Escribe Mariela Hebral

La cúpula de la Iglesia Católica históricamente estuvo en contra de todos los derechos más elementales. Nuestro diputado Giordano lo denunció en el recinto: “Combatimos la hipocresía de la Iglesia Católica, el Papa, el Vaticano y sus políticos y voceros tradicionales que predican el aborto clandestino. ¿Qué autoridad tiene la Iglesia para hablar de las dos vidas cuando bendecían la apropiación y el robo de bebés en plena dictadura? Obispos, cardenales, monseñores oscurantistas, muchos de ellos abusadores y pedófilos que viven en el privilegio, donde el Estado les paga sueldos millonarios para militar para la hipocresía”.

El propio Papa Francisco está involucrado de lleno para evitar el aborto legal, hasta con telefonazos desde el Vaticano para torcer votos. El Papa ha dicho y escrito en una carta enviada a sus ex alumnos de la década del 60 en Santa Fe: “¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquiler un sicario para resolver un problema?”. Apunta así contra las mujeres que abortan (por el crimen de “eliminar una vida humana”). En otra oportunidad, el Papa calificó a las mujeres que practican ese derecho como “nazis, pero con guantes blancos”. Una precisión lingüística propia de un fiel representante de una institución reaccionaria, arcaica y medieval impune, cobijada por el capitalismo y todos los gobiernos del mundo.

Las iglesias no solamente se oponen al derecho al aborto. En el 2006, mientras se discutía la sanción de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), hicieron varias manifestaciones en contra. Quiere decir que también se oponen a que se eduque sobre el tema. En aquel momento lograron con la venia del gobierno peronista de Néstor Kirchner, introducir el artículo 5° para que la ESI estuviera de acuerdo al “ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”, con lo cual las iglesias quedaron amparadas para “enseñarles” cualquier cosa a sus estudiantes, como que la homosexualidad es una enfermedad, que las relaciones sexuales solo tienen que tener el fin de la procreación o que no se usen preservativos, entre otras barbaridades.

La Iglesia Católica Argentina es financiada directamente por el Estado. A los obispos se les pagan sueldazos y jubilaciones de privilegio, aunque no trabajen, con dinero que sale del pueblo trabajador, sean creyentes o no, culpa de decretos que vienen de la última dictadura y ningún gobierno posterior eliminó (ni peronista, ni radical). Una institución que goza de subsidios millonarios para sus colegios confesionales (educación privada), es una gran terrateniente, socia de grandes negocios inmobiliarios, propietaria de campos, tierras fiscales y otros valiosos bienes.

La iglesia tiene grandes lazos con los gobiernos, diputados y senadores de todos los partidos tradicionales. Monseñor Oscar Ojea (titular de la Conferencia Episcopal), por ejemplo, tiene excelentes vínculos con el Secretario de Culto, Guillermo Olivieri. Recientemente Ojea acordó impulsar para estos días un encuentro antiabortista con Antonio Rodas, mano derecha del gobernador Jorge Capitanich, confeso anti derecho y ex jefe de Gabinete de la propia Cristina Kirchner cuando fue presidenta. Así podríamos seguir hasta el cansancio. Hasta se vio en una de las primeras marchas callejeras a Mario Poli (Arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina), al obispo auxiliar Enrique Eguía Seguí y al vicario episcopal de las villas de la ciudad, Gustavo Carrara.

Separar ya la Iglesia del Estado, obligar a todos sus zánganos que vayan a laburar y quitarles todos sus privilegios e injerencia en la vida política, educativa, civil y de todo tipo, va íntimamente ligado al reclamo por el derecho al aborto legal.