Escribe José Castillo

Los precios siguen por las nubes, en particular los alimentos. Los salarios y las jubilaciones cada vez alcanzan menos. El gobierno hace declaraciones grandilocuentes, pero deja que la inflación siga subiendo. Porque eso es funcional al ajuste exigido por el FMI.

El secretario de Comercio Roberto Feletti reconoció que, con sus medidas, no se está reduciendo la carestía de precios. “Milagros uno no hace”, fue la increíble respuesta del funcionario de Alberto Fernández que está, casualmente, encargado de garantizar la estabilidad de precios.

Todo esto mientras, a la vez, desde el Frente de Todos ya reconocen que la inflación de marzo (el dato oficial se conocerá el 13 de abril) rondará el 6%. Está redondeando un trimestre con un promedio cercano al 15%. Pero eso no es lo peor: los productos de la canasta familiar, como alimentos y bebidas, productos de higiene, ropa o la canasta escolar, crecieron muy por encima del promedio. Dentro de los alimentos, a su vez, el incremento fue por arriba del promedio en lo que se consume masivamente, como el pan, los fideos, los cortes populares de carne o las frutas y verduras.

¿Cuáles son los “milagros” que no puede hacer Feletti?

El propio gobierno peronista ha reconocido que los aumentos de este mes se deben principalmente a los abusos de un pequeño grupo de empresas monopólicas (Arcor, Molinos, Unilever, La Serenísima, etcétera), de cadenas de hipermercados (Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más) y de los grupos concentrados que especulan con las exportaciones (Bunge, Cargill, Aceitera General Deheza, Glencore, Dreyfuss, frigoríficos ABC). Sin embargo, más allá de su conocida retórica del doble discurso, no hace nada. No se conoce una sola sanción aplicando la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los especuladores.

Alberto Fernández, el ministro Kulfas y el secretario Feletti insisten en medidas que ya se demostró que no sirven: los “precios cuidados”, que nadie controla y que las empresas usan exclusivamente como estrategia de marketing en los grandes supermercados, haciéndolos desaparecer cuando no les conviene. Luego los reemplazan por productos similares a precios superiores (o con cantidades inferiores en los potes de presentación). O las “canastas de productos”, como la de la carne, que también es difícil de encontrar y cuando están contienen los peores trozos (viejos o puro hueso y grasa).

El gobierno sabe de la especulación con la harina, principal causante de la suba del precio del pan, las facturas o los fideos. Pero no hace nada contra los monopolios especuladores. El ínfimo incremento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja no modifica nada. Pero Alberto Fernández se niega a tocar así sea mínimamente cualquier otro interés de los monopolios exportadores.

Por si todo esto fuera poco, están los precios “regulados”, o sea aquellos que suben por expresa autorización del gobierno nacional. Tal es el caso de las prepagas o las cuotas de los colegios privados. Ni que hablar de los combustibles, que se incrementan por decisión de YPF, o el tarifazo de la luz y el gas que, luego de aumentar un 20%, va camino a repetirse porque así lo exige el FMI.

Después de este racconto cabe una pregunta: ¿el gobierno no hace nada porque “no puede”? Obviamente que si quiere privilegiar la continuidad de las ganancias de las patronales, no va a lograr bajar la inflación. Pero, yendo más a fondo: ¿quiere hacerlo?

Vamos entonces a lo que el propio gobierno de Alberto Fernández no dice: la inflación es funcional al ajuste que exige el FMI. Con esta inflación creciente se van licuando cada día más los salarios, las jubilaciones, las partidas sociales e incluso los gastos en salud y educación. ¡Justamente lo que quiere el FMI para cumplir las metas de reducir el déficit fiscal!

No nos confundamos. La verdadera pelea contra la carestía empieza por defender el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, con reales aumentos de emergencia que permitan que todos alcancen, respectivamente, el valor de la canasta familiar (calculada por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos) y de la canasta de la tercera edad (97.238 pesos). Y sigue por implementar precios máximos a todos los productos de la canasta familiar, con fuertes e inmediatas sanciones a quiénes lo violen. A esto hay que sumarle la eliminación del IVA a los bienes de dicha canasta. Y la nacionalización del comercio exterior y la banca para terminar con la especulación y la bicicleta financiera.
Ahí están las auténticas medidas para defender el bolsillo del trabajador. Son las que planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.