Escribe Federico Wagner
El 27 de noviembre el gobernador Schiaretti y su ministro de Educación, Walter Grahovac, ingresaron en la Legislatura provincial el proyecto de reforma del estatuto docente.
Esta iniciativa busca atacar las condiciones laborales de la docencia. Aspira a liquidar la estabilidad laboral y avanzar en la precarización. Mientras hay un enorme faltante de docentes en las escuelas, el gobierno pone más trabas para que la docencia pueda titularizar cambiando requisitos de títulos habilitantes, recortando el listado con el objetivo de construir una planta docente precarizada, con cargos suplentes e interinos. Esto lo hace luego de avanzar en el vaciamiento de los institutos de formación docente estatales y fomentar los privados. Asimismo, introduce para determinados cargos, que hoy se obtienen por concurso público, el criterio subjetivo de “idoneidad”, con un jurado conformado por el gobierno y la UEPC, ingresando un mecanismo “clientelar” para los nombramientos. Aunque hay un punto del proyecto que titulariza un sector de docentes precarizados (PIT, PROA o coordinadores de curso), el gobierno trata de usarlo como “caramelo” para justificar todo el ajuste.
Este ataque a nuestras condiciones laborales se enmarca en un proceso de ajuste mucho más profundo que incluye el robo a los jubilados, los miles de despidos o los cierres de programas sociales. Y, en el terreno educativo, además del desfinanciamiento y los “ahorros” presupuestarios del gobierno, por no haber dado gratuitamente conectividad o herramientas de trabajo en virtualidad, es parte de la rebaja salarial, como el reciente 9% en cuotas o los miles de docentes que no cobran, excluidos del sistema por la anulación de los actos públicos por pandemia.
Esta medida está al servicio de cumplir con los pagos de la deuda externa provincial (casi en su totalidad en dólares), que seguirá requiriendo de nuevos ajustes. Necesitan liquidar la estabilidad como paso previo para meter nuevos ataques en su permanente intento de destruir la escuela pública y privatizarla.
Desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha venimos denunciando que este proyecto ha sido elaborado entre el gobierno y la burocracia Celeste de Monserrat, de UEPC. Esta burocracia no sólo no se opone, sino que es cómplice directa del proyecto, como lo viene siendo del ajuste salarial y presupuestario. Por eso impulsamos la coordinación de los luchadores docentes y las agrupaciones opositoras con el Plenario de la Oposición, haciendo una campaña en la base docente y organizando actividades para preparar una gran movilización el día que se trate la reforma. Llamamos al conjunto de la docencia a organizarnos para impedir este nuevo atropello junto con el Plenario del Sindicalismo Combativo de Córdoba y demás luchadores en defensa de la escuela pública.
