Escribe José Castillo
Otra vez la noticia vuelve a ser la cotización del dólar. Casi todos los días nos enteramos de un nuevo récord, tanto en el valor del blue (el que venden los “arbolitos” en la calle, o en las cuevas), como en el más sofisticado “contado con liqui” (CCL), usado por los especuladores financieros para comprar y fugar “legalmente”. El pueblo trabajador, cuya inmensa mayoría no tiene la posibilidad de ahorrar un solo dólar, ve todo esto por sus consecuencias en las góndolas, aumenta todo y ya empiezan a faltar productos esenciales como la harina, el aceite o el arroz, que luego “reaparecen” con aumentos siderales. Los salarios y las jubilaciones, ya golpeadísimos, se enfrentan en estas semanas a una nueva pulverización de su poder adquisitivo.
El gobierno en su laberinto
Alberto Fernández durante todos estos meses ajustó a los trabajadores y privilegió a los empresarios y acreedores de la deuda. Lo hizo, a pesar de que sus discursos sostenían lo opuesto. Les pagó 4.500 millones de dólares en efectivo a los usureros acreedores mientras renegociaba la deuda, que se terminó firmando con un arreglo totalmente a favor de estos pulpos. Otorgó innumerables beneficios y privilegios a las patronales, con exenciones impositivas y, sobre todo, con el pago de una parte sustancial de los salarios a través del programa ATP. La excusa era que, de esta forma, se evitarían despidos, que igual se terminaron produciendo.
El discurso del gobierno del Frente de Todos sostenía que “una vez cerrado el acuerdo con los bonistas privados” vendrían las medidas para reactivar la economía. Nada de eso sucedió. Al contrario, ya hay un proyecto de presupuesto, acordado con el FMI, que plantea un “ajustazo” para el año próximo.
Pero eso no fue lo peor. El establishment financiero, los monopolios agroexportadores, las transnacionales del gas y el petróleo, las empresas privatizadas, todos, se han lanzado a una carrera para tratar de obtener nuevos privilegios de parte del gobierno. Que se los da, como hizo la semana pasada con las gasíferas y petroleras. O cuando se adelanta el “descongelamiento” de las tarifas el año próximo. Pero la peor exigencia apunta a una mayor devaluación. El gobierno la está realizando, pero a una velocidad menor de la que pide el establishment. Esa es la pulseada de estas semanas, con un gobierno que ensaya distintas medidas para tratar de evitar que la suba del dólar vaya “demasiado rápido”. Otorga más beneficios a distintos sectores empresarios: baja de retenciones (favorable a agroexportadores y mineras), suba de tasas de interés (para los bancos), liberalización para que los especuladores extranjeros puedan entrar a jugar en el “contado con liqui” y ahora un festival de bonos atados a la evolución del dólar (que significa más endeudamiento) y hasta una subasta de 750 millones de dólares que se les “regalarán” a los fondos Pimco y Templeton, dos de los grandes acreedores de la Argentina.
Sin embargo, hasta ahora no ha logrado garantizar que los pulpos especuladores no sigan haciendo subir el dólar. Por eso el rumor de que el presidente Fernández le habría puesto un plazo de quince días al ministro Guzmán. Mientras tanto apuesta, con este ministro o con otro, a un acuerdo rápido con el FMI, que arribará al país en noviembre para una nueva reunión. Anticipamos, cualquier plan acordado con este organismo va a significar un mayor ajuste contra el pueblo trabajador, como lo muestran todos los firmados en el pasado inmediato, incluyendo el cerrado con Ecuador hace apenas quince días.
¿Cuál es la salida?
Políticos patronales de la oposición dicen que el problema es que no hay un “plan económico” y exigen que se explicite un mayor ajuste bendecido por el FMI. El gobierno de Alberto Fernández dice que sí existe un plan económico y que se encuentra en el proyecto de presupuesto 2021, al mismo tiempo que avanza en el acuerdo con el Fondo. Unos y otros avalaron el pacto con los pulpos acreedores privados, el nuevo ajuste que se viene con el FMI y la continuidad de los pagos de la deuda externa. Con el “plan actual”, o con uno “nuevo”, con estos funcionarios a cargo del Ministerio de Economía y del Banco Central o con otros, todos los políticos patronales, sus economistas y el establishment económico acuerdan en priorizar los pagos a los acreedores, al FMI y los privilegios crecientes a las empresas y los especuladores financieros.
Nuestro planteo es exactamente el opuesto. Es necesario otro plan económico que dé vuelta las prioridades. Que defina que lo primero es resolver, ya mismo, las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, vivienda, salud y educación.
Yendo a lo concreto, implementar un aumento salarial de emergencia para todos, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, estimado por los trabajadores de ATE-Indec en 73.470 pesos. La inmediata reapertura de todas las paritarias sin techo alguno. Aumentar las jubilaciones para que recuperen todo lo perdido e implementar el 82% móvil. Establecer un IFE mensual de 40.000 pesos para todo el que lo necesite. Y poner todos los recursos necesarios para la infraestructura sanitaria destinados a enfrentar la pandemia, incluyendo la incorporación de más trabajadores de la salud y aumentos de salarios de emergencia.
¿De dónde sacar los recursos para hacer todo esto? De la inmediata suspensión de los pagos de deuda externa, incluyendo la ruptura de todos los acuerdos políticos y económicos con el FMI, y de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, tal como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. A esto tenemos que sumarle la única medida efectiva para terminar con la especulación de los pulpos financieros y de los monopolios agroexportadores, la fuga de divisas y la suba del dólar: nacionalizar la banca y el comercio exterior.
Estas son las propuestas básicas de un plan económico obrero y popular, que desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad oponemos al de la continuidad y profundización del ajuste, bendecido por el FMI, que solo nos seguirá hundiendo en más crisis, miseria y desempleo.