Escribe Claudio Funes

Lucas, junto a tres amigos, circulaba en automóvil. Regresaban de un entrenamiento en el club Barracas Central. Eran las 9:30 de una linda mañana. A las pocas cuadras fueron interceptados por un auto color blanco, que no tenía identificación policial. De él bajaron tres hombres vestidos con ropas de civil y empuñando armas de fuego. Lucas y sus amigos reaccionaron de forma lógica: creían ser víctimas de un robo, intentaron huir. En ese instante se desató el infierno. Los policías comenzaron a disparar. La mañana se tiñó de sangre.

Lucas quedó herido de gravedad en la cabeza. Los policías de civil lo ignoraron y se llevaron detenidos a sus amigos. Con complicidad de la Justicia a los tres que resultaron ilesos se los trasladó en calidad de detenidos al Instituto Inchausti. Lucas fue derivado al Hospital Penna con custodia policial. En la madrugada del jueves 18 de noviembre fue trasladado al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí se apagó su vida.

¿Loquitos sueltos o institución represora?

El asesinato de un joven a manos de la policía es un hecho recurrente, no es un caso aislado como pretenden hacernos creer. Es la brutalidad reincidente con la que actúa la policía en las barriadas humildes. Su odio hacia la juventud pobre se expresa cotidianamente. El caso de Lucas salió a la luz y generó grandes protestas que lo convirtieron en un hecho político nacional. Esta es la diferencia.

La muerte de Lautaro Rosé en las aguas del Río Paraná (Corrientes), tras una persecución policial, trajo la inevitable comparación con las muertes de Santiago Maldonado en el Río Chubut, la de Facundo Astudillo Castro en el estuario Cola de Ballena, que Berni encubrió, y la de Franco Casco, también en el Río Paraná luego de su detención en una comisaría. Los asesinatos de Lucas Verón, acribillado por la bonaerense el día de su cumpleaños 18, cuando iba en moto con un amigo a comprar gaseosas; el de Blas Correa en la provincia de Córdoba gobernada por Schiaretti, con encubrimiento policial y armas plantadas; el de Luis Espinoza, trabajador rural, asesinado en Tucumán; la masacre de San Miguel del Monte, en la que asesinaron a cuatro jóvenes. Hoy solo nombres en una larga lista.

La prepotencia y brutalidad policial no es privativa de la policía de Rodríguez Larreta, que en cinco años fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil según la Correpi. Se da a escala nacional, en cada provincia. Gobierne quien gobierne, la policía tiene licencia para matar.
“No es cierto lo que dice Berni, están encubriendo a los policías. A nosotros, primero la Policía nos dijo que murió de un infarto por sobredosis y que murió en la vía pública, y después resulta que apareció todo golpeado en un calabozo”, aseguró la ex mujer de Alejandro Nicolás Martínez (35 años), recientemente asesinado en una comisaría de San Clemente del Tuyú. Respondía así a los dichos de Sergio Berni, quién sembraba dudas respecto a los resultados de la autopsia.

Para el fiscal que investiga el asesinato, en la madrugada del 18 de noviembre cuando se llevaron a Nicolás del hotel, los nueve policías detenidos, cuatro mujeres y cinco hombres, “planificaron para dar muerte, asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”. Martínez murió luego de soportar diez minutos de extrema violencia física de parte de sus asesinos.

Como vemos, existe una doctrina compartida por las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país.  Queda probado que las acciones violentas de la policía son parte del carácter represivo de la institución. No hay policía buena y mala, solo hay policía. Es la violencia organizada por parte del Estado capitalista y sus gobiernos patronales, no son loquitos sueltos.

El gobierno y la oposición patronal avalan el gatillo fácil

Estas actuaciones aberrantes por parte de los “agentes del orden” son avaladas y estimuladas por el discurso violento y represivo de los políticos patronales. El “libertario” José Luis Espert pide mano dura y “transformar en queso gruyere” a quien cometa algún delito. El Frente de Todos no es muy distinto, Sergio Berni se jacta de ser responsable de “150 abatidos en enfrentamientos”.

El presidente Alberto Fernández se solidarizó a través de las redes sociales con la familia de Lucas. Algo que suena a falso, dado que Sergio Berni continúa siendo parte del gobierno del Frente de Todos.
Conclusión: Fernández, Kicillof, Berni, Rodriguez Larreta, Espert y Patricia Bullrich se dan la mano para defender el gatillo fácil. Para esto no existe la grieta.

La inseguridad, que afecta primordialmente al pueblo trabajador, no puede ser excusa para reprimir y asesinar a los jóvenes de las barriadas. Hay que atacar sus causas profundas, la pobreza, la marginación social y el desempleo. Al mismo tiempo hay que promover la autoorganización de los vecinos y la elección por voto popular de los comisarios, para terminar con esos nidos de corrupción en que se han transformado las comisarías y las departamentales.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad exigimos justicia para Lucas González. Cárcel a los responsables materiales y que respondan los responsables políticos. ¡Basta de perseguir a los jóvenes! ¡Basta de gatillo fácil!