Escribe José Castillo
El gobierno de Alberto Fernández ha lanzado pomposamente el llamado Plan Gas. Con él se anuncia que nuestro país tendría garantizado por los próximos cuatro años el autoabastecimiento gasífero, quedando a la vez un excedente en verano que se podría exportar y así generar más reservas.
Lo decimos con todas las letras, es un producto viejo en envase nuevo. Otra vuelta de tuerca para garantizar miles de millones de dólares en subsidios a los privilegiados de siempre. Para comprobarlo no basta más que observar a los invitados presentes en el lanzamiento del programa. Allí estaban los empresarios Paolo Rocca (Tecpetrol, Grupo Techint), Alejandro Bulgueroni (Pan American Energy), Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles), Dominique Marion (de la francesa Total Austral), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), junto con los gobernadores de las provincias petroleras y sindicalistas como Guillermo Pereyra, responsable del convenio colectivo ultraflexibilizado de Vaca Muerta.
El Plan Gas consiste en garantizarles a las empresas que participen un precio fijo durante cuatro años (por encima del costo de extracción y del valor internacional), además de una larga de serie de beneficios en materia de exenciones impositivas, acceso a la compra de dólares oficiales sin restricciones y a la posibilidad de enviar sus ganancias al exterior. Se calcula que el Estado estaría subsidiando a las empresas participantes por alrededor de 5.000 millones de dólares, por supuesto con la excusa de que así se generaría un ahorro en dólares a futuro, no habría que importar gas y estaría garantizada la demanda del vital producto durante todo el año. Cosas que, por supuesto, una vez más estarán en veremos.
El Plan Gas es la continuidad de una vieja política. La que viene subsidiando con miles de millones de dólares a los grandes pulpos nacionales e internacionales que saquean nuestro gas y petróleo. Mecanismo que se intensificó y perfeccionó en la última etapa del peronismo kirchnerista cuando, tras la estatización de YPF, se lanzaron todo tipo de “incentivos” en Vaca Muerta para beneficio, primero, de Chevron y luego del resto de las multinacionales que operan en el sector. Siguió con el macrismo, tanto en la etapa de Aranguren al frente de la Secretaría de Energía como en el período posterior. Y ahora, de nuevo con un gobierno peronista, tiene un capítulo más. Con los mismos beneficiarios y con las mismas excusas, garantizar el “autoabastecimiento” de gas y explotar Vaca Muerta.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad nos oponemos al Plan Gas y al saqueo de nuestros recursos. Denunciamos que todo está al servicio de las superganancias de los monopolios locales y extranjeros del sector. Nos oponemos a los métodos de explotación contaminante que destruyen el ambiente en Vaca Muerta. Y contraponemos a todos estos negociados la estatización de todo el sistema gasífero-petrolero y la creación de una gran empresa estatal que, gestionada por sus propios trabajadores, concentre la exploración, extracción, transporte y distribución de este vital recurso, garantizando así el acceso a toda la población y con tarifas populares.
