Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El impulso a la megaminería en Chubut y a las petroleras off shore en el Mar Argentino fueron un adelanto de lo que viene a profundizar de la mano del pacto de Fernández con el FMI.

El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional viene de la mano de un nuevo intento de poner un techo a los reclamos ambientales. De la mano de las vigilancias trimestrales del organismo, a partir de ahora lo que aparecerá cuando nos propongamos rechazar las iniciativas de saqueo extractivista que impulse el gobierno junto a las multinacionales, va a ser la frase: “si se cae tal proyecto, se cae el acuerdo con el Fondo y caemos en default”. Desde el vamos, en el anexo de políticas económicas adosadas al pacto que el ministro Martín Guzmán defendió en el Congreso, se encontraba la aprobación de las leyes de Hidrocarburos y agronegocio.

Ese documento de plan económico de Guzmán se propone la meta hacia 2030 de ampliar en 25 mil millones de dólares las exportaciones, para pagar los vencimientos que empezarán a apilarse pasado el plazo de los desembolsos que giraría el FMI. Al establecer cómo, Guzmán deja en claro que el camino para hacerlo está centrado en la mega minería, petroleras off shore, avance de la frontera agropecuaria y la extracción de litio. El proyecto enviado al Congreso habla de un “desarrollo productivo verde”, de “adaptación al cambio climático”, y otras frases típicas del doble discurso del Frente de Todos. Pero la única medida nueva anunciada es un “Sistema de Etiquetado Climático”, para evaluar proyectos de inversión productiva. Ahora, ¿quién etiquetaría? ¿El mismo gobierno que considera “ecofriendly” devastar el monte chaqueño para generar biocombustible?

El activismo socio ambiental tiene que tomar en cuenta que cuando pedimos poner un freno a actividades de saqueo, que el gobierno justifica en pos de juntar divisas para el pago de la deuda, tenemos también que rechazar su pago. Caso contrario, estaríamos diciendo “no la paguen con la naturaleza, paguenla con mayor explotación laboral o ajuste a les jubilades”. El reclamo por el no pago es la forma de vincular la lucha ambiental con la social. No como Jóvenes por el Clima y demás organizaciones, quienes justifican las petroleras off shore por su aporte de dólares para un supuesto “desarrollo” que jamás llega.