Escribe Reynaldo Saccone

Las fabulosas ganancias de la industria farmacéutica provienen de los subsidios recibidos de los gobiernos y de la venta anticipada de toda su producción garantizada por convenios leoninos y leyes especiales de protección. Como remate, las patentes consolidan su monopolio de las vacunas. Con las ganancias aseguradas, y protegidas por las patentes, las multinacionales regulan su producción de acuerdo con la ganancia y no en función de las necesidades populares.
Pfizer recibió hace un año un subsidio de 2.500 millones de dólares del gobierno de Trump que, sumado a otros aportes, le permitió financiar el comienzo de la producción y los ensayos clínicos. A mediados del año pasado empezó a firmar los contratos de venta de su producción en los que su posición monopólica y sus personeros en los distintos gobiernos le permitieron obtener condiciones muy favorables. El secretísimo convenio con la Unión Europea, según filtraciones, exime de responsabilidad a Pfizer y Moderna por los efectos secundarios de sus vacunas. Si se produjeran, las indemnizaciones correrán por cuenta de los gobiernos, es decir, las compensaciones por muerte, heridas físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidades, pérdida o daños de una propiedad, pérdidas económicas o interrupciones de la actividad económica (La Vanguardia, 22/4/2021).

En la Argentina, el gobierno peronista, en acuerdo con Juntos por el Cambio, aprobó una ley que incluía todas las exigencias de las multinacionales, con el voto solitario en contra del Frente de Izquierda Unidad. Esa ley acepta, entre otras concesiones, la jurisdicción de los tribunales fijada en el contrato. Por ejemplo, Nueva York o Londres. No obstante estas “agachadas”, los laboratorios objetaron también la ley. Más agresivos, los ejecutivos de Pfizer señalaron el “supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley” y “la limitación de bienes” que el laboratorio podría embargar para cobrar el contrato si el Estado no le pagaba. Dos problemas, afirmaron, “que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad”. Para Pfizer, estas menciones resultaron intragables y se retiraron de las tratativas (La Nación, 5/4/2021).
En ningún momento el gobierno peronista denunció la extorsión de las multinacionales, llevadas al extremo por Pfizer. Hasta un pro imperialista fascistoide como Bolsonaro denunció públicamente que el monopolio farmacéutico pretendía un contrato donde no se hacía responsable por los efectos colaterales. Muy por el contrario, desde el gobierno que pretende ser nacional y popular, la asesora presidencial Cecilia Nicolini declaró que “en ningún momento se cortaron las conversaciones con Pfizer” y hoy asistimos a una reedición en las que se vuelven a barajar opciones que satisfagan al monopolio. Claro que, esta vez, avisan que antes de octubre no podrán entregar vacunas en caso de acordar.
El gobierno nacional está dispuesto a ceder a las exigencias de la industria farmacéutica, en este caso de la multinacional Pfizer, cuando debería terminar con su doble discurso y suspender las patentes de vacunas, como firmó junto a decenas de países frente a la Organización Mundial de Comercio (OMC), e incautar las vacunas de Garín.