Escribe Guido Poletti
El impuesto a la riqueza fue, siempre, un monumento al doble discurso. Desde que el presidente Alberto Fernández lo anunció, en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, durmió en el Congreso por casi diez meses. Cuando finalmente fue aprobado, se veía por todos lados su insuficiencia. La alícuota era ridículamente baja, no afectando en lo más mínimo a los millonarios que debían pagarlo. Sólo gravaba a los particulares, y con domicilio en nuestro país, por lo que las grandes transnacionales, que siguieron haciendo superganancias en medio de la pandemia, no aportaban ni un peso. Y finalmente, su destino no era exclusivamente atender a la pandemia, sino que una parte importante se le terminaba devolviendo a los propios empresarios bajo el eufemismo de “ayuda a las pymes” o el más grosero de “subsidios a la producción de energía” (léase a las transnacionales que saquean nuestro gas y petróleo).
Con el impuesto aprobado en el Congreso, el gobierno del Frente de Todos aspiraba a recaudar 300.000 millones de pesos (2.000 millones de dólares, un tercio de los 6.000 millones que se pagaron en 2020 por vencimientos de deuda externa). Muy lejos de lo que se necesitaba, tal como lo planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, cuando planteamos nuestro propio proyecto, que cobrando un impuesto de verdad con una alícuota del 10% a las grandes fortunas e incluyendo a las grandes empresas y sus superganancias, se proponía recaudar 15.000 millones de dólares.
Pero lo que sucede ahora ya es directamente escandaloso. Según reconoció la propia titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, apenas se ha recaudado el 10% de lo esperado, 30.000 millones de pesos. Sólo unos pocos de los millonarios alcanzados por el impuesto cumplieron y lo pagaron. El resto recurrió a chicanas jurídicas, planteando amparos ante la justicia, cambió su domicilio al exterior, o directamente ni siquiera presentó el formulario respectivo, confiado en que, como ha sucedido otras veces, no tenga ninguna sanción y todo termine en un blanqueo donde se le perdonen las deudas fiscales.
Todo esto ratifica más que nunca lo que venimos diciendo desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad. Hace falta un impuesto a las grandes riquezas de verdad, con alícuotas importantes, que afecten en serio las riquezas de los multimillonarios y que incluya a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Y con sanciones concretas para los que lo evadan, que llegue hasta la expropiación de sus bienes. Porque estamos en medio de la segunda ola del coronavirus, en una situación de crisis inédita, que más que nunca, deben pagarla aquellos que siguieron enriqueciéndose durante la misma. Y ese dinero, el que se recaude con ese impuesto, es fundamental, junto con la suspensión de los pagos de la deuda, para volcarlo a la resolución de las urgentes necesidades de las dos pandemias, la sanitaria y la social.