Escribe José Castillo

El gobierno del Frente de Todos ha dicho sin ponerse colorado, en la voz del secretario de Comercio Roberto Feletti, que están “perdiendo la pelea contra la inflación”. Una buena pregunta es porqué. La respuesta es simple: porque nunca la iniciaron.

Seamos claros. Los precios suben porque en casi todos los rubros de consumo popular (tanto alimentos como artículos de limpieza y tocador), hay una, dos o a lo sumo tres empresas monopólicas u oligopólicas que fijan precios y buscan garantizar con subas abusivas sus super-ganancias. A esto tenemos que sumarle que muchos de los productos estratégicos que se consumen en nuestro país (como los alimentos) son los mismos que se exportan. Y las patronales del sector tratan de hacer que su ganancia en dólares por exportación se repita en los precios del mercado interno. Los suben cada vez que se incrementa el dólar o crece la cotización internacional de dichos productos.

Ni los precios congelados del último trimestre del año pasado, ni los precios cuidados relanzados este año han servido para nada. No porque no sirvan los controles, como dicen los economistas del establishment. Al contrario, lo que sucede es que esos “controles” fracasan porque nadie controla nada, ni, mucho menos, sanciona a quiénes violan las disposiciones o los acuerdos.

Lo mismo sucede con las cadenas monopólicas que comparten exportaciones y ventas al mercado interno. Y que hacen y deshacen a voluntad.

Hay sectores del gobierno que siguen, mientras tanto, lanzando fuegos artificiales. Rafael Krejzer, director nacional de Políticas Integradoras del ministerio de Desarrollo Social y dirigente de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), planteó la creación de una “empresa alimentaria nacional”. En vez de ir contra las grandes empresas monopólicas y las cadenas de hipermercados, lanzan cortinas de humo que no resuelven ningún problema. A esa empresa no hace falta “crearla”: bastaría con expropiar a los grandes pulpos alimenticios, cosa que no figura ni en los sueños más lejanos del gobierno de Fernández. La “empresa alimentaria nacional” corre el mismo destino que lo que decía en 2020, cuando se hablaba de expropiar a Vicentín para garantizar la “mesa de los argentinos”. Ahí está el resultado: Vicentín sigue vivito y coleando, sin pagar su deuda con el estado y negociando su venta a otros pulpos transnacionales. Y la mesa de los argentinos cada vez es más difícil de llenar.

No hay misterios: para terminar con los abusos de las empresas monopólicas de los productos de la canasta familiar basta con fijar precios máximos de verdad para cada artículo de ese rubro. Y controlarlo sancionando a los infractores, aplicando la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores, ya se trate de empresas productoras o grandes cadenas de hipermercados (el otro canal por donde se abusa subiendo astronómicamente los precios). Y con respecto a los monopolios agroexportadores, terminar con sus maniobras (acaparamiento, subfacturación, negarse a liquidar los dólares y fugarlos al extranjero) requiere de la nacionalización del comercio exterior, creando un ente estatal especializado, como era el IAPI en las décadas del ‘40 y ‘50.

Claro que la lucha contra la inflación no debe esconder otra cosa: la urgente y necesaria recomposición de los salarios, las jubilaciones y los montos de los planes sociales, pulverizados en estos últimos cuatro años. Por eso es necesario un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que la canasta familiar. Y la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin ningún tipo de techo.