Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop y miembro de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En lo que va del año se ha intensificado la ofensiva del gobierno, las multinacionales y las grandes patronales para la “vuelta a la normalidad”, con la complicidad de la burocracia sindical. En los hechos significa obligar a los trabajadores a abandonar los protocolos que los protegen del contagio, para volver a los ritmos de trabajo anteriores a la pandemia a costa de la salud. También se achican los fondos estatales destinados a combatir la pandemia. Para que los trabajadores lo acepten, el gobierno peronista intenta crear la ilusión de normalidad. Es por eso que a toda hora la televisión exhibe escenas de aglomeración de personas felices en las playas y lugares de veraneo, recitales y otros espectáculos, imágenes todas ellas sugerentes de que “lo peor ya pasó” y que la variante Ómicron “es una gripecita” en el más puro estilo Bolsonaro.

La realidad es otra. En la Argentina hay siete millones de personas sin vacunar, las cuales tienen seis veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave que incluso las lleve a la muerte. Mientras el número de infectados llega a más de cien mil, los registros de la última semana muestran más de 40% de internados en terapia intensiva y más de cien fallecidos por día, desmintiendo trágicamente las patrañas que intentan instalar tanto el gobierno peronista como la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

Como venimos diciendo, el gobierno del Frente de Todos ha abandonado la lucha contra la pandemia. Está empezando a ejecutar, aunque sin reconocerlo, la descabellada política de considerar al Covid-19 como una enfermedad permanente, una endemia, para así quitarle los fondos necesarios para enfrentarla. Por eso han dejado trabajadores de salud en la calle, como en la ciudad de Buenos Aires, y han eliminado del presupuesto de la provincia de Buenos Aires las partidas destinadas a combatir la pandemia. Junto a esto han modificado los protocolos. Como ejemplo, hay una resolución del ministerio de Trabajo de la Nación que establece que los trabajadores que tienen contacto estrecho con infectados, pero están vacunados y sin síntomas, “pueden” volver al trabajo. Para justificar, la ministra de Salud Vizzotti ha dicho que el “ausentismo de trabajadores esenciales causa grandes problemas”

En realidad, esta última disposición es una de las medidas que, además de perjudicar al trabajador, más ayudan a la transmisión ilimitada del virus. Los guardas de tren en el Ferrocarril Roca que tienen su familia infectada deben concurrir a trabajar por no tener síntomas. Los médicos con antígeno negativo deben trabajar contagiando a sus compañeros hasta que un posterior hisopado confirma su infección. Las empresas pueden ahora exigir la concurrencia y descontarle los días a quien no lo haga. En este mismo sentido van las declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak: “[…] empieza a perder sentido contar los casos diarios […]” lo que implica dar piedra libre a la difusión de la pandemia.

Para justificar las inasistencias tanto el gobierno como la patronal exigen los testeos, pero han optado por cargar en los bolsillos de los usuarios su costo dando un ultimátum: o hacés colas de horas en los hospitales o lo pagás en el privado. El único test diagnóstico certero, la PCR, casi no se hace en los hospitales, pero se ofrece desde 7.000 pesos en la industria privada, suma difícil de pagar para la mayoría de los trabajadores y sectores populares. Todos son tests que podrían ser producidos en el país, en laboratorios estatales, y ser entregados gratuitamente a la población. Si se dejan de contar los casos como sugiere Kreplak y se habilita la provisión privada de tests, se corre el riesgo de perder el control de la vigilancia epidemiológica y anarquizar el seguimiento de la pandemia.

La “vuelta a la normalidad”, tal como la pretende el gobierno del Frente de Todos y las patronales, es a costa de la salud de los trabajadores. Ha sido gestada en reuniones tripartitas entre gobierno, empresarios y burócratas sindicales, como hemos denunciado sobre la realizada el 5 de enero en el ministerio de Economía. Sólo con la lucha y empezar a organizarnos podremos parar esta ofensiva para defender nuestra salud y terminar con la pandemia imponiendo las medidas que desarrollamos en la nota “Las propuestas de Izquierda Socialista”.