Escribe José Castillo

Allá lejos y hace tiempo es el título de un clásico libro autobiográfico de Guillermo Enrique Hudson. La metáfora literaria vale para tratar de recordar cuándo fue que el gobierno de Alberto Fernández, en los primeros días de la cuarentena, anunció que se implementaría un impuesto a las grandes fortunas. El anuncio surgió como respuesta a la flagrante violación por parte del Grupo Techint del decreto de necesidad y urgencia que había sido dictado en esos días y que prohibía suspensiones y despidos. El conglomerado de Paolo Rocca, haciendo caso omiso de esa disposición, despidió a 1.500 trabajadores.

¿Cómo siguió la historia? El Ministerio de Trabajo terminó avalando esos despidos. Y el “castigo”, vía un impuesto extraordinario a la riqueza, se fue deshilachando con el correr de los meses.

Repasemos. Al principio se dijo que no se iba a implementar de inmediato porque había que “compatibilizar” varios proyectos elaborados por legisladores del Frente de Todos en uno solo.

Luego, la excusa fue que todavía no se habían acordado los mecanismos de funcionamiento virtuales del Congreso y que, por tratarse de un impuesto, no se podía sacar por decreto de necesidad y urgencia.

A posteriori, y con el Congreso ya funcionando, el proyecto no ingresó. Incluso, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio votaron en contra de que se debatiera el único proyecto presentado, elaborado por el Frente de Izquierda Unidad.

Siguieron pasando los meses. Finalmente, vio la luz el tantas veces demorado proyecto oficialista. Se trata de un impuesto mínimo que ni llegaba a hacerle cosquillas a las grandes riquezas de nuestro país. No incluye empresas, solo personas. Y, a la vez, exceptúa a los que tienen domicilio en el exterior. Las alícuotas son exiguas, lo que haría que la recaudación proyectada fuera bajísima. Encima, contiene un montón de excepciones que invitan a la evasión. Y, por si todo eso fuera poco, el destino de lo recaudado no iba a ir con exclusividad a las urgencias sanitarias y sociales generadas por la pandemia, sino que una parte importante volvía a las grandes empresas bajo distintas formas de subsidios.

Pero la historia tampoco termina ahí. Aún ese exiguo proyecto sigue durmiendo en los cajones. Ahora se inventó una nueva excusa, se lo iba a tratar con el presupuesto 2021. Esta semana se fijó la fecha de la reunión en la Cámara de Diputados. Por supuesto, el proyecto de impuesto a la riqueza no figura en el temario.

Se trata del sumun del doble discurso. Desde el Frente de Izquierda Unidad lo dijimos desde el primer día, era y es urgente un impuesto de verdad a las grandes riquezas, que incluya fortunas, personas y ganancias de las más importantes patronales, con alícuotas fuertes que permitan recaudar 15.000 millones de dólares para destinar a la atención de las más urgentes necesidades sanitarias y sociales generadas por el coronavirus. Lo presentamos en el Congreso en abril, seguimos exigiendo su tratamiento.