Escribe Noe Agüero, delegada docente y legisladora electa Izquierda Socialista/FIT Unidad en Córdoba

Córdoba se transformó en las últimas semanas en la provincia, luego del AMBA, con mayor cantidad de contagios, al punto que este martes batió un récord de 5.132 casos. En mayo se duplicó la tasa de incidencia y el sistema sanitario se encuentra casi en su totalidad colapsado. Las principales clínicas privadas y hospitales públicos están entre el 95 y el 100% de las camas ocupadas. Y se espera para estos días un salto en contagios y muertes. Sólo un 6% está vacunado con las dos dosis y un 21% con una.
Con este panorama, y luego de adherir a las restricciones de la semana pasada, el gobierno peronista de Schiaretti lanzó nuevamente la presencialidad en casi todo el sistema educativo. La misma política criminal que aplican los gobiernos de Cambiemos de Larreta en CABA y Suárez en Mendoza. Mientras más necesaria es la reducción de la circulación, más peligros de contagios y colapso sanitario, estos gobernadores exponen a millones de familias trabajadoras, entre las que estamos la docencia.

En Córdoba, la burocracia de UEPC encabezada por Monserrat, hace “recomendaciones” a las familias, que no envíen los chicos, en lugar de tomar el camino que en CABA impulsó Ademys, los Suteba Multicolores o SUTE en Mendoza, con paros y otras medidas. El domingo, ante el creciente desconcierto y bronca de la docencia y familias, sin realizar ninguna asamblea, UEPC sacó un formulario para que quienes quieran, de forma individual, informe a los directivos que no se presentarán. Grahovac, ministro de educación, anunció que esa nota no tiene ninguna legalidad y que se considerarán faltas injustificadas, con sanciones.

Desde Docentes en Marcha y diferentes sectores de la oposición venimos desarrollando asambleas autoconvocadas, plenarios de coordinación y este lunes realizamos una importante caravana en Córdoba capital y otras localidades. Exigimos al gobierno provincial la suspensión de la presencialidad, vacunación masiva, conectividad y computadoras. Y al gremio, que convoque a asambleas escolares para votar un plan de lucha ya.

Ante la enorme preocupación social, el ministro de salud Cardozo alertó que, de seguir estas cifras, se podría ir a la suspensión de la presencialidad y la vuelta a fase uno. Los gobiernos de Cambiemos y el peronismo cordobés muestran su política criminal. El gobierno de Fernández y Trotta, más allá de declamar una restricción educativa mayor, no toman ninguna resolución, ni invierten en conectividad ni en ayuda social. Y, fundamentalmente, se niegan a resolver la escasez de vacunas, incautando las millones que fabrica Sigman en nuestro país y se van a Estados Unidos. Lejos de cuidar la salud y la vida, priorizan las ganancias de los grandes empresarios.
La burocracia de Ctera debe abandonar su pacto con el gobierno y llamar a un paro nacional por la virtualidad, conectividad, vacunas y salarios.