla a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

¿Qué hace Alberto Fernández mientras tanto? Trata de seducir a los empresarios, como se volvió a ver esta vez en el Coloquio de IDEA, otorgando, con el conjunto de medidas lanzadas por el ministro de Economía Martín Guzmán, todo un conjunto de beneficios. Hace un par de semanas le tocó a los monopolios agroexportadores y a las megamineras, ahora a los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, a los Galperín (Mercado Libre) de la “economía del conocimiento” e, inclusive, a los propios pulpos especuladores financieros, a los que liberó de una serie de limitaciones para que accedan más fácilmente a dólares y los sigan fugando. Todas medidas, en síntesis, al servicio de las grandes patronales. Tanto, que se ganaron una felicitación especial de la directora general del FMI, Kristalina Georgieva.

La burocracia sindical, por su parte, sigue sosteniendo el ajuste. Ahora, con el finalmente convocado Consejo Económico y Social, los dirigentes de la CGT y las CTA se sentaron con las centrales empresarias y el gobierno. Obviamente, no se mencionó la necesidad de aumentos salariales. No nos debe extrañar, es la repetición de la escena que vimos la semana pasada cuando en el Consejo del Salario Mínimo tanto la CGT como la CTA de Yasky avalaron un “aumento” vergonzoso para el pomposamente llamado “salario mínimo vital y móvil” que ya hace mucho no tiene nada de “vital” ni mucho menos de “móvil”.

El gobierno trata de esconder esta realidad polarizando con el desastroso gobierno de Macri y Juntos por el Cambio o las “marchas de la derecha”. Hay compañeros de trabajo, de estudio o vecinos en los barrios que, frente a esto, siguen manteniendo las expectativas en el gobierno, abonadas por frases de algunos dirigentes que prometen la reactivación “para después de la pandemia”. Pero de promesas no se come. Ya van diez meses de un gobierno que suma medidas a favor de las patronales y ninguna para los trabajadores. Hasta el tantas veces postergado impuesto a la riqueza sigue en veremos. Por eso no nos llaman la atención el malestar creciente, la bronca y la decepción que recorren cada vez más al pueblo trabajador. Incluso a muchos que votaron al Frente de Todos “contra el ajuste de Macri” con la promesa de “llenar los bolsillos”, y que ahora ven que esa realidad está cada día más lejos. Todo eso se reflejó en el poco fervor que se vio en el acto del 17 de octubre en un evento que fue presentado previamente como del peronismo unido y el “gran relanzamiento” del gobierno de Alberto, donde la gran ausente fue Cristina Fernández. Jornada que terminó con denuncias cruzadas sobre quién fue el responsable de que se “cayera” la aplicación del acto virtual. Toda una expresión del desgaste y la crisis política que hoy recorre a la coalición gobernante, y sus distintos componentes, por no dar respuestas a los problemas de los trabajadores.

Mientras tanto, esta semana nuestro país alcanzó el millón de contagiados por coronavirus. El sexto lugar mundial, después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. Siguen sonando las alarmas por el colapso del sistema de salud en montones de lugares, pero cualquiera que recorra las calles ve cómo el gobierno peronista nacional y los provinciales de todos los signos políticos ya hicieron que se abriera todo. Millones de trabajadores van y vienen a sus trabajos o a sus changas con el consiguiente riesgo de que aumenten los contagios.

La pandemia social, por su parte, sigue mostrándonos su llaga más profunda en Guernica. El gobierno, en vez de resolver el problema, tuvo como objetivo el desalojo y acusa a la izquierda de alentar la continuidad de la toma, cuando fueron los propios vecinos quienes lograron, con su organización, movilización y la solidaridad que los rodea, parar en varias ocasiones la orden de desalojo inminente. Ahora se ha abierto una instancia de negociación. Respetaremos lo que decidan los vecinos. Pero, mientras tanto, desde Izquierda Socialista sostenemos que tenemos que seguir impulsando las actividades de solidaridad y apoyo, porque de la fortaleza de la toma depende que se alcance una auténtica solución, con viviendas para todos.

Es un hecho que las patronales y el gobierno, más allá de roces circunstanciales, acuerdan en que el plan fundamental es el que están pactando con el Fondo Monetario Internacional, y que se puede resumir en una frase: hacer que la crisis la pague el pueblo trabajador. Esto es lo que se verá en las próximas semanas con la votación del presupuesto de ajuste para 2021.

Frente a esta realidad, tenemos que decir ¡basta de despidos!, ¡basta de robo salarial!, ¡basta de hambre y miseria! Hay que exigir aumentos salariales de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias. Pero, sobre todo, necesitamos plantear un programa económico alternativo, obrero y popular, para que la crisis la paguen quienes la provocaron y a la vez se siguen beneficiando con ella, los capitalistas. Tenemos que dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner un verdadero impuesto a las grandes riquezas. Terminar con la especulación del dólar nacionalizando la banca y el comercio exterior. Ese es el camino para tener los fondos necesarios para volcarlos a resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, vivienda, salud y educación.