Escribe José Castillo

Comenzaron las audiencias para dar curso a los tarifazos. Un sector del gobierno quiere retrasarlos hasta después de las elecciones compensando a los dueños de las privatizadas con mayores subsidios. En ambos casos ganan ellos y pierden los trabajadores. La alternativa es la reestatización bajo gestión de trabajadores y usuarios.

El gobierno de Alberto Fernández dio inicio al mecanismo que habilita los nuevos incrementos de las tarifas de los servicios públicos. Comenzó por el gas, pero ya tiene en carpeta aumentos para la electricidad. Todo esto sin contar que algunos otros “precios” que dependen del gobierno vienen subiendo sin parar desde siempre, como las tarifas del transporte o los combustibles. 

En el caso del gas, donde la semana pasada se dieron las audiencias públicas requeridas por la ley como obligación previa a los incrementos, el argumento del gobierno fue clarísimo, “o aumentamos las tarifas en un 30% como mínimo o subimos los subsidios en una proporción de 50.000 millones de pesos”. Nos chantajean con esa disyuntiva. Nótese que en las dos opciones los ganadores son los mismos, los pulpos privados que vienen monopolizando el negocio y haciendo superganancias a costa de los usuarios.

La misma cuestión se plantea con las tarifas eléctricas. El martes próximo se llevará adelante la audiencia pública para habilitar las subas de tarifas de Edenor y Edesur. O, nuevamente, el otorgamiento de mayores subsidios. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aboga por la suba de tarifas de acuerdo a lo que viene negociando con el FMI. Otros funcionarios, como el interventor en el Enargas, Federico Bernal, temeroso de las consecuencias electorales para el gobierno de un eventual tarifazo, buscan que el aumento sea menor y se lo reemplace por más subsidios para las privatizadas. 

Todo esto no es nuevo. Desde que se realizaron las privatizaciones, a comienzos de los años ’90, las empresas nunca perdieron. Hubo épocas que ganaron con tarifas dolarizadas y aumentos astronómicos, como al comienzo con el menemismo y luego en la era macrista. En otras ocasiones las tarifas no subieron tanto, pero los pulpos privados no dejaron de ganar, esta vez a través de suculentos subsidios. En ambos casos mientras brindaban servicios paupérrimos y no cumplían siquiera con las inversiones mínimas requeridas en las propias concesiones. Así, casi treinta años después de las privatizaciones, todavía todo el noreste argentino carece de conexión a la red de gas, lo mismo que montones de pueblos y barrios populares de las grandes ciudades. 

Las audiencias públicas ya realizadas, como se dio tantas otras veces, desnudan la mentira de la “participación popular” en la toma de decisiones. La inmensísima mayoría de los oradores se pronunciaron contra la suba tarifaria y contra el otorgamiento de mayores subsidios. Se cansaron de denunciar, con centenares de ejemplos, los abusos de las empresas. Sin embargo, la conclusión del gobierno peronista es, al igual que sucedía con idénticas situaciones durante el macrismo, hacer oídos sordos y continuar beneficiando a los dueños de las privatizadas.

La salida pasa, entonces, por dejar de engordar los bolsillos de los ganadores de siempre. Hay que rescindir todos los contratos de concesión, reestatizar las empresas públicas privatizadas y ponerlas a funcionar bajo control de sus propios trabajadores y usuarios. Solo así se podrá garantizar un acceso al servicio para todos, con la calidad adecuada y con tarifas populares cuando la situación lo requiera.