Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández sigue hablando de que su prioridad son los más vulnerables y que el centro es reactivar la economía y crear trabajo. Sin embargo, utilizando una vieja frase del propio peronismo, “la única verdad es la realidad”. Llega al país una nueva misión del FMI con el objetivo de terminar de arreglar los números del plan de ajuste que se negocia con el gobierno del Frente de Todos. Para, recordemos, definir cómo pagar la deuda con el organismo contraída por Macri, utilizada en su totalidad para la fuga de capitales y el enriquecimiento de los pulpos del establishment financiero.

El pasado lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció explícitamente los detalles, el acuerdo con el FMI será el denominado “de facilidades extendidas”. Lo traducimos para nuestros lectores: los 49.000 millones de dólares de deuda de la Argentina con el FMI (44.000 de capital y 5.000 de intereses) se pagarán en doce cuotas consecutivas a partir de 2024 y hasta 2030. Serán de aproximadamente 4.000 millones de dólares cada una, por lo que nuestro país deberá abonar 8.000 millones de dólares por año. Un monto descomunal.

Pero lo peor son las exigencias que se deberán cumplir para acceder a ese acuerdo. Para que quede claro las vamos a dividir en dos: el ajuste permanente y las denominadas “reformas estructurales”.

Programa “plurianual” de ajuste

Ya en agosto pasado el gobierno de Alberto Fernández, cuando anunció que se iniciaban las negociaciones con el FMI, monitoreó las planillas del proyecto del presupuesto 2021. El propio ministro Guzmán fue el encargado de decir que el número más importante de dicho presupuesto era la reducción del actual déficit fiscal de 8% del PBI a 4,5% para 2021. Se trata de un ajuste enorme, el más grande desde 2002. Implica reducir 1,6 billones de dólares, un monto equivalente a todo el dinero que este año se destinó a la pandemia.

¿Cómo se va a ejecutar este ajuste? Primero, y principal, con la desaparición de todas esas partidas. No habrá un peso más de IFE, los 10.000 pesos que se otorgaban a nueve millones de familias sin ingresos. Tampoco para el ATP, que si bien siempre lo denunciamos como un subsidio a favor de las grandes empresas, ahora, ante su eliminación, va a ser utilizado por estas mismas patronales como excusa  para lanzar una ola de despidos. También se reducirá el presupuesto destinado al sistema de salud.

Lo segundo será la aplicación de una nueva fórmula jubilatoria a partir del próximo mes de marzo. Las jubilaciones no se reajustarán de acuerdo a la inflación, sino a la evolución de los salarios. Una vez más, perderán los jubilados.

Y, tercero, a partir de enero se comenzarán a descongelar las tarifas de los servicios públicos privatizados. En concreto, vuelven los tarifazos sobre la luz y el gas, que se sumarán a los aumentos en los combustibles y en las tarifas del transporte. 

Pero lo peor de todo es que el ministro Guzmán ya empezó a hablar de un programa plurianual. Esto quiere decir, en concreto, que el FMI exigirá un ajuste mayor aún para 2022, otro más duro para 2023, y así sucesivamente.

Reformas estructurales

Todo acuerdo de facilidades extendidas viene con la exigencia de las denominadas “reformas estructurales”, que son, básicamente, dos: la reforma previsional y la reforma laboral.

La primera va mucho más allá del simple robo a los jubilados con el cambio de la fórmula que hemos explicado. El FMI va por el aumento de la edad jubilatoria y por una reducción general de todas las jubilaciones. En la Argentina esto implica la eliminación de los llamados “regímenes especiales”, los únicos que se acercan, así sea un poco, al 82% móvil. Recordemos que el régimen especial más extendido es el de los docentes. Eliminarlo va a ser el objetivo central del Fondo.

La otra reforma es la laboral. Con la excusa de “reducir el costo laboral”, el FMI apunta a destruir toda la legislación del trabajo y los convenios colectivos. El objetivo es que todos los trabajadores de nuestro país terminen como en Vaca Muerta, o como los chicos de las aplicaciones, al estilo Rappi o Glovo.

El apuro de votar el presupuesto

El presupuesto 2021 tuvo un tratamiento “exprés” en la Cámara de Diputados. Con el voto del Frente de Todos y algunos aliados más el “guiño” de Juntos por el Cambio, que se abstuvo para así garantizar su aprobación, pasó velozmente al Senado, donde se espera una rápida aprobación. ¿Por qué tanto apuro? Muy simple, ese es el documento que requiere el FMI para avanzar en las negociaciones. Ahí está escrito el compromiso del gobierno de Fernández para realizar el mega-ajuste y cumplir con los acreedores internacionales. Está puesto, blanco sobre negro, por poner un solo ejemplo, que para el año próximo se destinará a pagos de deuda cuatro veces más que para vivienda, luego de haber visto el drama de Guernica y el violento desalojo.

En síntesis, no hay salida alguna de la mano del FMI. Una vez más tendremos que salir a luchar contra el plan de ajuste que se tratará de imponer. Y, al mismo tiempo, debemos plantear la necesidad de un plan alternativo, que realmente priorice las necesidades populares, lo que exige la ruptura de todos los pactos políticos y económicos con el Fondo y la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa.